La situación de la Nueva EPS es el perfecto ejemplo de la irresponsabilidad del Gobierno frente a la salud de los colombianos. Una entidad que completa tres años en una tremenda crisis y sin presentar estados financieros. Ahora atraviesa un limbo jurídico con una intervención expirada, con un superintendente que no puede tomar decisiones frente a sus propios conflictos de interés —por compartir la responsabilidad de la debacle— y un interventor ad hoc que está en el peor de los mundos, sin aún tomar decisiones ante tamaña opacidad en la información sobre la entidad.
El problema son más de 11 millones de colombianos que no tienen acceso a los servicios, ante un número considerable de instituciones hospitalarias que han tenido que suspenderlos por la falta de pago por parte de la entidad y, también, por los problemas estructurales que tiene para entregar medicamentos a los pacientes.
¿Cuántos afiliados han muerto o sufrido deterioro permanente de su salud? Nadie lo sabe, pero en las familias colombianas se siente profundamente el drama de personas que no han debido fallecer. Más de 500.000 quejas y reclamos en 2025 y más de 150.000 tutelas sin responder son indicadores indirectos pero contundentes de la estela de morbilidad y mortalidad que han dejado las acciones del Gobierno.
La única ‘ganancia’ son las nefastas lecciones que quedan para la historia. La primera, un sector salud sujeto a los arbitrios de funcionarios públicos ideologizados y con poder para regular e intervenir es causa principal del desastre. El dominio que tuvo la presidencia para subyugar a las cajas de compensación y asumir —a la brava— el control de la entidad hace pensar enfatiza la necesidad de blindar las decisiones técnicas de las agendas políticas en el manejo del aseguramiento.
La continuidad de cajas de compensación en el manejo de la prestación de servicios de salud, ante el evidente conflicto entre los riesgos de la gestión de la salud con los propios del manejo del subsidio familiar, que las expone en condición de debilidad estructural versus la autoridad y abuso de poder de los gobiernos.
La segunda lección es para los organismos de control. Los continuos cambios de interventores —cuya duración apenas llega en promedio a los cuatro meses— diluye gran parte de la responsabilidad sobre las decisiones que condujeron a la debacle. Haya sido accidental o intencional, el resultado es que para la Fiscalía General, la Contraloría General y la Procuraduría es muy difícil establecer responsabilidades frente a interventores que argumentan responder solamente sobre su corto periodo.
El daño es tan inmenso para la salud de los colombianos que no puede quedar en la impunidad. Deberán ser los propios superintendentes que seleccionaron a los fallidos interventores quienes deban responder a todos los colombianos. Serán procesos complejos para determinar responsabilidades penales, fiscales y administrativas; pero los organismos de control tienen la obligación de dar garantías y respuestas a los colombianos.
La tercera lección es que los gobiernos pueden tener muchas dificultades para deslindar sus visiones ideológicas de las decisiones pragmáticas y técnicas que requiere la regulación y el manejo de la salud. Esto, mucho más, en el contexto de un sistema de seguridad social basada en el aseguramiento.
Terminó el periodo de gobierno y hasta el propio presidente demostró que no saben distinguir entre un modelo de intermediación financiera —que no han podido extraer de sus mentes después de años de propaganda desde el ejercicio de la oposición— con las necesidades y limitaciones de un modelo de aseguramiento social en salud. El mal cálculo de una Unidad de Pago por Capitación (UPC) no se resuelve con entregar a tiempo los recursos a las EPS: Si los montos no alcanzan, simplemente la cadena de servicios no funcionará y los tratamientos quedarán incompletos.
Finalmente, la última gran lección es la que proviene del aseguramiento. El sistema de salud colombiano estaba sustentado en la prevención de la enfermedad, pero, sobre todo, en prevenir el agravamiento del estado de salud de los enfermos crónicos a través del seguimiento continuo, control y provisión cumplida en la entrega de servicios y medicamentos. El centro es el paciente y todos los recursos deben funcionar bajo la premisa y prioridad de evitar que las cohortes —o programas de seguimiento de pacientes— funcionaran de manera eficiente. Esto redundaba en mantenimiento de la salud y la reducción de los costos en la atención de los enfermos. Todo fue destruido por el Gobierno, tanto en el sistema general como el régimen especial de los maestros, generando el desbordamiento incontrolado del gasto en salud.
Ante el financiamiento deficitario, el gasto desbordado en salud ha desembocado en una situación incontrolable. Las decisiones administrativas del ministerio de Salud y la SuperSalud han agravado el problema, expidiendo actos administrativos que las cortes y el Consejo de Estado terminan tumbando por lo incoherentes y lesivos frente a la gravedad de la situación.
Los candidatos a la Presidencia de la República deben focalizar la situación de la Nueva EPS entre sus principales prioridades. Pero realmente es el candidato del progresismo —que debe dejar en claro a los colombianos si respalda las decisiones tomadas— quien deberá exponer qué plan tiene para salir de semejante embrollo y restituir la salud a los colombianos.