No hay la menor duda: Colombia está entre los países más desiguales del mundo. Aunque la izquierda ha hecho de esa realidad una bandera política y ha buscado convertirla en votos, la labor ante la desigualdad debería ser motivo de vergüenza tanto de la izquierda como la derecha.
La responsabilidad no es exclusiva de ningún sector. La izquierda, que suele presentarse como abanderada de la lucha contra la desigualdad, apenas logró reducirla durante el gobierno de Gustavo Petro. El coeficiente de Gini se ubicó en 0,531 en 2026, uno de los más altos del mundo, pese a que el Gobierno habría gastado un 35 % más de lo aprobado en el presupuesto y aumentado el salario mínimo en un 23 %.
El origen de fondo de esta desigualdad es que en Colombia conviven dos realidades económicas muy distintas. La primera es la Colombia formal: la que paga impuestos y prestaciones sociales a sus trabajadores, pero en la que está empleado menos de la mitad de la fuerza laboral. En 2025, sus trabajadores recibieron, en promedio, COP 2.300.000, además de prestaciones como salud y pensión.
La segunda es la Colombia informal, donde se encuentra la mayoría de los trabajadores. Allí, el ingreso promedio es inferior a COP 1.200.000 y no hay acceso garantizado a prestaciones sociales. El 80 % de estos trabajadores gana menos de un salario mínimo; muchos carecen de acceso al sistema financiero, de posibilidades de obtener subsidios de vivienda y de estabilidad laboral.
Si esos trabajadores pudieran acceder a empleos formales, sostiene este argumento, el índice de Gini colombiano podría acercarse al de países como Suiza, Italia, Alemania y Japón, alrededor de 0,35. En ese escenario, el 10 % más rico concentraría entre el 25 % y el 28 % del ingreso total, en lugar de superar el 40 %, como ocurre actualmente en Colombia.
Reducir la informalidad exige, ante todo, que la sociedad genere más valor. Repartir tierras o entregar subsidios, desde la izquierda o la derecha, puede aliviar necesidades inmediatas. Pero sin asociatividad productiva y sin empresas capaces de crear empleo, esos alivios no construyen un futuro próspero. Convertirlos en la respuesta central equivale a ofrecer soluciones temporales a los votantes, en vez de integrarlos al aparato productivo legal, donde pueden obtener mayores ingresos, derechos y seguridad.
Por eso, la orientación económica del gobierno Petro, del Pacto Histórico y de buena parte de la izquierda está equivocada. Un sector privado más desarrollado y competitivo necesita más trabajadores; y el empleo formal es una de las vías más efectivas para que las personas alcancen una vida digna. Presentar a los emprendedores como explotadores podrá encontrar eco en ciertos discursos ideológicos, pero no ofrece una respuesta seria a los desafíos de la Colombia de hoy.
Crear oportunidades para los trabajadores informales exige que las empresas colombianas puedan competir globalmente y contratar en condiciones sostenibles. Los impuestos a la nómina, los parafiscales y otras cargas sobre la contratación formal pueden encarecerla y, con ello, favorecer indirectamente la informalidad. El debate tributario debería preguntarse cómo distribuir las cargas sin castigar la creación de empleo formal ni la productividad. La reforma fiscal actual, como muchas de las anteriores, no parece avanzar en esa dirección.
La historia del capitalismo no ofrece ejemplos de países que hayan incorporado a su población al sector formal y superado el subdesarrollo sin exponer sus empresas al mercado y a la competencia. En lugar de limitarse a repartir recursos, el Estado debe invertir en las condiciones que permiten prosperar a las empresas: construir infraestructura y regular sectores estratégicos, como el eléctrico, para asegurar energía confiable y a precio competitiva.
Mientras Colombia no enfrente la informalidad con una agenda de productividad, empleo y competitividad, el Gini —uno de los indicadores que más deberían avergonzarnos— seguirá siendo el reflejo de un país dividido en dos.
