La semana pasada asistí a uno de los eventos del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, magníficamente organizado por la Universidad Externado de Colombia. Se trató de un panel sobre reformas institucionales en el que participaron dos grandes académicos: Francisco Barbosa y Humberto Sierra Porto.
Mientras escuchaba la discusión —por demás de altísimo nivel académico—, terminé pensando en una conclusión que va mucho más allá de cualquier debate jurídico: la fortaleza del Estado de derecho depende tanto del diseño institucional como del carácter de quienes ocupan las instituciones. Me explico: una Corte Constitucional no firma sentencias por generación espontánea, ni una Fiscalía General toma decisiones por inercia. Detrás de cada institución hay personas llamadas a decidir si hacen respetar la Constitución o ceden ante las presiones del poder.
El Gobierno de Gustavo Petro terminó por demostrar esa idea. Existe un consenso en que la Constitución de 1991 construyó un sólido sistema de contrapesos que ha contenido los intentos de ruptura institucional. Pero esa fortaleza no surge por sí sola ni es una cualidad mágica de los textos constitucionales. Las instituciones son fuertes porque, en momentos decisivos, quienes las encarnan tienen la independencia y el coraje para hacerlas respetar, incluso cuando ello supone enfrentarse al gobernante de turno.
Aquí aparecen los profesores Humberto Sierra Porto y Francisco Barbosa. En momentos distintos, frente a gobiernos distintos y ante amenazas diferentes, ambos asumieron la responsabilidad de defender el Estado de derecho.
El momento de Humberto Sierra Porto llegó en 2010, cuando fue ponente de la sentencia que declaró inexequible la ley que convocaba el referendo para habilitar una segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. De haberse aprobado esa reforma, la Constitución de 1991 habría sufrido uno de los golpes más severos desde su expedición y el equilibrio entre los poderes públicos habría quedado profundamente comprometido.
Hoy aquella decisión puede parecer evidente, pero no lo era. En medio de un gobierno con una popularidad extraordinaria y un amplio respaldo ciudadano, se necesitaban independencia y valentía para frenar una concentración excesiva del poder. La sentencia quedó sustentada en una argumentación jurídica sólida, demostrando que la rigurosidad de Sierra Porto no se negociaba ni siquiera ante la urgencia del momento histórico.
El caso de Francisco Barbosa fue diferente. Como fiscal general, comprendió muy pronto el riesgo institucional que representaban varias actuaciones del Gobierno de Gustavo Petro. Desde el primer momento enfrentó los embates del Ejecutivo con un claro sentido de la autonomía de la Fiscalía. Durante cerca de año y medio sostuvo una confrontación institucional, muchas veces prácticamente en solitario y frente a un sector de la opinión que intentó desacreditarlo con toda clase de infamias y disparates.
Los episodios fueron numerosos. Barbosa cuestionó desde el inicio la política de Paz Total, cuando advirtió que podía comprometer principios esenciales del Estado de derecho. Se negó a suspender órdenes de captura de narcotraficantes solicitados en extradición, pese a la intensa presión política. Con el tiempo, las investigaciones periodísticas revelaron que esas decisiones estaban rodeadas de negociaciones oscuras entre funcionarios del Gobierno y estructuras criminales. También enfrentó los reiterados intentos del presidente Petro por desconocer la autonomía de la Fiscalía, incluido aquel episodio en el que afirmó públicamente que el fiscal general era su subordinado.
Barbosa nunca cedió frente a esa pretensión. Se mantuvo firme en defensa de la Constitución cuando muchos preferían minimizar las derivas autoritarias del Gobierno. Sin ese dique de contención, el camino del Ejecutivo para profundizar su política de concesiones frente al narcotráfico, someter la autonomía de la Fiscalía y reducir los costos políticos de los escándalos de corrupción que comprometieron a su entorno habría quedado completamente despejado. Tengo serias dudas de que, sin esa resistencia institucional, el desenlace político del gobierno Petro fuera el mismo.
Los casos de Barbosa y Sierra Porto no son excepcionales. La historia constitucional colombiana está llena de dirigentes, jueces y servidores públicos que, en momentos decisivos, antepusieron la defensa de las instituciones a las conveniencias políticas del momento. La reforma constitucional de 1910, los pactos de Benidorm y Sitges o la Asamblea Constituyente de 1991 no fueron milagros jurídicos; fueron actos de madurez política y carácter individual. Eso es lo que explica que hoy tengamos el sentido institucional —poco común en la región— que a la postre nos permitió sobrevivir a Petro.
Es precisamente el ejemplo de todos ellos el que explica la fortaleza institucional que hoy tiene Colombia. Las instituciones no nacen fuertes por obra y gracia del Espíritu Santo: se fortalecen cuando, generación tras generación, aparecen personas dispuestas a superar la prueba del carácter.