En el gobierno de Gustavo Petro le cambiaron el nombre al Ministerio de Cultura para sonar más incluyentes. Le agregaron palabras al membrete oficial, pero en la realidad del territorio terminaron excluyendo las artes, las culturas y los saberes. ¡Vaya paradoja!
Durante años se construyó un relato político según el cual solo una corriente ideológica podía hablar en nombre de los pobres, de los artistas y de las artes y las culturas. Como si la sensibilidad social tuviera dueño y el compromiso con el patrimonio nacional dependiera de una sola visión política. Poco a poco intentaron convencernos, casi de manera silenciosa, de que las artes y las culturas tenían propietario. De que la cultura era de izquierda y los artistas también. Pero la cultura no milita en partidos políticos. La obra de Gabriel García Márquez no es de izquierda; las canciones de Rafael Escalona no le pertenecen a la derecha; el vallenato no vota y el Wayuunaiki no carga un carné de militancia.
Uno de los errores más costosos de cualquier proyecto político consiste en confundir el Estado con el gobierno y el patrimonio de una nación con el patrimonio ideológico de quienes ejercen temporalmente el poder. Las instituciones públicas existen para administrar bienes comunes, no para administrar identidades políticas. Sin embargo, el gobierno saliente terminó apropiándose del relato cultural como si las artes y las culturas fueran una extensión de su proyecto político. Y di tú si fuera solo eso: además de convertir el sector en un escenario permanente de propaganda, la gestión pública terminó dejando más cuestionamientos que resultados.
Contrario a lo que muchos podrían pensar, yo no critico esta gestión por un capricho personal ni porque el presidente me caiga bien o mal. Para mí, el presidente no es un individuo; es la cabeza de un Estado cuya responsabilidad consiste en transformar los recursos públicos en resultados para los ciudadanos. La legitimidad de un gobierno no se mide por la fuerza de sus discursos, sino por su capacidad para ejecutar, administrar y resolver. Por eso, para no caer en la trampa de la polarización estéril, hoy no les voy a hablar de discursos, les voy a hablar de números.
El año 2023 fue la vigencia en la que el sector cultural contó con el mayor presupuesto de inversión de su historia, superando los $723.000 millones. Nunca antes el Estado colombiano había destinado tantos recursos para las artes y las culturas. Sin embargo, durante el primer semestre de ese mismo año la ejecución del presupuesto de inversión avanzaba con enorme lentitud y, al cierre de la vigencia, una parte significativa de esos recursos seguía sin convertirse en resultados efectivos para los territorios. La paradoja resulta inevitable: el gobierno que más habló de cultura terminó enfrentando serios cuestionamientos por la incapacidad de transformar esa bonanza presupuestal en oportunidades reales para artistas, gestores, bibliotecas, escuelas de formación y procesos culturales.
Y ahí aparece una lección que trasciende cualquier gobierno. Cuando la política pública deja de medir su éxito por los resultados y empieza a medirlo únicamente por la afinidad ideológica, pierde aquello que le da sentido: transformar la vida de las personas. Las ideologías son perfectamente legítimas en democracia; lo que deja de ser legítimo es utilizar las instituciones del Estado para convencer a los ciudadanos de que solo una corriente política puede representar aquello que le pertenece a todos. Durante años se intentó instrumentalizar al creador, convirtiéndolo muchas veces en un vehículo de las disputas políticas del momento, pero el artista colombiano no necesita que el Estado le diga qué pensar, necesita que el Estado cree las condiciones para vivir dignamente de su talento, con autonomía, libertad creativa y oportunidades reales de crecimiento.
Por eso recibo con optimismo el inicio de esta nueva etapa. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene ahora la oportunidad —y también la responsabilidad— de demostrar que las artes y las culturas pueden administrarse desde una lógica distinta: menos ideología, más Estado; menos relato, más resultados. Ese será, quizás, el mayor desafío de este nuevo tiempo político. La verdadera revolución cultural no consiste en cambiar el color ideológico del Ministerio, consiste en dejar de administrar las artes y las culturas como un gasto y empezar a entenderlas como la infraestructura social más poderosa que tiene Colombia.
Una casa de cultura abierta vale más que cien discursos sobre inclusión. Una biblioteca viva transforma más vidas que cualquier campaña publicitaria. Un proceso artístico que permanece durante años construye ciudadanía, fortalece la identidad y previene violencias mucho antes de que tenga que intervenir un juez, un policía o un médico, eso significa dejar capacidad instalada. Eso significa hacer política pública basada en la gerencia, la eficiencia territorial y la permanencia de los procesos. Significa comprender que el éxito de un gobierno no se mide por el número de eventos que inaugura, sino por las capacidades que deja instaladas en su gente y en sus territorios.
Ese es, precisamente, el reto que tiene por delante el nuevo gobierno: demostrar que sí es posible administrar con rigor, descentralizar con resultados, dignificar al artista, proteger nuestro patrimonio y convertir las artes y las culturas en un verdadero motor de desarrollo. Se acabaron los discursos vacíos y la fragmentación partidista de nuestra identidad. Lo que Colombia necesita no es otro relato cultural, necesita un Estado capaz de ejecutar, de llegar a las regiones y de transformar la inversión pública en oportunidades reales para millones de colombianos. Porque los gobiernos pasan. La capacidad instalada que un Estado deja en su gente y en sus territorios es la que termina escribiendo la historia.
“La cultura no transforma un país por los eventos que realiza. Lo transforma por las capacidades que deja instaladas en su gente y en sus territorios”.