Política
Reforma laboral: así quedó el nuevo régimen para los trabajadores y empleadores en Colombia. Conozca todos los detalles
Los empleados tendrán salarios más altos por trabajar en horarios nocturnos y dominicales, pero los empresarios advierten que la nueva ley afectará el empleo formal por los altos costos laborales.
La reforma laboral es un hecho. El Congreso aprobó el proyecto que había sido el caballo de batalla del presidente Gustavo Petro desde que llegó al Gobierno y por el que anunció una consulta popular y una asamblea nacional constituyente si el Legislativo no le aprobaba, al pie de la letra, el articulado que él trazó. Sin embargo, resta la sanción presidencial y se desconoce si Petro hará alguna objeción.
El nuevo esquema comienza a regir desde el primero de julio, aunque varias de sus consideraciones se implementarán de manera progresiva desde esta fecha y hasta 2027 para mitigar los impactos en los costos que asumen las empresas y en la formalización de los puestos de trabajo.
Lo que para los colaboradores parece una celebración por la aplicación de nuevos beneficios en el régimen laboral, resulta ser una preocupación para el sector productivo, que aún no tiene claro cómo asumirá esos importes, sobre todo cuando se trata de pequeños y medianos establecimientos.
La reforma es concertada, pero no escuchó los reclamos de todos los sectores, porque hasta el último minuto de la discusión el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico estuvieron trazando nuevas líneas rojas en las que se negaron a ceder en cuestiones como el salario para los aprendices del Sena, el pago de dominicales y festivos, y el pago de las horas nocturnas.
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Por eso, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegura que el articulado va a terminar afectando a las pymes y a algunos sectores que no tendrán cómo asumir estas implicaciones, lo que se sumará a los costos extra sobre los contratos de aprendizaje. “Habíamos desarrollado una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo y la informalidad. Infortunadamente, eso fue rechazado y se cometió un gran error”.
Los contratos a término fijo solo podrán renovarse por un plazo máximo de cuatro años. En esa modalidad y en los contratos del formato obra labor, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales, y una vez se cumpla el plazo establecido por la ley, la relación laboral se entenderá como de carácter indefinido. Los contratos por prestación de servicios seguirán iguales porque estos son de carácter civil y no representan una relación laboral, que es lo que regula la reforma.
La jornada máxima será de 42 horas a la semana, tiempo que se distribuirá en espacios de trabajo que durarán máximo ocho horas y que se asignará entre cinco y seis días a la semana. Esa medida obliga a las empresas a garantizar un día de descanso a la semana sin que este afecte el salario.
El trabajo diurno quedó establecido como la jornada entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., lo que significa que todas las empresas tendrán que pagar recargo nocturno para las labores que se efectúen por fuera de esa franja horaria, sin importar si se trata de grandes compañías o de pequeños negocios. Esa medida comenzará a aplicarse seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, para 2026.
Los días de trabajo dominical y festivo deberán pagarse con recargo del ciento por ciento, pero ese sobrecosto se implementará de forma gradual. A partir del primero de julio de 2026, cuando entre en vigencia la ley, esas jornadas deberán pagarse al 80 por ciento; luego, desde esa misma fecha de 2026, se desembolsarán al 90 por ciento; y solo hasta 2027 se dará la plena aplicación del recargo.
Las horas extras no pueden extenderse a más de dos al día y de 12 a la semana. “El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago de recargo nocturno”, se lee en la ley que promulgará el presidente Petro.
Los aprendices del Sena
Los trabajos que realicen los reclusos mientras están privados de su libertad podrán documentarse como experiencia laboral y las empresas tendrán que implementar medidas contra la discriminación a personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado.
El contrato de aprendizaje para los estudiantes universitarios deberá tener un apoyo de sostenimiento mensual que no sea inferior al salario mínimo, también para los aprendices del Sena, para quienes antes de este código laboral sí se aplicaban convenios con salarios inferiores y que no eran de carácter laboral. En ese sentido, la empresa tendrá las mismas obligaciones económicas para introducir dentro de su planta a aprendices y a quienes ya cuentan con un título.
