Las cuestiones monetarias, cuando se las debate con rigurosa información estadística y complejos modelos económicos, son difíciles de comprender por quienes carezcan de formación técnica; no obstante, es útil destacar algunos aspectos elementales que han sido ignorados en los agresivos debates abiertos por el gobierno nacional.
La moneda en circulación es un bien de uso público que a todos pertenece, al igual que las calles, los puentes y el alumbrado público. O con mayor rigor, que a todos debe pertenecer para conjurar la tentación secular de los gobernantes de usarla en su propio beneficio, bien fuere deteriorando la aleación de las monedas metálicas en tiempos pretéritos, ya en estos utilizándola como recurso para financiar el gasto público.
Esta es la razón por la cual los bancos centrales deben ser independientes del gobierno; si así no fuere, este podría acudir al banco de emisión para que, por la vía de créditos que se pagan con otros de mayor tamaño, financie sus programas de gasto en vez de hacerlo con impuestos. En casos extremos, llega el momento en que la moneda pierde su valor para el intercambio de bienes y servicios, y la población rechaza la envilecida moneda nacional. La hiperinflación es la causa de la dolarización, que es el fenómeno que ha sucedido en Venezuela, Cuba, Argentina y Ecuador en años recientes. Los gobiernos populistas, que son enemigos del imperio estadounidense, son los más eficientes promotores de su moneda. ¡Vaya paradoja!
No existe una razón objetiva y de validez universal que permita concluir que los directores del banco de emisión sean mejores servidores públicos que los presidentes y ministros de hacienda. Sin embargo, suele suceder, como consecuencia de un fenómeno de orden político, que ciertos gobernantes, ávidos de resultados inmediatos y apremiados por el calendario electoral, pretendan que la economía y el empleo crezcan con celeridad en el corto plazo. Los banqueros centrales, cuando en realidad son autónomos (porque gozan de periodos fijos, no pueden ser removidos por el gobierno y el catálogo de sus funciones está bien definido), toman decisiones en función de la sostenibilidad del crecimiento y el empleo en un horizonte más largo.
Esto quiere decir que, con relación a esas variables fundamentales, pueden presentarse conflictos intertemporales. Nada más sencillo que obtener resultados positivos de inmediato, como lo viene haciendo el gobierno, mediante el aumento excesivo de los salarios y un gasto estatal desbordado financiado con deuda. Los efectos adversos sucederán después, de ordinario cuando el gobierno que las prohíja haya finalizado su mandato. Es lo que sucede en este momento.
En sus días de gloria, Chávez decía que “el banco central no puede ser autónomo, pero todavía falta cambiar la constitución porque ahí quedó sembrado ese principio neoliberal”. En realidad, no fue ese el camino que recorrió. Optó por desmantelarlo desde adentro. El resultado está a la vista: llevó a un país que fue próspero a niveles de pobreza e inflación abrumadores, a la contracción de la economía y al éxodo de millones de venezolanos.
La receta es simple. Comienza por tomarse el banco central, paso previo para bajar los tipos de interés en una coyuntura inflacionaria, usar recursos monetarios para financiar al gobierno, en especial en periodos electorales, forzarlo a transferirle una porción de las reservas internacionales y establecer tipos de cambio múltiples para favorecer a la “economía popular”, cualquier cosa que eso signifique.
Nuestro presidente ha dicho hace poco que “el paradigma económico neoliberal, que busca ver la inflación como producto de la demanda monetaria, lleva… a empobrecer los pueblos”. Una postura idéntica a la de Chávez.
Y a la de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía: “Los intereses altos causan inflación”, dijo de manera lapidaria. Fiel a esta doctrina, entre 2021 y 2023 el banco de emisión redujo las tasas de interés hasta volverlas negativas; el resultado fue que el crédito resultara gratuito, lo que es semejante a arrojar dinero desde el aire. No importa quién lo recoja; de todos modos hará crecer el bienestar social vía el incremento de la demanda por bienes y servicios. Solo que esa bonanza es “flor de un día”.
A nadie puede sorprender que la inflación llegara, poco después, al 75 % anual. El caso es interesante porque, ante el colapso económico resultante, ese mismo gobernante tuvo que retornar a la ortodoxia monetaria en 2024. Petro no tendrá tiempo para corregir. Cosecha los beneficios políticos en la coyuntura electoral y transfiere el problema al gobierno siguiente.
Para justificar la ruptura de relaciones con el Banco de la República anunciado por Petro, el ministro de Hacienda liberó un comunicado en el que sin ambages califica a los directores del Banco que no se pliegan al gobierno como irresponsables. Ese lenguaje insultante, tan típico del actual gobierno, nunca había sido utilizado por sus antecesores.
Al agravio se suma una falacia: que el incremento de las tasas es una estrategia deliberada para favorecer a los inversionistas en títulos gubernamentales y, en última instancia, a los bancos. Cuando las tasas de referencia suben, aumenta la rentabilidad para quienes compran títulos del Estado en el mercado primario, y la reduce para aquellos que quieren liquidarlos en el mercado secundario. O sea que unos ganan y otros pierden. Esta realidad se soslaya en el comunicado porque destruye el argumento ministerial.
No es verdad, de otro lado, que los bancos necesariamente ganan más cuando suben las tasas de interés. En ese escenario, el costo de los recursos captados de depositantes y ahorradores igualmente se incrementa, aumentan los riesgos crediticios y la dinámica de la actividad financiera disminuye.
Supongamos, sin embargo, que el ministro Ávila tiene razón. En tal caso, y suponiendo que los directores del Emisor son unos meros agentes encubiertos de los pérfidos banqueros, ¿cómo explicar sus motivaciones recónditas cuando deciden reducir las tasas de referencia, lo cual abarata para las entidades financieras el costo de fondos? La lógica del ministro —por así llamarla— implica afirmar que esos funcionarios le ayudan a los bancos cuando suben las tasas de interés… e igualmente cuando las reducen.
Cierro con esta consideración. Intentar bloquear al Banco de la República, un órgano constitucional independiente, es equivalente a mandar piquetes armados o turbas intimidantes (como lo ha hecho el petrismo) para que impidan el acceso de parlamentarios y magistrados a los recintos donde ejercen sus funciones. Estos son todos conatos de golpe de Estado. “Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe”, dice el refrán. Estamos avisados.
Briznas poéticas. Horacio Benavides ayuda a vivir esta época sombría. “Si no te hubiera encontrado / ni noticias hubiera tenido de ti / si ni siquiera hubieras existido / aun así mi deseo / dando palos de ciego en la noche / te hubiera buscado / y una honda nostalgia / caería sobre mí”.