Exclusivo: los informes sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay que habrían sido desatendidos por la UNP. Evidencian falta de personal el día del atentado

En medio del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, varios de los reflectores quedaron puestos sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la responsabilidad de esa entidad, que debía encargarse de la seguridad del líder político.

SEMANA conoció una serie de informes que revelarían que la UNP dejó pasar por alto varias alertas, pues, si se hubieran tenido en cuenta, debían haber llevado a reforzar la seguridad del senador y no disminuirla, como sucedió.

Un día después del atentado, en un primer documento fechado el 8 de junio de 2025 –realizado por la Unión Temporal Andinos y enviado a la UNP– se recopilan los hechos y la presencia de los escoltas en el lugar de los hechos.

Allí se menciona que el esquema del senador estaba conformado por tres personas de esa empresa bajo vigilancia de la entidad. Desde el 27 de diciembre de 2023 se le había asignado el esquema al senador con tres hombres de protección, de los cuales SEMANA se reserva el nombre y sus identidades por seguridad. El documento es tan detallado que muestra la dotación de cada uno de ellos, entre otros detalles.

Sin embargo, más allá de esos hechos, hay un dato revelador: se menciona que el 24 de febrero se había consultado desde la unión temporal a la UNP si el esquema debía ser extensivo a la familia del senador; sin embargo, eso nunca se respondió.

“Esta solicitud no fue atendida por la entidad para darle claridad y respuesta al personal de protección, por lo cual, para no verse afectada la prestación del servicio, las personas de protección a cargo de la seguridad prestaron el servicio como lo indicaba el doctor Miguel Uribe Turbay”, dijeron. Es decir, Uribe Turbay tuvo que pedirles a los escoltas que también protegieran a la familia por las amenazas que había contra ellos; no obstante, desde la UNP no solo no le contestaron si debía ser extensivo a la familia, sino que nunca le reforzaron a él y a su círculo más cercano la seguridad.

En el documento también se adjunta un correo por medio del cual se había consultado en esa fecha si el esquema debía extenderse a la familia del senador.

El mismo presidente Gustavo Petro denunció que el hijo del precandidato ha sido víctima de seguimientos. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó Petro dos días después del atentado.

SEMANA tuvo acceso a otro informe de la Policía Nacional, con fecha del 16 de septiembre de 2024, en el que se le informa al director de la UNP que se ratifica la medida de protección de un esquema tipo D con cuatro uniformados, que “será extensiva a su hijo menor de edad”, entre otros detalles de protección a la familia del senador. Y piden que se mantengan las medidas de protección complementarias de la UNP al senador y a su familia.

Otra de las fallas que se revelan en el informe de la unión temporal es que, además del hombre que se encontraba con la familia, otro de los escoltas a cargo de la UNP estaba de descanso el día del atentado. “Se encontraba tomando el compensatorio programado en el interior del esquema como ‘autorelevo’, autorizado por el beneficiario”, reconocieron.

SEMANA consultó tanto a la UNP como a otras personas que han seguido de cerca la investigación, quienes aseguran que el autorelevo no es una práctica regulada y no está contemplada en ninguna legislación. Es decir, cuando una persona de seguridad de un esquema va a tomarse un descanso o tiene alguna calamidad, debe informar para que la UNP y la empresa a cargo puedan aprobarlo y relevarlo con otra persona para no desproteger al defendido. Pero ese día eso no sucedió. Incluso, el mismo protegido, en este caso Uribe Turbay, no puede otorgar esos permisos, ya que no es su responsabilidad.

“Tanto la empresa privada como la UNP son quienes deben dar los descansos y supervisar que la medida de protección esté funcionando tal cual lo señala la resolución en todo momento, con sus tres hombres de protección”, aseguró Yesid Barragán, líder sindical de la UNP.

“Es una práctica irregular que no está permitida”, agregó el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, quien ha investigado lo que sucedió con el senador y su esquema. El congresista prepara un debate de control político contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por estos hechos.

Eso quiere decir que, de los tres hombres de la UNP que debían estar con Uribe Turbay en el momento del atentado, solo había uno en terreno. Eso, sumado a los cuatro policías, forma parte de su esquema por su condición de senador.

“Miguel Uribe no contaba con los siete hombres con los que debía contar. Es una conclusión que no es solamente apreciación de nosotros, sino que está fundamentada en documentos”, afirmó Gallo.

En ese mismo informe se reconocen las alertas que ya había presentado Uribe Turbay por su seguridad y que no fueron atendidas. Según explicó la unión temporal, habían “recibido un total de 28 informes por parte del personal de protección asignado al esquema” de Uribe Turbay, entre los que también se reseñan salidas de descanso de los hombres de protección, nuevamente por la modalidad de “autorelevo”.

Allí también se indica que el día del atentado, según declaró el personal de protección asignado, Uribe Turbay solo se encontraba con una persona de protección de la UNP.

Gallo criticó que el deber de la entidad ese día era mantener el esquema de protección con siete personas, junto con los integrantes de la Policía, más allá de las licencias que tuviera cada uno de ellos o que el senador requiriera que la protección se ampliara a su familia.

El senador del Partido Liberal también cuestionó que el día del atentado no se aplicaron protocolos de despliegue de las personas de protección en terreno ni los protocolos de reacción. Tampoco se coordinó con la Policía para acordonar el sector, a pesar de que se trataba de un mitin político.

Esto es importante, pues el Manual de protección de personas de la Policía Nacional establece cómo se debe actuar en estos casos y las posiciones que deben tener los uniformados y hombres de protección para cubrir los distintos frentes. Por los videos de cámaras de seguridad del atentado, se sabe que el sicario de 15 años tuvo la facilidad de entrar a disparar cerca al senador por el costado izquierdo de donde él se encontraba dando el discurso, y por ese costado no hubo ningún hombre de protección.