El pago a los aprendices del Sena fue uno de los puntos más controversiales del debate. Los congresistas del Pacto Histórico impulsaron la participación de estudiantes de la institución en las sesiones legislativas, lo que algunos sectores políticos interpretaron como una forma de presión al Congreso.
Otro de los puntos de esa discusión tiene que ver con la monetización de la cuota de aprendizaje, la cual permite que las empresas que no pueden o no quieren contratar aprendices del Sena paguen una suma mensual a la entidad. Tras la reforma, ese pago será equivalente a 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz no contratado. Este valor es considerablemente superior al esquema anterior, en el que el pago era aproximadamente el 5 por ciento de la nómina por un salario mínimo por aprendiz.
El futuro del trabajo
“El Senado le entregó al Gobierno una mala reforma laboral que va a perjudicar a miles de colombianos solo por el hecho de ser la moneda de cambio de no aprobar la consulta popular”, consideró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Ese gremio advierte que la nueva ley aumentará los costos laborales entre 18 y 34 por ciento, afectará a las pequeñas empresas que tienen labores en las noches, dominicales y festivos, e incrementará la informalidad.
El Congreso abordó un vacío jurídico en el régimen colombiano: la relación laboral entre las plataformas digitales y quienes trabajan en ellas. Según la nueva legislación, esas empresas deberán cubrir el 40 por ciento de los aportes a salud y pensión de estos trabajadores, calculados sobre un porcentaje equivalente de sus ingresos. Además, las plataformas serán responsables de garantizar la cobertura de riesgos laborales de los repartidores.
La estabilidad laboral reforzada que aumentaba las condiciones para la desvinculación de mujeres embarazadas, prepensionados y personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales no quedó consagrada en el documento final porque ese punto fue eliminado durante el debate en el Senado; también se descartó el trabajo familiar y comunitario, así como la extensión en la licencia de paternidad, las garantías del derecho a la asociación sindical, la protección judicial ante las conductas antisindicales, el contrato sindical y otras cuestiones con las que el Gobierno pretendía proteger a estas personas que han sido afines a la administración Petro.
El Ejecutivo cedió en algunos aspectos, pero se mantuvo firme en aquellos con mayor impacto sobre el empleo formal. Por otro lado, el sector privado y los partidos independientes se vieron forzados a apoyar una reforma que resurgió como resultado de un acuerdo político, con el objetivo de evitar una costosa consulta popular. Esta consulta, planteada por decreto, fue derogada por el presidente, quien ahora centra su lucha en una nueva estrategia: la octava papeleta.
Los proyectos que aprobó el Congreso
La reforma a la salud quedó para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Será la próxima prioridad legislativa.
, articulado que fue conciliado y pasó a sanción presidencial.
Dentro del paquete de nuevas leyes también están proyecto que busca establecer disposiciones para el desarrollo de entorno digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes; además de la norma que busca crear medidas de política pública para la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, a la que se suma la ley que pretende establecer medidas de protección al usuario en los procesos de reconexión de servicios de telecomunicaciones. A ese listado se suma el articulado que pretende regular la circulación y promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. El cierre de la tercera legislatura del Congreso también dejó el rechazo a la propuesta de consulta popular que dio en dos ocasiones la plenaria del Senado, lo que dejó en evidencia que la bancada del presidente Petro se debilitó en el Poder Legislativo cuando falta menos de un año para las próximas elecciones a Congreso. Con ese panorama político, comienzan unas sesiones extras en las que la prioridad será volver a estudiar la reforma pensional, articulado que regresa al recinto por orden de la Corte Constitucional. Luego, a partir del 20 de julio, el Gobierno se enfocará en su tercer intento de reforma a la salud, que está siendo estudiada por la Comisión Séptima del Senado.
