Sí se puede

Definitivamente, lo ocurrido la semana pasada con la elección, por parte del Senado de la República, de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional a partir de la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, resultó ser un revés político para el presidente Gustavo Petro.

Desde hace varios meses, el presidente venía preparando una estrategia para asegurarse mayorías dentro de la Corte Constitucional. Su propósito no era únicamente obtener beneficios durante lo que resta de su mandato, sino consolidar un poder que se extendiera más allá de su periodo presidencial, proyectándose incluso para los próximos ocho años. Una estrategia que, según sus críticos, replica lo ocurrido en países como Nicaragua y Venezuela, donde sus gobernantes se aseguraron el control de todas las instituciones con el fin de perpetuarse en el poder bajo esquemas cercanos a dictaduras.

Días antes de la elección, el presidente convocó en el Palacio de Nariño a los congresistas de su partido, así como a ministros que representaban a partidos políticos fragmentados por las divisiones internas que el propio Gobierno había incentivado. La instrucción fue clara: garantizar los votos suficientes para que la jurista María Patricia Balanta resultara elegida. Petro fue enfático en señalar que, de no alcanzarse este objetivo, los ministros tendrían que presentar su renuncia inmediatamente después de conocerse los resultados.

Sin embargo, el desenlace fue contrario a lo esperado: Balanta sufrió una contundente derrota frente a Carlos Camargo, hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien contó con el respaldo unificado de toda la oposición, logrando una diferencia superior a los 20 votos.

La elección de Camargo no solo significó una derrota para el Gobierno, sino que podría convertirse en un punto de inflexión —un nuevo “Florero de Llorente”— que marque el inicio de una unión más sólida de la oposición frente a Gustavo Petro y sus cuestionados aliados. Entre ellos destacan los actores de la llamada “paz total”, grupos señalados de actividades delincuenciales y narcotráfico, cuya estrategia principal sería consolidar mayorías para las elecciones presidenciales de 2026 y garantizar el control del próximo Congreso de la República.

Una estrategia que, como advierten algunos analistas, ya fue puesta en práctica en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, consolidando un régimen que, bajo la apariencia de democracia, derivó en una dictadura.

La elección del magistrado Carlos Camargo envía un mensaje claro: la unión de diversos partidos y sectores políticos que, pese a sus diferencias internas y a que algunos de sus miembros habían respaldado al actual Gobierno, lograron trabajar juntos con un propósito común: salvaguardar la democracia desde la Corte Constitucional. Con esta decisión, se puso un freno a la estrategia del presidente Gustavo Petro de influir en la composición de la Corte para impulsar iniciativas contrarias a la solidez institucional del país. El gran triunfo, más allá de los nombres, fue la defensa de la independencia de poderes, pilar fundamental de la democracia que anhelan los colombianos.

Este hecho también refleja el mensaje político de fondo: la oposición en Colombia ha demostrado su capacidad de incidir en las decisiones trascendentales de la nación, especialmente desde el Senado de la República. No es un caso aislado, pues en los últimos meses ya se habían tomado dos decisiones cruciales: negar la convocatoria a una consulta popular en materia laboral y ahora impedir que el Gobierno impusiera a su candidata en la Corte Constitucional, a pesar de haber recurrido a todo tipo de prácticas cuestionables —incluida la llamada “mermelada”—. El resultado fue contrario al esperado: el oficialismo perdió apoyos, incluso entre sus propios aliados, y la oposición terminó cohesionada alrededor de la elección de Camargo.

A estos acontecimientos se suma un hecho lamentable: el asesinato de Miguel Uribe, que según las investigaciones habría sido perpetrado por actores vinculados a la política de “paz total”. Este crimen aceleró la toma de conciencia de una oposición que hasta hace poco permanecía fragmentada, lo que había sido aprovechado estratégicamente por el Gobierno bajo la lógica maquiavélica de “divide y reinarás”.

Hoy, tanto los partidos políticos como los líderes que aspiran a la presidencia se ven obligados a replantear sus posturas individuales. El escenario ya no se centra en la división entre candidatos de centro y de derecha, sino en un objetivo común: recuperar y fortalecer la democracia. En esa ruta, la oposición parece decidida a no admitir dentro de sus filas a precandidatos que en algún momento hayan respaldado, de forma directa o indirecta, al actual Gobierno del presidente Petro.

La estrategia de la oposición debe centrarse en lograr la unidad en torno a un único candidato presidencial, no solo pensando en las dos vueltas de mayo y junio, sino también utilizando otros mecanismos como las consultas de octubre y marzo —que coinciden con las elecciones parlamentarias—, así como encuestas a finales de este año y comienzos del próximo. El objetivo es claro: asegurar la consolidación de una sola candidatura que enfrente al bloque de aliados del actual Gobierno, el cual seguramente impulsará un aspirante único del Pacto Histórico, acompañado por quienes fueron parte de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y que han respaldado su gestión.

Hoy, la mayoría de los colombianos nos reconocemos como opositores de un Gobierno que no pasa un solo día sin que alguno de sus aliados o dirigentes esté vinculado con actividades delictivas. Desde los cuestionamientos a la financiación de la campaña, pasando por el escándalo histórico de la UNGRD —que no solo enriqueció al círculo más cercano al presidente, sino que además benefició con contratos a grupos vinculados a la llamada “paz total”, como el ELN—, hasta los recientes casos de corrupción descubiertos en Ecopetrol, la empresa más importante del país.

Ante esta realidad, la desconfianza ciudadana se convierte en un motor para la unidad. Si logramos consolidar un candidato único y renovar de manera profunda el Congreso —donde, salvo contadas excepciones, debería evitarse la reelección de quienes hoy ocupan curules—, será posible recuperar la confianza de los colombianos.

Sí, se puede, y unidos lo vamos a lograr.