La semana pasada fue, sin lugar a dudas, una de las más difíciles para las relaciones entre Colombia y Ecuador. Esto se debe a la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar, de manera que algunos analistas consideran apresurada, un impuesto adicional del 30 % a los productos importados desde Colombia, medida que ha sido calificada por varios sectores como un arancel encubierto.
Esta decisión parece inspirarse en las políticas adoptadas por el presidente Donald Trump frente a distintos países, utilizadas como herramienta de presión para renegociar lo que considera relaciones comerciales inequitativas con los Estados Unidos, estrategia que en varios casos le ha dado resultados. No cabe duda de que algo similar es lo que el presidente Noboa quiso, o quiere, replicar en su relación con el Gobierno colombiano.
La diferencia está en que la implementación de esta sobretasa de seguridad, impuesta a partir del 1 de febrero, tiene, según el presidente Daniel Noboa, una justificación clara en la grave situación de seguridad que desde hace muchos años se presenta en la frontera con Colombia, pero que se ha agudizado durante el Gobierno del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.
Es evidente que una parte importante de los aliados de la denominada paz total son líderes reconocidos del narcotráfico, quienes hoy utilizan de manera sistemática los puertos del Pacífico. Ecuador, a diferencia de Colombia, que no cuenta con puertos de gran escala en su litoral pacífico, dispone de al menos ocho puertos que se han convertido en una alternativa clave para la salida de narcóticos hacia los mercados de Estados Unidos y otros continentes.
Así lo ratificó el excomandante general de la Policía del Ecuador, general Faustino Salinas, en una reciente edición de la revista SEMANA, donde afirmó que la crisis de seguridad puede superarse si se retoma la erradicación de los cultivos ilícitos. Además, señaló que en Colombia se les ha otorgado demasiadas ventajas a los grupos ilegales. Incluso reconoció que, en Ecuador, cuando se pactaron acuerdos con organizaciones criminales en busca de la paz, estas no solo mantuvieron, sino que incrementaron sus actividades ilícitas, una situación que no dista de lo que hoy ocurre en Colombia con la fallida política de paz total.
No obstante, hay otro hecho contundente que se suma a la decisión del presidente ecuatoriano y que tiene relación directa con lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero: la captura de Nicolás Maduro y el posterior control del territorio venezolano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, especialmente en la ofensiva contra el denominado Cartel de los Soles.
Este escenario obligó a quienes eran sus aliados, y también aliados del gobierno de Gustavo Petro en el marco de la paz total, como el ELN y las disidencias de las FARC, a replegarse masivamente hacia Colombia. Estos grupos narcoguerrilleros, ante el cierre del mar Caribe como ruta de salida, se vieron forzados a buscar alternativas para comercializar la producción de cocaína. La única opción viable que encontraron fue la frontera con Ecuador.
Es precisamente por esta razón que el presidente Daniel Noboa adoptó decisiones que, sin duda, fueron coordinadas con el Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de controlar y blindar la frontera con Colombia, una zona que, debido a su alta porosidad, se convirtió en la principal ruta para la salida de narcóticos producidos en Colombia.
El presidente Noboa es consciente de que para garantizar un cierre efectivo de la frontera se requiere necesariamente un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, sabe que esta presión puede generar efectos positivos, especialmente teniendo en cuenta que el próximo 3 de febrero se realizará una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia.
Según lo acordado en la reunión preparatoria entre la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los temas centrales serán la lucha contra el crimen organizado transnacional y la seguridad regional, con especial énfasis en la seguridad fronteriza, donde Ecuador ocupa un lugar clave.
El presidente Daniel Noboa ha sido claro al comunicar tanto al Gobierno de los Estados Unidos como al de Colombia que Ecuador se ha convertido hoy en el principal receptor de la mayor parte de la cocaína producida en Colombia, fenómeno que hasta hace pocos días compartía con Venezuela.
Esto ocurre pese a que ni en territorio venezolano ni en territorio ecuatoriano existen cultivos de hoja de coca ni laboratorios de producción, lo que confirma que ambos países están siendo utilizados únicamente como corredores estratégicos para el tráfico internacional de drogas.
En el caso de Ecuador, su territorio se ha convertido en un puente clave para la exportación de cocaína de los carteles mexicanos y albaneses, aprovechando los ocho puertos que posee sobre el océano Pacífico. Ya no se trata únicamente de droga proveniente del sur de Colombia. Información de inteligencia confirma que la cocaína que antes salía por Venezuela, controlada por el Cartel de los Soles y por los aliados de la paz total del gobierno colombiano, como el ELN y las disidencias de las Farc, ha sido redirigida hacia la frontera con Ecuador.
Esto se debe a las operaciones militares adelantadas por los Estados Unidos en el Caribe y en territorio venezolano, lo que ha dejado a Ecuador como la única alternativa viable para la salida de la cocaína producida en Colombia hacia los mercados internacionales.
Con estos antecedentes, resulta comprensible la decisión del presidente Noboa de imponer una sobretasa a las importaciones de productos colombianos, con el propósito de financiar medidas que permitan reforzar y blindar una frontera altamente porosa con Colombia. Asimismo, el presidente ecuatoriano anticipó, conociendo bien al presidente Gustavo Petro, que el Gobierno colombiano reaccionaría con represalias en materia energética, suspendiendo la venta de energía a Ecuador. Sin embargo, lo que no calculó el gobierno colombiano es que hoy Ecuador cuenta con suficiente capacidad energética para abastecer su consumo interno.
En este contexto, al presidente Gustavo Petro no le queda otra alternativa que iniciar de manera inmediata un diálogo con el presidente Noboa, previo a la reunión del 3 de febrero con el presidente Donald Trump. Dicho diálogo debe estar orientado a definir estrategias conjuntas para controlar y blindar la frontera frente a las organizaciones criminales que buscan sacar la cocaína actualmente acumulada en territorio colombiano a través de los puertos ecuatorianos.
Un acuerdo previo a esa reunión enviaría un mensaje positivo por parte del gobierno colombiano y serviría como antesala a una lucha decidida contra los grupos narcotraficantes. Más aún cuando, como ya se ha señalado, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los temas prioritarios en la agenda entre Colombia y los Estados Unidos.
Avanzar en esta dirección permitiría al presidente Petro, y al país, recuperar la confianza del gobierno estadounidense en una política que para ellos es prioritaria: la lucha contra las drogas. Confianza que hoy sí tiene el presidente de Ecuador, quien se ha consolidado como uno de los principales aliados de los Estados Unidos y del presidente Trump en el combate contra este flagelo.
