Jorge Enrique Vélez

OPINIÓN

Jorge Enrique Vélez

Cien días de una oposición sin alma ni legitimidad

Al final del día no se trata de salvarle el pellejo a un presidente, sino de impedir que un descalabro en las cuentas termine hipotecando el futuro de Colombia.
18 de noviembre de 2026 a las 11:33 a. m.

En Colombia estamos acostumbrados a poner bajo la lupa los primeros cien días de un presidente. Hoy la invitación es a mirar hacia el otro lado y examinar a quienes dejaron el poder, pero ahora pretenden actuar como los grandes fiscales de la democracia. Petro, Cepeda y el Pacto Histórico tienen todo el derecho a hacer oposición, aunque también cargan con el deber de rendir cuentas por los cuatro años que gobernaron. Tener los votos en las urnas es una cosa y tener la solvencia moral o política para señalar a los demás es otra muy distinta.

Basta con revisar lo que pasó con la paz total. Petro y Cepeda impulsaron diálogos con el ELN, las disidencias y varias bandas criminales bajo la promesa de traer tranquilidad al país, pero lo cierto es que muchos de esos grupos terminaron más fuertes que antes. Mientras desde el gobierno se hablaba de reconciliación, en las regiones la gente seguía atrapada entre las extorsiones, el desplazamiento y el narcotráfico. Ahora critican la estrategia de seguridad de la nueva administración, cuando todavía no han podido explicar qué ganó realmente Colombia con esas mesas de diálogo ni quién va a responder por el deterioro en los territorios.

A esto se suman las dudas por las reuniones en Valledupar con exjefes paramilitares y las denuncias sobre posibles presiones electorales en zonas controladas por actores armados. Son asuntos delicados que exigen investigaciones serias e independientes. Que los números de las votaciones llamen la atención no prueba por sí solo un delito, claro está, pero tampoco se puede pasar la página sin confirmar si hubo amenazas que afectaron la libertad de la gente para votar.

A esto hay que sumarle el escándalo en la Dirección Nacional de Inteligencia. Las denuncias por supuestos seguimientos a expresidentes, periodistas y líderes políticos, junto con las alertas de una posible interferencia electoral, piden a gritos explicaciones claras. Si llega a comprobarse que los organismos del Estado se usaron para perseguir a contradictores, estaríamos ante un golpe muy grave contra la democracia. El país ya vivió en carne propia los excesos del DAS y no puede darse el lujo de repetir esa historia.

Con todo, hay un frente todavía más apremiante y es el de las finanzas públicas. La administración de Abelardo de la Espriella heredó un desajuste fiscal enorme que obliga a tomar medidas de fondo. El vicepresidente José Manuel Restrepo ya advirtió sobre el riesgo de que el Estado no alcance a cumplir con sus compromisos financieros. Esto no quiere decir que Colombia haya caído en cesación de pagos, pero el desorden en las cuentas sí pone en jaque la inversión, el empleo, el acceso al crédito y el sostenimiento de los programas sociales.

En medio de ese panorama cobra tanta fuerza el debate alrededor de la Ley de Rescate Económico. La propuesta oficial plantea un apretón cercano a los 45 billones de pesos, combinando recortes en el gasto con algunos cambios en materia tributaria. La iniciativa busca además bajar de forma gradual el impuesto de renta para las empresas y activar esquemas de devolución del IVA. Son medidas que el país necesita revisar con lupa para cuidar la inversión y los puestos de trabajo, sin dejar desprotegidos a los hogares de menores recursos.

Mientras los gremios económicos aceptan que urge tapar el hueco fiscal y acercan propuestas para pulir el proyecto, varios sectores políticos se suman a la discusión. No todos están de acuerdo con la receta del Gobierno, pero entienden que lo delicado del momento obliga a buscar salidas. Al final del día no se trata de salvarle el pellejo a un presidente, sino de impedir que un descalabro en las cuentas termine hipotecando el futuro de Colombia.

Justo en ese punto es donde la oposición carga con una responsabilidad mayor. El Pacto Histórico critica la Ley de Rescate y apoya las marchas contra sus medidas tributarias, algo para lo que tiene todo el derecho. Lo que no puede hacer es quedarse solo en la protesta, pues también debe explicarle al país cómo taparía el déficit, de dónde recortaría gastos y con qué plata cumpliría las obligaciones del Estado.

Resulta muy cuestionable en política que quienes estuvieron detrás de las decisiones presupuestales del gobierno pasado quieran echarle toda la culpa de la crisis actual a la nueva administración. Las cuentas claras se hacen con cifras sobre la mesa y ningún gobierno puede lavarse las manos frente a las consecuencias de lo que hizo.

Al cumplirse estos cien días, el contraste deja mucho para pensar. El Gobierno tiene la tarea de demostrar que su ajuste funciona en la práctica y no golpea a los más vulnerables. Los gremios y el Congreso tienen la oportunidad de aportar ideas para mejorar el proyecto, mientras la oposición debe decidir si se va a quedar en el rechazo fácil o si va a poner sobre la mesa alternativas serias para salir de la crisis.

Petro y Cepeda están en libertad de cuestionar cada paso del nuevo presidente, pero no pueden pedirle al país que se olvide de los resultados que dejaron las políticas que ellos mismos defendieron.

Sería el colmo que quienes ayudaron a agravar el hueco en las finanzas públicas terminaran echándoles toda la culpa de sus consecuencias a quienes hoy intentan enderezar el barco.

La memoria de Colombia no empieza el día en que alguien pierde el poder y la responsabilidad política tampoco se acaba cuando se entrega la Presidencia.