“El Gobierno no protegió a Miguel Uribe”: excomisionado lanza duras críticas a Gustavo Petro y hace una autocrítica por el acuerdo firmado con las Farc

SEMANA: ¿Por qué dice que el asesinato de Miguel Uribe Turbay es un golpe para el Acuerdo de Paz?

SERGIO JARAMILLO (S.J.): Romper el vínculo entre política y armas es un objetivo central del Acuerdo. Como en todo acuerdo serio con una guerrilla, hay un trato: usted deja las armas y pasa a la vida civil, y yo, Gobierno, lo protejo a usted y a toda la oposición política, para que puedan hacer política sin la amenaza de la violencia. Miguel Uribe, como cabeza del Centro Democrático en el Congreso, representaba esa oposición política, y el Gobierno no lo protegió. Es un golpe en el estómago al Acuerdo.

SEMANA: ¿Qué sintió cuando supo la noticia?

S.J.: Primero, tristeza y dolor. Una familia pasa dos meses esperando la buena noticia y duele que todo termine así. Es demasiado duro. Luego sentí rabia. No puede ser que a estas alturas un país traumatizado por la violencia tenga que revivir estos momentos y entre en depresión colectiva, cuando esto es algo que no debería haber pasado jamás. No estamos en los años 90, pero la combinación de debilitamiento institucional radical, negociaciones mal pensadas que empoderan a las bandas y retórica extremista crean un escenario fatal.

SEMANA: ¿A qué se refiere?

S.J.: Fíjese, el Gobierno acaba de nombrar a una joven recién graduada, que no sabe absolutamente nada de seguridad y defensa, como viceministra de Defensa. O piense en otro caso más serio, la dilapidación de la Dipol, la joya de la corona de la inteligencia en Colombia. Si usted combina esa debilidad autoinfligida con un discurso político extremista –Petro no baja a sus opositores de “asesinos” y Uribe de “neocomunistas”–, tiene todos los elementos sobre la mesa para que pasen cosas así.

SEMANA: Deme ejemplos…

S.J.: Le doy un ejemplo de otra parte. El proceso de paz de Israel lo acabó un solo hombre con una pistola. Lo acabó Yigal Amir cuando en solitario le disparó a Isaac Rabin en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv en 1995. La retórica extremista de Netanyahu y los rabinos radicales abrió un espacio para la violencia, sin necesidad de nombrarla. Ese espacio hay que cerrarlo en Colombia.

SEMANA: ¿Y eso qué tiene que ver con el Acuerdo de Paz?

S.J.: El Acuerdo exige de manera explícita “la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización”, para que “se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política”. En Gustavo Petro tenemos al presidente menos adecuado para cumplir ese mandato.

SEMANA: Cualquiera diría que deben estar muy molestos Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo cuando le piden a Gustavo Petro garantizar los derechos de la oposición en Colombia, los mismos que le pusieron palos en la rueda al proceso de paz de Santos.

S.J.: No importa. Si vamos a tomarnos en serio el Acuerdo y a expulsar colectivamente la violencia de nuestras arraigadas costumbres políticas, al primero que tenemos que proteger es al opositor. Y Miguel Uribe fue un gran opositor, inteligente y moderno.

SEMANA: ¿El Gobierno de Gustavo Petro no le está brindando garantías a la oposición en Colombia?

S.J.: No. Como dijimos con Humberto en el comunicado, para nosotros en La Habana (Cuba), era previsible que con la firma del Acuerdo la política se iba a poner más álgida. Es normal: ya no tendríamos la distracción del conflicto armado opacando los problemas de la gente, la izquierda iba a surgir y la sociedad se iba a politizar. A mí, incluso, la polarización en sí no me preocupa, me gusta que se aclaren las diferencias políticas y que se tramiten en el debate parlamentario. Entre otras razones, porque tal vez la principal explicación de la corrupción desbocada en Colombia es la debilidad de la oposición política. El Gobierno les manda una maleta llena de billetes a los presidentes de Senado (Iván Name) y Cámara (Andrés Calle), y no pasa nada. En otro país con una oposición seria, el Ejecutivo se hubiera caído hace rato.

SEMANA: Entonces, ¿qué hay que hacer?

