Lo ocurrido la semana anterior, cuando la honorable Corte Constitucional decidió, por mayoría, suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, mientras se realiza el estudio de fondo del citado decreto, resulta de la mayor relevancia para el país. Dicha norma ha sido seriamente cuestionada por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para la declaratoria de una emergencia económica.
Como consecuencia de esta decisión, quedó también sin efecto el Decreto Legislativo 1474 de 2025, que establecía medidas tributarias destinadas a atender el gasto del Presupuesto General de la Nación, el cual no había sido aprobado por el Congreso de la República, en un claro intento por socavar el principio de separación de poderes.
No debe sorprender a los colombianos que este gobierno recurra de manera reiterada a las vías de hecho con el propósito de convertirlas posteriormente en vías de derecho, prácticas que han sido lideradas y defendidas por el propio presidente de la República. Todo ello evidencia un preocupante desconocimiento, o desinterés, frente al juramento que realizó el día de su posesión de cumplir y defender la Constitución y la ley. Queda claro que este compromiso no ha sido, ni es, ni será una prioridad de su gobierno, tal como tampoco lo fue durante la campaña que lo condujo a la Presidencia.
Es importante recordar hechos que demuestran que el respeto por las normas no ha sido una de sus prioridades. Entre ellos, la violación de los topes de gastos de campaña y los cuestionados ingresos a la misma, hechos que hoy se encuentran plenamente acreditados por los órganos de control competentes. A ello se suman los acuerdos con grupos al margen de la ley, como el denominado Pacto de La Picota, y las serias denuncias sobre el apoyo recibido de organizaciones ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, muchas de las cuales hoy se encuentran en procesos de negociación con su gobierno dentro de la ya fracasada política de paz total.
Durante los ya casi cuatro años de gobierno se han presentado hechos absolutamente claros y contundentes que demuestran el poco interés del Ejecutivo en cumplir el ordenamiento jurídico colombiano. Para este gobierno, las decisiones de carácter político han primado, aun cuando carezcan de justificación y sustento jurídico para convertirse en leyes de la República.
Por ello resulta pertinente hacer un inventario de las normas que han terminado siendo declaradas inconstitucionales, bien por la Corte Constitucional, que ha actuado de manera ejemplar, como en el caso de la emergencia económica, o por el Consejo de Estado en otros asuntos. Vale la pena recordar algunas de ellas.
La primera es la conocida norma incluida en el Plan Nacional de Desarrollo mediante la cual se creó el denominado Ministerio de la Igualdad, una iniciativa impulsada por la hoy ausente vicepresidenta Francia Márquez, concebida como un artificio institucional para contar con un ministerio a su medida, con amplia discrecionalidad para desarrollar su agenda política.
Dicha creación fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional debido a un vicio de procedimiento insubsanable, al no haberse realizado en el Congreso de la República el análisis de impacto fiscal exigido para la creación de una nueva entidad de esta naturaleza. Este error fue considerado imposible de corregir, razón por la cual la Corte declaró su inexequibilidad, limitando la vigencia del ministerio hasta el año 2026.
Pero este no fue el único exceso contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. En el mismo instrumento normativo también se vulneró la autonomía territorial, al otorgarse al Ministerio de Agricultura competencias que constitucionalmente corresponden a los entes territoriales, en un claro intento por concentrar funciones y avanzar en una política de expropiación encubierta de la propiedad privada de los colombianos.
Por parte del Consejo de Estado también existen decisiones relevantes que evidencian los excesos de este gobierno. Basta recordar el llamado ‘decretazo de la salud’, el cual fue suspendido provisionalmente al pretender modificar aspectos estructurales del sistema de salud sin contar con competencia legal para ello. Una vez más, el Gobierno recurrió a vías de hecho para exigir facultades extraordinarias, en abierta violación del ordenamiento jurídico.
En la misma línea, el Consejo de Estado suspendió el decreto mediante el cual se convocaba a la denominada consulta popular, al haberse expedido sin el concepto previo y favorable del Senado de la República, requisito constitucional indispensable. Este nuevo intento de imponer decisiones por fuera de la ley confirma una práctica reiterada del Ejecutivo: desconocer los controles institucionales cuando estos no se alinean con sus intereses políticos.
Quizás una de las decisiones que mayor molestia generó en el presidente de la República fue aquella en la que el Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones implementar mecanismos de control previo a las alocuciones presidenciales transmitidas por los canales públicos y privados. En su afán autoritario, el presidente calificó esta medida como censura, una apreciación tan errada como peligrosa. Lo que realmente se buscaba era evitar el uso abusivo de los medios de comunicación del Estado para fines políticos, una práctica que recuerda las formas de actuar de regímenes autoritarios como los encabezados en su momento por Hugo Chávez y hoy por Nicolás Maduro, con un único propósito: debilitar progresivamente la democracia.
Estas actuaciones dejan un profundo sinsabor frente al papel de algunos magistrados de la Corte Constitucional que anteriormente hicieron parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya sea como secretarios jurídicos o como abogados de sus causas. La cercanía previa con la Casa de Nariño genera serias dudas sobre su independencia, especialmente cuando persiste la percepción de comunicaciones directas con el Ejecutivo incluso después de asumir la toga.
Ello obliga a formular una pregunta legítima y preocupante: ¿actúan estos magistrados con una sola cara como jueces constitucionales, o mantienen otra como cabilderos del gobierno? La reciente decisión de suspender el Decreto 1390 dejó al descubierto una práctica que erosiona gravemente la confianza en las instituciones.
El salvamento de voto del magistrado Fernández dista mucho de ser una pieza de doctrina jurídica; por el contrario, parece un acto de lealtad burocrática que constituye un ataque directo a la imparcialidad judicial. Bajo el rótulo de “independencia de criterio”, se pretende justificar el alineamiento con el Gobierno nacional para permitir que normas favorables a su antiguo jefe transiten sin control, legalizando y blindando las vías de hecho.
Las decisiones adoptadas la semana anterior por el Banco de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral demuestran que Colombia cuenta con una democracia sólida, sustentada en la efectiva separación de poderes. De no existir esta institucionalidad, no cabe duda de que las decisiones del actual gobierno nos habrían conducido a un modelo similar al que rigió en Venezuela hasta comienzos de este año.
Gracias a la fortaleza de nuestras instituciones, el país se ha salvado de tener un gobierno de hecho y de ver materializada aquella advertencia formulada durante la pasada campaña presidencial: “Si quieren que Colombia se parezca a Venezuela, voten por Gustavo Petro”.
Hoy, gracias a esa institucionalidad, Colombia sigue siendo una democracia y no una nación sometida al capricho del poder.
