Esta semana empecé a leer Sin engañosa cortesía, libro de Carlos Lleras de la Fuente en el que recoge distintas anécdotas de su vida, especialmente de su relación con su padre, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Una de ellas me llamó particularmente la atención. Cuando Lleras Restrepo era ministro de Hacienda, una de sus hijas fue a visitarlo al despacho en compañía de su niñera. La niña estaba pegando monas en un álbum y la niñera le pidió a la secretaria del ministro un tarro de pegante. Cuando Lleras se enteró de semejante apropiación, montó en cólera y obligó a las dos a presentarse al día siguiente, a las ocho de la mañana, para devolverlo. El pegante había sido comprado con recursos públicos.
La anécdota no me resultaba desconocida. Mi abuelo, Jairo Chaparro, que ocupó algunos cargos públicos, me la había contado en varias ocasiones. Estaba convencido de que los recursos públicos debían cuidarse como algo sagrado y encontraba en aquella historia una expresión ejemplar de la integridad que exige el ejercicio de la función pública. Su máxima era sencilla: gastar poquito, gastar bien y sin ningún lujo. Cuidar los centavos, que los millones se cuidan solos.
Viene a cuento esta historia porque la reforma tributaria a la que nos ha condenado la irresponsabilidad maligna del gobierno anterior exige una contrapartida ineludible: la austeridad a ultranza. Si los colombianos deben soportar mayores impuestos para remediar el desastre fiscal que otros provocaron, los primeros sacrificados deben ser los políticos, responsables de habernos conducido a semejante situación. No es admisible cobrar IVA sobre bienes hoy exentos mientras el Estado conserva intactos los privilegios de quienes viven a sus expensas. Cada incremento de impuestos debe acompañarse de una reducción del gasto público, comenzando por aquel que solo satisface la comodidad de los funcionarios.
Empecemos por los esquemas de seguridad. No encuentro una razón convincente para que un concejal de Bogotá tenga una camioneta blindada y un séquito de escoltas. ¿Corre más riesgo de ser apuñalado un concejal que un ciudadano cualquiera en un atraco en TransMilenio? Difícilmente. Sin embargo, el convenio entre el distrito y la UNP para suministrarles camionetas y escoltas supera los 7.000 millones de pesos. Y como el derroche no conoce límites, el Concejo también contrató el lavado de esos vehículos, hasta dos veces al mes. Pagamos la camioneta, el escolta y hasta la polichada.
El despropósito se extiende al Congreso, que entre 2022 y 2025 gastó más de 399.000 millones de pesos en camionetas blindadas y vehículos de alta gama. Por su parte, Timochenko dispone de dieciséis escoltas y seis camionetas.
Desde luego, Colombia sigue siendo un país en el que el ejercicio de determinadas funciones públicas entraña un peligro por sí mismo. El presidente de la República, el fiscal general, los presidentes de las altas cortes, el procurador general y los comandantes de las Fuerzas Militares, entre otros, requieren protección permanente, extensiva a sus familias e incluso después de abandonar sus cargos. Tampoco se pretende exigirles a los funcionarios que se conviertan en mártires. Lo inadmisible es que los esquemas de seguridad se hayan convertido en privilegios propios de una sociedad estamental, en lugar de responder a una valoración objetiva de las amenazas. Y mucho menos puede admitirse que los vehículos oficiales terminen convertidos en medios de transporte de las damiselas presidenciales, como sugieren las denuncias sobre su presunta utilización durante el gobierno anterior.
Por eso me resultó especialmente significativo ver al vicepresidente José Manuel Restrepo viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en clase económica, sentado entre sus compatriotas, como cualquier ciudadano. Llegó a Nueva York a la misma hora que quienes viajaron adelante, pero sin imponerle al contribuyente el costo de su comodidad. Lo que él hizo voluntariamente debería ser obligatorio.
Y no basta con los tiquetes de avión. Hay que cerrar las embajadas que no cumplen ninguna función diplomática relevante y que sobreviven como premios de consolación para políticos derrotados. Los viáticos deben ser limitados y reconocerse contra factura, no como bonificaciones encubiertas. También deben reducirse las elefantiásicas unidades de trabajo legislativo: cada congresista dispone de aproximadamente 70 millones de pesos mensuales para asesores, cerca de 250.000 millones anuales entre todos.
Otro capítulo del despilfarro está en los contratos de prestación de servicios, instrumentos predilectos del clientelismo. Según la Contraloría, solo en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, las entidades del gobierno central suscribieron 164.813 contratos por 14,86 billones de pesos, un 68 % más en valor que en el mismo mes de 2022. No pueden servir para pagar favores electorales o alimentar maquinarias políticas. Mucho menos para remunerar con recursos públicos favores sexuales en la Casa de Nariño, como sostiene la consabida denuncia que está en conocimiento de las autoridades.
Carlos Lleras Restrepo llevó su pulcritud al extremo de hacer devolver un tarro de pegante. No pretendo que los políticos paupericen el ejercicio de la política reduciéndose los sueldos y viéndose como menesterosos. Pero si no tienen amenazas que justifiquen su protección y quieren camionetas de alta gama, escoltas o tiquetes en primera clase, que los paguen de su bolsillo. Nosotros nos conformaríamos con que dejaran de expoliar los recursos que tanto les cuesta pagar a los colombianos.
