Opinión
¿Y el ELN, por qué no?
El presidente Gustavo Petro parece no haber calculado las consecuencias que traerá para los colombianos su debilidad frente al ELN.
Creo que hoy muchos, al igual que yo, nos sorprendimos positivamente —y no es fácil decirlo— con una decisión del presidente Gustavo Petro y de su gobierno: declarar como organizaciones terroristas al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo.
Esta determinación surge tras los dolorosos ataques contra nuestras Fuerzas Militares y de Policía, hechos que, en gran medida, fueron consecuencia de las políticas del propio gobierno, que terminaron por facilitar que estas agresiones se dirigieran directamente contra nuestras instituciones. Uno ocurrió contra la Policía Nacional, en Amalfi, Antioquia, y el otro contra la Fuerza Aérea, en Cali.
No obstante, considero que esta medida llega demasiado tarde. Ese era el camino que el gobierno debió asumir desde hace tiempo, fortaleciendo y respaldando de manera clara a las Fuerzas Armadas y de Policía. Estos no son los primeros ataques demenciales de dichas organizaciones y, lamentablemente, los colombianos ya estamos acostumbrados a ver en los titulares de prensa hechos terroristas perpetrados por estos grupos.
Ojalá esta decisión no termine siendo una de esas acostumbradas cortinas de humo a las que el gobierno nos tiene habituados para desviar la atención de sus problemas y de la baja imagen que enfrenta. Esperemos que no sea solo una estrategia política para mitigar consecuencias negativas, sino un verdadero giro en la forma de enfrentar a quienes atentan contra la seguridad y la vida de los colombianos.
Lo que sí resulta sorprendente es que, en ningún momento, el presidente de Colombia haya dado el mismo tratamiento al ELN, una organización que hoy actúa como socia principal del llamado Cartel de los Soles y del gobierno del dictador Nicolás Maduro.
Esta alianza está en la mira del Gobierno de Estados Unidos que, bajo la administración de Donald Trump, llegó incluso a movilizar buques de guerra y aviones de combate como parte de una operación destinada a enfrentar directamente a los carteles de la droga, en especial al Cartel de los Soles, integrado por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas.
El gran aliado de estas fuerzas militares es justamente el ELN, grupo guerrillero colombo-venezolano con presencia en ocho de los 24 estados de Venezuela, sobre todo, en las zonas fronterizas con Colombia. Allí, se han consolidado como una verdadera “tercera fuerza militar”, al punto de ser considerados la ‘policía rural’ del régimen de Maduro.
Su influencia se explica por el control territorial que ejercen en esas regiones, lo que les permite operar con libertad en un contexto de frontera porosa, mientras en el lado colombiano nuestras Fuerzas Armadas, limitadas por la política de “paz total”, prácticamente no actúan contra ellos.
El ELN se financia principalmente del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en ambos países. Y aquí surge una de las razones que explican por qué el presidente Gustavo Petro no los declaró organización terrorista: la estrecha relación de este grupo con el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo peso en la dinámica política y social de Venezuela es innegable. Esa protección les ha permitido consolidarse como una fuerza insurgente armada, facilitando además las actividades del Cartel de los Soles, sobre el cual Estados Unidos ha señalado directamente a Maduro como su principal responsable.
Da la impresión de que, por temor o por respeto al dictador venezolano, el presidente de Colombia decidió no incluir al ELN —ni tampoco al Cartel de los Soles— en la lista de organizaciones terroristas, pese a que varios países de la región, como Paraguay y Ecuador, ya lo han hecho, conscientes del grave impacto que estas estructuras narcotraficantes generan también en sus territorios.
La decisión de Petro de no incluir al ELN dentro de la lista de organizaciones terroristas, a diferencia de lo que hizo con otros grupos con los que mantiene diálogos en el marco de su política de “paz total”, tendrá varias implicaciones.
La primera, que puede considerarse positiva para su proyecto político, es que mantiene abiertas las puertas de negociación con esa organización narcotraficante, lo cual le permitiría, en el último año de su mandato, mostrar algún tipo de avance en el proceso de paz. Se trata de una decisión cuestionable, pero coherente con la ideología que ha defendido y que constituye una de sus prioridades.
Sin embargo, también existen consecuencias negativas, tanto para él como para el país. En el plano interno, es evidente la incidencia que el ELN ejerce en buena parte del territorio, lo que eventualmente podría traducirse en ventajas electorales para sus aliados políticos.
En el plano internacional, el costo es mucho más alto: esta decisión deteriora la relación con Estados Unidos, nuestro principal aliado, que actualmente desarrolla operaciones en el Caribe contra las redes del narcotráfico, en especial contra el Cartel de los Soles y sus socios —el ELN y las disidencias de las Farc—.
El Gobierno estadounidense, difícilmente, puede comprender que Colombia, en lugar de combatir frontalmente a estas estructuras criminales, dé señales de cercanía política. Esto refuerza la percepción de que el gobierno de Petro termina favoreciendo a la dictadura de Nicolás Maduro, no solo con gestos diplomáticos, sino también con decisiones que, de manera indirecta, fortalecen al Cartel de los Soles, cuyo aliado principal es justamente el ELN.
El presidente Gustavo Petro parece no haber calculado las consecuencias que traerá para los colombianos su debilidad frente al ELN, una actitud que impactará de manera directa en las políticas de seguridad, sociales y económicas del país.
Lo más preocupante es que el Gobierno muestra una complacencia excepcional con esta organización, algo que no ocurre con otros actores incluidos en la llamada “paz total”, salvo el Clan del Golfo. Los máximos jefes de varios de esos grupos se refugian en Venezuela, pero ninguno tiene el peso estratégico que para Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles representa el ELN.
Es evidente que las próximas elecciones en Colombia estarán influenciadas e incluso infiltradas por organizaciones narcotraficantes que, paradójicamente, hacen parte de la política de paz del actual gobierno. Petro ha buscado enviar un mensaje de dureza declarando a algunos de esos grupos como organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo mantiene negociaciones ocultas y, en el caso del ELN, un silencio que termina avalando de manera indirecta a Nicolás Maduro, cabeza visible del Cartel de los Soles.
El resultado de esta estrategia es grave: se garantiza el cultivo y producción de cocaína en nuestro territorio, para luego ser transportada, almacenada y comercializada por el Cartel de los Soles desde Venezuela.
Ya sabemos por qué el ELN no fue incluido en la lista. Ante esto, solo queda una opción: ¡unirnos como país o resignarnos a perder nuestra democracia!
