La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

SEMANA reveló que el Gobierno Petro ha gastado más de 64.000 millones de pesos en las conversaciones de paz que sostiene con los grupos ilegales. En las últimas horas, se conoció que las inversiones van en aumento pese a la escasez de resultados en la política de la paz total.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) suscribieron un convenio para proteger a los integrantes de las mesas de negociación, incluidos los delegados de los ilegales. El dinero saldrá, en su mayoría, del fondo de programas especiales para la paz.

El objetivo es “aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades, métodos y estrategias (…) que permitan garantizar la prestación del servicio de protección a las personas que participen en las diferentes acciones y procesos de paz que adelante el Gobierno nacional”.

El Dapre autorizó el giro de 6.050 millones de pesos para asumir los impuestos, costos y demás gastos derivados de la prestación de los servicios. Mientras que la UNP le dio el visto bueno, en especie, a 467 millones de pesos para los recursos humanos, administrativos y logísticos.

Una de las obligaciones de la UNP será garantizar el suministro de combustible para el desplazamiento de cada uno de los vehículos asignados en las medidas de protección, de acuerdo al presupuesto asignado, el cual será para cada uno de 500.000 pesos. Sin embargo, hay una claridad.

En un fragmento del documento se estableció: “Excepcionalmente, la Consejería Comisionada de Paz autorizará expresamente la asignación de un valor adicional por concepto de combustible (de) hasta 1.700.000 para los vehículos diésel y hasta 2.200.000 para los vehículos a gasolina”.

En medio del convenio se estableció que la Consejería sería la encargada de seleccionar a cada una de las personas que serían objeto de estas medidas de cuidado, y cada mes actualizaría a la UNP sobre su permanencia en los procesos de paz para definir la continuidad de los escoltas y las camionetas.

Este programa no se ha salvado de polémicas. Como se recordará, en una de las caravanas oficiales de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, a bordo de los automotores del Estado, se transportaba armamentos y municiones por las carreteras del departamento de Antioquia.