Conflicto
Nuevo golpe para la paz total de Petro: las disidencias de las Farc no dejarán las armas
El Gobierno del presidente Gustavo Petro fue notificado por las disidencias de las Farc de alias Calarcá que no dejarán las armas durante su mandato. ¿Qué viene?

El 15 de abril vencerá el cese al fuego que pactó el Gobierno nacional con las facciones de las disidencias de las Farc que lidera alias Calarcá. El presidente Gustavo Petro deberá definir su posible prórroga con un ultimátum de la organización delincuencial: no se desprenderán del material de guerra durante su mandato y la transición a la legalidad dependerá del nuevo huésped de la Casa de Nariño.
En entrevista con SEMANA, el jefe de la delegación del Ejecutivo en la mesa de diálogos, Camilo González, detalló que los cabecillas tienen la certeza de que el tiempo no les alcanzará para establecer cómo apartarse del conflicto: “En las manifestaciones públicas que hemos escuchado y en la propia mesa, lo que dicen es que ellos no van a dejar las armas, que en este Gobierno no van a alcanzarse las negociaciones”.
Al contrario, la estrategia que se plantea desde la presidencia es crear una figura que sí permita un desarme progresivo en los próximos meses y echar mano de las experiencias del extranjero, pese a la negación que hay en las filas del grupo guerrillero: “Nosotros lo que estamos diciendo es que podemos ensayar un modelo gradual en el que se vaya, progresivamente, desmontando el uso de las armas”, reiteró González.

Aunque la última palabra la tendrá Petro, el consejo que le dará González es que extienda el cese de hostilidades, porque sí estaría dando beneficios a la población civil. “Hay una disminución de muchas afectaciones. Tenemos una situación de disminución de capacidad estratégica de estos grupos, no de fortalecimiento. Es mejor un cese imperfecto a una guerra imperfecta como la del Cauca”, advierte.
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Hay voces que van en contravía de la apreciación del Gobierno nacional. Fuentes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional consultadas por SEMANA dan cuenta de que las disidencias de las Farc están aprovechando el cese al fuego para fortalecerse económicamente, imponer sus normas por medio de las juntas de acción comunal y colonizar terrenos donde no delinquían el año pasado, como el Pacífico y el Caribe.
En Norte de Santander, Human Rights Watch reveló en un informe que el frente 33, uno de los brazos criminales que está en guerra con el ELN, “utilizó el cese al fuego para reclutar nuevos miembros y ampliar su control social sobre las comunidades, según nos contaron organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios”. Esta versión fue ratificada por funcionarios públicos y la Iglesia católica.

En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón reportó que el cese al fuego solo ha traído al departamento más crimen: “Riqueza para los criminales que posan de insurgentes, los tiene popochos, estrenando uniforme y generando muchas dificultades en materia de orden público. Necesitamos que se levante el cese al fuego (en) Antioquia (y) le devuelvan el pleno uso de sus capacidades a la fuerza pública”.
En cuanto a la región Amazónica, las Fuerzas Militares denunciaron que esta organización armada ha incrementado el reclutamiento de menores de edad, el cobro de extorsiones y las acciones terroristas en el marco de las confrontaciones que sostiene con los Comandos de Frontera, disidencia de la Segunda Marquetalia, y con el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, atemorizando a los campesinos.
Mientras que la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, indicó que el grupo de Calarcá ha respetado los acuerdos y no ha protagonizado alteraciones de orden público en su territorio. Ante la pregunta de si se debe extender el cese al fuego, respondió: “Con quienes han dado muestras de querer hacer la paz y quieren terminar con el conflicto, sí”.

Frente a los logros de la negociación con las disidencias, Camilo González destacó el acercamiento con las comunidades donde opera la guerrilla y “el no uso de armas ni uniformes en medio de la población, en centros poblados, en eventos públicos, en actividades socioeconómicas”. Así las cosas, en la delegación del Gobierno “hay una opinión consensuada de que es necesaria esa prórroga para continuar profundizando el proceso”, agregó el negociador.