Ya no podrán embolatar pago de sueldo a transportadores: decreto dejó firme tiempo máximo para consignar salario

El Decreto 1017 que reforma de manera estructural el transporte de carga en Colombia ya entró en vigencia, según anunció el Ministerio de Transporte.

Esta norma, que contempló más de 1.200 observaciones de los actores del sector, está encaminada a mejorar las condiciones dentro del gremio, tratando de encontrar un equilibrio que permita mejores condiciones laborales y mejores resultados económicos para todos los actores que inciden en la cadena logística en el país.

Según el nuevo decreto, el tiempo máximo para el pago al transportador será de cinco días hábiles, luego ser recibida la carga, lo que para el gremio significa un logro en materia laboral.

“Hoy damos un paso histórico para equilibrar las relaciones económicas en la cadena logística y dignificar la labor de los conductores y propietarios de vehículos de carga. Este decreto es el resultado de mesas de trabajo, escucha activa y concertación con el sector”, dijo la afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Según el Ministerio de Transporte, este decreto fortalece la equidad en el sector transporte y reduce asimetrías entre los actores y abre oportunidades para pequeños propietarios, cumpliendo lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

De igual forma, esta reforma también moderniza los sistemas de control y vigilancia, aportando a la seguridad vial, la competitividad logística y la formalización del transporte de carga.

“Este es un triunfo del diálogo social, de la transparencia y del compromiso con los transportadores del país. Con esta reforma avanzamos hacia un sector más justo, eficiente y sostenible”, indicó Rojas.

Concesionarios rechazan el decreto

Desde Aconauto, gremio que agrupa a los concesionarios del país, levantaron su voz contra este decreto, señalando que se permitirá la valorización de vehículos que han cumplido o están por alcanzar su tiempo de vida útil.

“El sector transporte se ve expuesto al fomento de los carruseles de corrupción que en el pasado desdibujaron, no solamente el necesario esquema de desintegración de vehículos comerciales al final de su vida útil, sino que vuelve a valorizar vehículos obsoletos que desde hace muchos años debieron salir de circulación”, indicaron desde Aconauto.

“Esto ocurre porque con el esquema de reposición 1 a 1, el registro inicial de los vehículos de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga depende del reemplazo de un vehículo en circulación, con lo cual lo convierte en objeto de deseo”, añadieron.

Ante estos puntos, Aconautos le solicitó al Consejo de Estado analizar el decreto “para que revise este arbitrario articulado, en especial por el enrarecido espíritu que lo inspiró y por lo nocivo que resulta para la modernización del transporte de carga, para el libre acceso al mercado y para el comercio de este tipo de equipos”.

Las principales medidas del Decreto 1017 son:

Equilibrio económico en la cadena de transporte

• Se fijan mínimos obligatorios para pago de salarios, prestaciones, mantenimiento de vehículos y tiempos de cargue y descargue, protegiendo a conductores y propietarios.
• Se reducen barreras para que pequeños transportadores creen empresas con menores requisitos de patrimonio.
• Se habilita el cambio de servicio de vehículos particulares a públicos, reconociendo la realidad de miles de familias que viven del transporte de carga.

Programas de reposición para todos los vehículos de carga

• Por primera vez se incluyen vehículos livianos y volquetas al fondo de reposición, ampliando beneficios a miles de propietarios antes excluidos.

Más control y vigilancia con tecnología

Se fortalecen sistemas como SICETAC y RNDC y se habilita la supervisión remota de básculas para mejorar la trazabilidad y la transparencia

Transparencia en la información y decisiones con evidencia

Se amplía la obligación de reporte al RNDC a todas las operaciones de transporte, incluyendo transporte de ganado menor, con el fin de contar con datos reales para decisiones de política pública .