El departamento del Cauca, junto con Nariño, siguen siendo los principales bastiones del petrismo en el país; basta recordar que, hace cuatro años, la diferencia de Petro con el extinto candidato Rodolfo Hernández superó los 800 mil votos en los dos departamentos, equiparando casi el resultado de Antioquia, donde las tradicionales fuerzas políticas superaron ampliamente al progresismo petrista.
¿Qué es lo que hace tan fuerte estos apoyos en departamentos como el Cauca? No se puede desconocer la vocación de movilización y la conformación de cualquier cantidad de organizaciones sociales, muchas de ellas de origen étnico, que centran su lucha en búsqueda de identidad, tierra, educación y salud propia; nada fácil de satisfacer, pero con un común denominador: altos niveles de pobreza, de violación de derechos humanos y de presencia de grupos armados en sus territorios; un permanente anhelo de paz y una amenaza gigantesca de las economías ilegales.
Desde hace varias décadas, líderes de izquierda han acompañado a estas organizaciones, pero la forma en que Gustavo Petro entró al Cauca fue generando vínculos muy fuertes con varias de ellas, apoyando sus protestas que, por lo general, terminaron con disturbios y largos bloqueos sobre la vía Panamericana, y apoyando como presidente de la República a algunas e instrumentalizando a la gran mayoría; de ahí que no haya sido fortuita la escogencia de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial. Pero miremos su relación con tres grandes grupos y también con la Gobernación del Cauca.
El apoyo decidido del Cric a la campaña de Iván Cepeda no es para menos: han sido los principales socios del progresismo petrista en el Cauca. El apoyo económico a esta organización, en este período, rompe récord frente a cualquier otro gobierno; suscribieron el decreto ley Atea, que formaliza su autonomía en la gestión ambiental; obtuvieron —después de múltiples violaciones a la propiedad privada durante muchos gobiernos— haciendas de histórica producción cañera en el norte del departamento para sus comunidades; fueron partícipes del gobierno en distintos espacios, como en la Unidad de Restitución de Tierras o el Ministerio de la Igualdad, entre otros.
Además, el sello de esa sociedad fue la designación de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial. Como dicen algunos, “si quiere más, ¡que le piquen caña!”. Pero ¡desde luego que sí quieren más! Los ojos están puestos en tener hegemonía sobre el departamento.
También hay que tener presente el Proceso de Unidad Del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), con un fuerte liderazgo en el departamento, promotor de diálogos en el marco de la paz total y alta vocería de las comunidades del cañón del Micay. Han logrado importantes proyectos de inversión para el territorio, más allá de que estén en estructuración o en procesos de licitación. La pavimentación a El Plateado y la apertura de un carreteable hacia el litoral Pacífico caucano hacen parte de sus logros en este periodo; además de tener representación en el alto gobierno, como el viceministerio de Agricultura y distintas posiciones en varias entidades.
Un tercer grupo son las organizaciones afro, particularmente las representadas en PCN y ACONC, que igualmente consiguieron para algunas de sus comunidades tener cabida en las haciendas adquiridas por el Gobierno, así como una fuerte presencia en este cuando Francia Márquez fue ministra y luego reemplazada por Carlos Rosero, quien tuvo un fugaz paso al frente de esta cartera.
Las fuerzas que sostienen políticamente a la Gobernación desde el periodo anterior también decidieron ser parte del proyecto progresista en el Cauca. En estas últimas elecciones ayudaron a elegir al Congreso una representación proveniente del cañón del Micay y también obtuvieron la dirigencia del Partido Liberal en el departamento, quien su electo representante refrendó tal decisión en una reciente foto junto al saliente presidente Petro. Para las demás organizaciones, sus logros se han centrado en un activismo permanente, con distintos seminarios, foros, reuniones y presencia de funcionarios del Gobierno acompañando los planes de vida de las comunidades, pero distantes de lo conseguido por Cric, PUPSOC, PCN y ACONC.
Y, desde luego, siempre nos dará complacencia que se invierta y apoye a las comunidades en el Cauca, pero también hay que decirlo: el departamento está sumido en cultivos de coca, de marihuana y de minería ilegal que consume nuestros ríos; el control territorial y el control social en buena parte del territorio es por los grupos armados ilegales, los mismos que se fortalecieron en el marco de la paz total, llevando a un deterioro sin precedentes los niveles de convivencia y permanente violación de derechos. Ni siquiera la vía Panamericana tiene las garantías para la libre movilidad: los asesinatos, secuestros exprés y atracos permanentes son uno de nuestros mayores temores. Son varias las empresas que han cerrado y otras en insolvencia; la propiedad privada en entredicho y las extorsiones ahogando al débil aparato productivo.
Las distintas fuerzas políticas que hemos hecho vocería a quienes están por fuera del abrigo de un gobierno serio y quienes no fuimos capaces de unirnos para las elecciones de Congreso, estamos en la obligación de aunar esfuerzos para con fuerza decir: las mayorías del Cauca vivimos sin las garantías de un Estado de derecho. En particular, nuestro grupo apoya a Paloma y Oviedo, como muchos de los caucanos, pero —sin duda— Fajardo, Abelardo, Claudia y demás candidatos que generan simpatías en el departamento, deberán ser garantes del contrapeso político al continuismo.