S.J.: Implementar el Acuerdo. Colombia tiene hoy un estatuto formal de oposición, la Ley 1909, gracias a que es parte del punto 2 del Acuerdo. Eso era un mandato de la Constitución, pero después de una docena de intentos fallidos de legislar solo con el Acuerdo, se pudo cumplir. La pasamos con el fast track en 2018. La Ley establece, entre otros muchos derechos, “programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”. Y un decreto previo, el 895 de 2017, crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que también es un punto del punto 2 y que encabeza el presidente. Nada de eso lo ha implementado Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Y por qué no?

S.J.: Porque Gustavo Petro no tiene ningún interés en el Acuerdo. Como dijimos, solo muestra desdén e indiferencia. Lo usó como primer punto de su decálogo en la Plaza de Bolívar, cuando se posesionó, habló de la “implementación a rajatabla”, y hasta ahí llegó su atención. La mayoría de los grandes males que nos aquejan, como el derrumbe de la seguridad, son consecuencia de la no implementación del Acuerdo y de una mala política de seguridad. En lugar de construir paz y seguridad con las comunidades en los territorios, el Gobierno impulsa negociaciones mal concebidas con las llamadas disidencias, que, en realidad, deberían llamarse bacrim. Hoy en muchas regiones la gente anda con carné de las disidencias, el control social es total.

SEMANA: A propósito, la hipótesis más fuerte sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay apunta a la Segunda Marquetalia. ¿Qué opina?

S.J.: Me parece plausible. Incluso cuando ya eran públicas las negociaciones en 2013 tuvimos información de inteligencia en el sentido de que un sector de las Farc seguía pensando en un atentado contra el presidente (Juan Manuel Santos) y contra Álvaro Uribe. Timochenko y otros los derrotaron. Además, lo que pasó corresponde a la manera como operaba la vieja columna Teófilo Forero de las Farc. Recuerde el asesinato de la hermana del presidente César Gaviria, Liliana Gaviria, en 2006. Pero el ELN no se puede descartar de plano, son muy traicioneros.

SEMANA: Y ese sector de la Segunda Marquetalia, ¿por qué se salió del proceso?

S.J.: Esa pregunta hágasela a Néstor Humberto Martínez. Si eso no hubiera pasado, nada de esto hubiera ocurrido.

SEMANA: El Gobierno insiste en negociar con las disidencias de Calarcá Córdoba y lo que queda de la Segunda Marquetalia. ¿En qué terminarán esos procesos?

S.J.: En llanto, como dijimos desde el inicio de este Gobierno. Lo que está mal concebido no se puede enderezar.

SEMANA: ¿Por qué?

S.J.: Porque están usando los instrumentos equivocados. Ninguna de esas organizaciones tiene interés alguno en dejar las armas y transformarse en otra cosa, con la posible excepción de los llamados Comuneros, que no tienen marco legal. Son organizaciones criminales que se agotan en el control social y el lucro. El Gobierno ha creado incentivos muy perversos que van a ser difíciles de reversar.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

S.J.: El más obvio es el reconocimiento y empoderamiento de estructuras que no existían en la realidad, como en su momento el llamado Estado Mayor Central. Era una organización de papel, sus cabecillas solo se conocieron porque el Gobierno los reunió en abril de 2023 con helicópteros de la Misión de Verificación. Que dicho sea de paso no tenía ningún mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer eso y nos hizo un daño brutal. Aquí la culpa no es solo del Gobierno.

SEMANA: ¿Y qué más?

S.J.: El peor, a mi juicio, fue la introducción, por parte del senador Iván Cepeda, del concepto de “acuerdos parciales” en la renovación de la ley de “orden público”, la 418, al inicio del Gobierno Petro. Imagínese: el grupo se queda en armas, negocia acuerdos parciales y les dice a las comunidades que los proyectos que está implementando el Gobierno son por cuenta de las disidencias. Es un verdadero cogobierno armado, que rompe el principio rector con que comenzamos esta entrevista de política sin armas. Fue gracias a ese principio que la guerrilla más antigua de América Latina, las Farc, se desarmó integralmente en ocho meses: cada mes que pasaran en armas sería un mes perdido para la campaña, porque fuimos tajantes en eso. Las mesas de la “paz total”, por el contrario, no van a tener fin. (Iván) Cepeda le ha hecho un daño estructural a la paz de Colombia.

