Saquemos cuentas: ¿cuánto dinero ha puesto el Gobierno en la campaña de Iván Cepeda y qué impacto real tiene ese respaldo sobre el electorado? Las cifras públicas y las declaraciones de actores políticos permiten trazar una radiografía inquietante sobre la intervención del Estado en la contienda electoral y sus efectos sobre la democracia.
Empecemos por lo más elemental: el gasto de funcionamiento. Según el desgraciadamente difunto excandidato Miguel Uribe, los contratos por prestación de servicios pasaron de 45.000 en 2021 a cerca de 75.000 en 2024 durante la administración Petro, con una inversión aproximada de 80 billones de pesos. Si redondeamos y distribuimos ese monto entre la población votante, la cifra resulta llamativa: alrededor de 1,6 millones por colombiano y unos 4 millones por votante, según el cálculo esgrimido por quienes denuncian un uso clientelar de la contratación pública. No es un detalle menor: la expansión de la contratación temporal y la proliferación de contratos por prestación de servicios configuran una red de dependencias laborales que, en periodos electorales, se traduce fácilmente en capital político.
A esto hay que añadir la contratación masiva que antecedió la entrada en vigor de la ley de garantías. La Agencia Nacional de Contratación Pública registró que en enero de 2026 el sector público suscribió cerca de 544.000 contratos por un valor cercano a 37 billones de pesos. Incluso asumiendo una hipótesis conservadora —que solo el 20 % de ese monto terminó en manos de electores afines al Gobierno—, el efecto acumulado elevaría el dinero “destinado” en aproximadamente 1,8 millones, sumando ya 5,6 millones por votante cuando se agrega al rubro anterior. Es decir: transferencias de recursos públicos que, aun sin violar explícitamente normas, generan un sesgo tangible en la competición electoral.
Tampoco podemos obviar el impacto de la política salarial. El aumento del salario mínimo, que incrementó el ingreso de los trabajadores en alrededor de 325.000 pesos mensuales, se traduce en un ahorro o ingreso adicional significativo cuando se acumula en los meses previos a la segunda vuelta. Calculado para un periodo de cinco meses, ese incremento equivale a unos 1,6 millones de pesos por votante. Sumadas las cifras anteriores, llegamos a una estimación aproximada —con margen de error— de 7,2 millones de pesos por votante que, directa o indirectamente, podrían asociarse a medidas del Gobierno que facilitan su anclaje electoral.
Estas sumas, por sí solas, no prueban delito ni ofrecen una relación unívoca entre gasto público y voto; sin embargo, dibujan un escenario donde las decisiones administrativas y fiscales actúan como factores de poder electoral. La pregunta clave es institucional: ¿dónde están los contrapesos para evitar que el aparato del Estado influya de manera sesgada en la competencia política? Si la Procuraduría, la Contraloría y otros órganos de control no actúan con celeridad y contundencia, las reglas del juego quedarán sosteniendo una democracia de apariencia limpia, pero con ventaja estructural para el incumbente.
Argumentar que, sin estos apoyos extraordinarios, la candidatura de Cepeda no alcanzaría el 39 % de intención de voto no es una afirmación científicamente irrefutable, pero sí es una hipótesis plausible a la luz de los antecedentes electorales y del comportamiento clientelar observado. No estamos hablando únicamente de “mercadeo” o de propaganda; hablamos de decisiones presupuestales, contrataciones y políticas sociales que, bien o mal justificadas, se traducen en recursos tangibles que modifican la correlación de fuerzas.
El fenómeno es coherente con una administración que busca marcar su legado fiscal y social, aun a costa de ampliar su margen de maniobra con la política tributaria: nuevas reformas, emergencias económicas y narrativas que terminan por cargar el peso fiscal sobre ciertos sectores, mientras se consolidan apoyos internos. Si las irregularidades en la financiación de campaña terminan siendo sancionadas, las resoluciones llegarán con retraso: después del mandato, cuando el efecto político ya se habrá consumado.
En suma, lo que revelan estas cifras no es solo una contabilidad monetaria: es una advertencia democrática. Cuando el Estado se convierte en instrumento activo para inclinar la competencia, la legitimidad del resultado queda en entredicho. Y, más allá de juicios de intención, corresponde a las instituciones de control y a la sociedad civil garantizar que la contienda se juegue con árbitros imparciales y reglas claras. De lo contrario, la política corre el riesgo de transformarse en la prolongación de la administración pública por otros medios.