Vehículos
Salvavidas a infractores detectados por cámaras de fotomultas: error en procedimiento les evitaría pago de la multa
Cerca de la mitad de las cámaras de fotomultas instaladas en el país no tendrían vigentes los permisos para su operación; infractores podrían impugnar.


Las cámaras de fotomultas en Colombia se han convertido en una herramienta clave para identificar infractores que superen los límites de velocidad; sin embargo, estos dispositivos deben cumplir con una serie de requerimientos para poder operar y para que los comparendos registrados sean legales.
Justamente, existe una norma que obliga a que la licencia para el funcionamiento de estos aparatos sea renovada cada cinco años, requisito que debe ser corroborado por las autoridades de tránsito para certificar y validar su operación.
Según indicó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada cámara debe estar registrada y debe informar cuál es su ubicación, las infracciones que detecta y el estado técnico, algo que, en el plano ideal, debe aplicar para la totalidad de los dispositivos instalados en Bogotá y el resto de ciudades del país.

Sin embargo, se ha conocido que, alrededor de 504 cámaras, que hoy operan, no cuentan con el visto bueno para su funcionamiento. La cifra toma relevancia si se tiene en cuenta que en Colombia hay instaladas 990 unidades, lo cual significa que más de la mitad de estos aparatos podría dejar de funcionar por falta de los permisos necesarios.
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La preocupación de las autoridades no es menor, pues estas cámaras se apagarían y no podrían seguir ejerciendo las labores de control que hasta ahora habían cumplido; además, si se impusieron comparendos sin haber estado al día, estas multas podrían ser impugnadas y perderían cualquier legalidad.
Esta es la situación actual de las cámaras de fotocomparendos:
- Bogotá: tiene 168 cámaras, pero solo 39 están autorizadas.
- Medellín: de 133 cámaras, 82 perdieron su permiso.
- Cali: con 126 cámaras instaladas, 42 no tienen aval para funcionar.
- Cundinamarca: de 29 cámaras, 14 no tienen permiso actualizado.
- Antioquia: tiene 186 cámaras, de las cuales 96 no tienen permiso vigente.
¿Qué pasa si es detectado por una cámara que no está autorizada?
Para poder aclarar las dudas que hay al respecto, SEMANA habló con Jesús Jerez, consultor de movilidad de la ARL Sura, quien explicó los pormenores que hay sobre este espinoso tema que afecta a los conductores y propietarios de vehículos del país.
El experto en movilidad explicó para que una fotomulta sea válida, se deben cumplir varias condiciones. La primera de ellas, que en el terreno debe haber la señalización correcta que indique que hay detección electrónica.
El segundo requisito es que también debe haber las señales necesarias que le indique a los conductores cuál es el límite de velocidad permitido en el tramo donde hay cámaras salvavidas.
Por último, todos los dispositivos electrónicos encargados de tomar las fotos o videos de la infracción deben estar registrados y autorizados ante el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Vías, por lo que si una fotomulta es generada por una cámara que no esté registrada, esta carece de toda validez.
Para asegurarse qué cámaras están operando, se puede consultar el siguiente enlaces: https://fotodeteccion.ansv.gov.co/ubicaciones-aprobadas.html
¿Se pueden impugnar las fotomultas?
Aquí lo clave es ser consciente sobre si se incumplieron los límites de velocidad o si se pasó por alto alguna norma; en caso de que sea así, lo mejor es aprovechar el descuento por pronto pago que brindan a los infractores.
Si considera que hay una injusticia, se puede impugnar el procedimiento, pero es necesario asesorarse bien para evitar estafas por parte de empresas que se dedican a aprovecharse de las personas que buscan evitar el pago de la sanción.

Además de esto, en el Congreso de la República se viene tramitado una nueva ley que pondría freno a los abusos contra los propietarios de los vehículos que son captados por estas cámaras.
Tras ser aprobada en su primer debate en el Senado, se conoció que esta iniciativa busca que estas sanciones solo sean impuestas si es posible identificar plenamente al conductor que cometió la infracción, lo que no permitiría a las autoridades sancionar si persisten las dudas sobre quién es realmente el infractor.