SEMANA: Cambiando de tema, aunque sean casos y sistemas judiciales distintos, no resulta fácil de entender que Álvaro Uribe está con detención domiciliaria y Timochenko libre y dando cátedra. ¿Cuál es su punto de vista?

S.J.: Hay una injusticia histórica grande, pero también hay una pregunta que contestar: ¿cómo es que un expresidente de la República contrata a un abogado del Cartel del Norte del Valle? Tantos colombianos, tantos jueces, policías y soldados muertos en la lucha contra el narcotráfico, no puede ser. Álvaro Uribe le debe una explicación a Colombia.

SEMANA: ¿Qué cree que debemos hacer?

S.J.: Hagamos primero un ejercicio de autocrítica colectiva, porque las responsabilidades están repartidas. Petro realmente lo ha hecho muy mal, pero cuando llegó ya encontró un desorden mayúsculo. Por ejemplo: el Centro Democrático gobernó entre 2018 y 2022 y tuvo control total del Ministerio de Defensa, los ministros eran del partido. Pregunta: ¿por qué hicieron una gestión tan mala y dejaron crecer bajo sus narices a las disidencias y al ELN de manera geométrica?

SEMANA: Pero no todo lo que hizo Iván Duque fue malo...

S.J.: No. Curiosamente, a diferencia de Petro, Iván Duque podría argumentar que sus bases políticas se constituyeron en oposición al Acuerdo, que fue lo que armó Uribe. Y a pesar de eso su consejero de Posconflicto, Emilio Archila, se metió de lleno a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y, aun con una visión estrecha de la participación, hizo más que sus antecesores y sucesores. Porque entendió el problema.

SEMANA: ¿Y cuál es el problema?

S.J.: Que seguimos viviendo en la patria boba, un torbellino retórico que no registra ni se interesa por lo que pasa en el resto del país. Le doy un ejemplo: a comienzos de año, Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, denunció que ninguno de los casi 80 asesinados por el ELN en el Catatumbo había tenido un levantamiento de Medicina Legal, y que no había ninguna investigación en la Fiscalía de Tibú (Norte de Santander). Para efectos prácticos, estos son colombianos sin derechos, no existen, están fuera del radar. Pero los medios se concentraron en cómo la Corte había votado el decreto de emergencia para el Catatumbo. El Acuerdo es un golpe en la puerta de esa patria boba por parte de todas esas comunidades de las regiones más miserables de Colombia: “Oigan, nosotros también existimos, por favor, póngannos atención”.

SEMANA: ¿Y el Gobierno de Juan Manuel Santos?

S.J.: También los del Gobierno Santos tenemos que hacer nuestra autocrítica. Pregunta: ¿por qué, si era el Gobierno del Acuerdo y tuvo todo el tiempo para preparar la implementación, al final dedicó tan pocos recursos para tener un impacto real en esos territorios PDET? ¿O porqué implementó tan mal el programa de desarrollo alternativo? Ahí hay que volver al tablero del Acuerdo, lo que se hizo no funciona y la coca sigue creciendo.

SEMANA: En una frase, ¿qué es para usted el Acuerdo?

S.J.: El Acuerdo es un programa para instalar la democracia en todo el territorio nacional y hacer de la Constitución algo palpable y real, como siempre dijimos con De la Calle. Y si la Constitución y los derechos no les quitan el sueño a muchos, por lo menos deberían entender que sin una transformación de esos territorios nunca se va a resolver el problema estructural de seguridad. El reto inmediato es que la gente no lo vea más como el acuerdo de Santos, ni de De la Calle o Jaramillo o el general Naranjo o los demás negociadores. Si no, estamos perdidos. Más bien como lo que es: un acuerdo vivo, que la gente reclama en las regiones. Una campesina del Guaviare, que vive tratando de respirar entre las bandas de Mordisco y Calarcá, me dijo por estos días en Bogotá: “Doctor, finalmente me leí las doscientas páginas y me enamoré del Acuerdo”.