“Están documentadas las fallas del servicio al momento de los hechos. No había un esquema de protección aplicando todos los protocolos de seguridad que exige un evento público y político como en el que estaba Miguel Uribe”, dijo Barragán.

Otro de los documentos reconoce las alertas que presentó en su momento Uribe Turbay a la UNP; no obstante, fueron desestimadas.

Se trata de la valoración de riesgo del año 2024, una reevaluación por temporalidad que se hace anualmente a todos los protegidos de la UNP. Lo más llamativo es que reconocen que Uribe Turbay dejó claras las amenazas que había en su contra, y no solo no fueron atendidas, sino que se decidió reducir el porcentaje de riesgo, pasando del 60 al 52 por ciento, categorizándolo de “extraordinario”. En la UNP hay tres clasificaciones: ordinario, extraordinario y extremo; esta última es a partir del 80 por ciento.

“Una vez finalizada la evaluación del estudio de nivel de riesgo del señor Miguel Uribe Turbay, senador de la República de Colombia, por el partido político de oposición al Gobierno actual, Centro Democrático, en el análisis efectuado, a la situación expuesta por el evaluado y su información recopilada durante el desarrollo del procedimiento, se determinó conceptuar el nivel de riesgo como extraordinario”, dice el documento.

Aunque reconocen que Uribe Turbay dejó explícito en una entrevista personal que había recibido amenazas, estas no fueron consideradas, pues eran de redes sociales.

“Es importante señalar que, si bien en la entrevista realizada dentro del presente estudio de nivel de riesgo, el evaluado expuso antecedentes de presuntas afectaciones a su seguridad, recibidas por las redes sociales, que no pueden traducir en factores generadores de riesgo a su seguridad e integridad por inconformismos que eventualmente pueden presentarse en actores y/o sectores a raíz de las mismas (sic)”, determinaron en ese estudio, que pasa por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

Hay varios hechos por los que la seguridad de Miguel Uribe debía ser reforzada, según los estudios que se hacen en el interior de la UNP. No solo se trataba de un senador de la república, sino que contaba con otras condiciones, como que era un precandidato presidencial, un hecho conocido públicamente; marcaba en las encuestas y se encontraba en actos proselitistas; era miembro del principal partido de oposición al Gobierno, el Centro Democrático; fue uno de los senadores más votados en 2022, con 223.167 votos; ya había advertido de nuevas amenazas en su contra y de su familia, y tenía antecedentes de violencia política en su círculo más cercano por el asesinato de su madre, Diana Turbay.

Para el senador Gallo, no se trata de un simple tema de percepción o subjetividad. Según el Decreto 1066 de 2015, Uribe podría ser interpretado como “continuador de un legado ideológico y político”, por lo que eso lo haría más vulnerable frente a la seguridad que debía tener.

En otro de los informes en poder de esta revista, Uribe había enviado varios correos a la UNP en los que pedía protección para los traslados que hacía a otras ciudades. Sin embargo, estos tampoco fueron atendidos porque, según respondieron, esta protección estaba a cargo de la Policía por el convenio que tiene la UNP con el Congreso. Pero, como reclaman varios, no se trataba de un senador común y corriente, sino de un precandidato presidencial al que se le debía garantizar la seguridad.

¿Qué responsabilidad tendría Augusto Rodríguez, director de la UNP? Para el senador Gallo y para el líder sindical de la entidad, él debe responder.

“Le cabe toda la responsabilidad. Por qué no lo recategorizó, por qué no fue riesgo extremo. Listo, si no lo recategorizó, por qué no le reforzó las medidas si había llamados de atención y tenía todos los factores de riesgo. Por qué no le garantizó lo básico que ya tenía”, cuestionó Gallo.

El caso de Miguel Uribe Turbay ha sido el más notorio, pero no se trata del único. Hay múltiples casos de líderes sociales y políticos, entre otros, que han solicitado robustecer sus esquemas de seguridad o que han pedido protección, pues no la tienen y han llegado tarde. Incluso, los casos de algunos que han sido asesinados quedaron en “ruta de protección”, es decir, seguían en estudio.

En contraste, otro de los informes conocidos por esta revista detalla los robustos esquemas de seguridad que tienen los directivos de la UNP, incluyendo el del director, Augusto Rodríguez. SEMANA se reserva describir cada uno de los esquemas por seguridad; sin embargo, en términos generales, cuentan con varias camionetas blindadas, personas de protección, chalecos antibalas, entre otros.

Es claro que el director de la UNP puede necesitar un esquema robusto por su dignidad y porque ya ha sufrido atentados. No obstante, el cuestionamiento surge porque esta medida es extensiva a otros directivos que aparentemente no tendrían mayores riesgos de seguridad y forman parte de las oficinas de planeación, talento humano, entre otros.

“Para estas personas hubo facilidad y capacidad operativa en términos logísticos, pero ¿por qué a Miguel, después de más de 20 solicitudes y factores de riesgo que eran claros y notorios, no le garantizaron siquiera el que ya le habían asignado?”, cuestionó Gallo.

En contraste, Hernán Cadavid, representante a la Cámara, denunció recientemente que algunas personas afines al proyecto político del presidente Gustavo Petro contarían con robustos esquemas de seguridad bajo la figura de “esquemas de emergencia”, entre los que estarían contratistas. SEMANA consultó a la UNP para contrastar esta información con el director Rodríguez; sin embargo, al cierre de esta edición no encontró respuestas.

Tanto Gallo como Barragán pidieron que el director de la UNP renuncie por las responsabilidades que tendría en este caso.