Para la verdad, el tiempo

Esta semana ocurrieron dos hechos que no pueden pasar desapercibidos dentro de una estrategia cuidadosamente planificada desde hace años por una antigua alianza entre Hugo Chávez y Gustavo Petro. Dicha alianza busca establecer en la frontera entre Venezuela y Colombia una zona binacional cuyos verdaderos objetivos han sido advertidos, entre otros, por el expresidente Álvaro Uribe: la creación de una “gran Cuba”, es decir, la cesión de soberanía nacional al régimen de Nicolás Maduro en un territorio dominado por el terrorismo y el narcotráfico.

El segundo hecho, igualmente relevante, fue la inmediata reacción del Gobierno de Estados Unidos, que designó al Cartel de los Soles —directamente vinculado con el presidente Maduro— como una organización terrorista internacional. Esta decisión se anunció tras la firma del memorando de entendimiento para la zona binacional, el cual se enmarca en la estrategia geopolítica impulsada por Petro y Maduro.

El acuerdo fue firmado por la ministra de Comercio de Venezuela, Coromoto Godoy, en presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y por la recién posesionada ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas. También participó el controvertido pastor Alfredo Saade, quien avaló el acuerdo en nombre del Gobierno colombiano, afirmando: “Estamos negociando con un gobierno legítimamente establecido en Venezuela, elegido por su pueblo”.

Esto ya lo había advertido en la columna que publiqué en este mismo medio el 12 de marzo del presente año, titulada ‘Catatumbo’; lo que entonces era una hipótesis sustentada en hechos y señales preocupantes, hoy se confirma como una realidad innegable. En dicha columna manifesté lo siguiente, en apartes que hoy cobran plena vigencia tras los dos hechos que acabo de señalar:

“Lo que los colombianos no podemos ignorar es la manera en que el actual gobierno, amparado en la grave crisis de orden público en el Catatumbo, está ejecutando una estrategia que, como ya he señalado en columnas anteriores, parece tener un claro componente binacional.

No tengo dudas de que esta estrategia cuenta con el aval del dictador Nicolás Maduro y su nuevo socio, el ELN, así como con la complacencia del presidente Gustavo Petro y su gobierno. A través de la fallida política de paz total, se ha permitido que estos actores se apropien de la región, allanando el camino para la implementación de una legislación y política binacional especial.

Existen múltiples razones que sustentan esta afirmación. La principal y más preocupante amenaza en el Catatumbo es el ELN, una organización criminal y narcotraficante de carácter binacional que ha asumido el rol de autoridad fronteriza con el respaldo de Nicolás Maduro y sus Fuerzas Militares. Su objetivo ha sido claro: fortalecer el funcionamiento del Cartel de los Soles como socio estratégico, facilitando el cultivo y la producción de cocaína en Colombia y su exportación desde territorio venezolano”.

Hoy, el tiempo tristemente me da la razón. Lo que era una advertencia fundada se ha convertido en un hecho consumado, que compromete la soberanía nacional y consolida una estructura criminal transnacional en la frontera colombo-venezolana.

No creo haberme quedado corto en el análisis que en su momento expuse sobre la estrategia que busca debilitar progresivamente la democracia colombiana, liderada por el presidente Gustavo Petro y diseñada para favorecer a su aliado, Nicolás Maduro. Aunque Petro insista públicamente en que no reconocerá el mandato de Maduro hasta conocer las actas electorales, en la práctica ese reconocimiento ya ha sido otorgado de forma tácita a través de las acciones de sus funcionarios de confianza.

En aquella columna titulada ‘Catatumbo’, publicada meses atrás, advertí con claridad:

“No hay duda de que existe un acuerdo explícito entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para la creación de una zona binacional. Esta idea no es nueva; surgió en 2022 cuando Petro la propuso a Maduro —hoy dictador— como una ‘zona económica especial’, propuesta que él mismo ratificó en septiembre de 2024”.

Y en otro apartado, señalé con contundencia:

“La creación de esta Zona Económica Especial (ZEE) es, en realidad, una estrategia geopolítica para establecer una región binacional independiente, probablemente como parte de un acuerdo de paz con el ELN. Su verdadero propósito es consolidar un territorio similar a Gaza, que fortalezca políticamente tanto a Petro como a Maduro, así como a la guerrilla, dado su escaso respaldo interno. Con esta maniobra, ambos gobiernos, cuyos días en el poder están contados, buscan garantizar un espacio donde puedan continuar ejerciendo influencia y control bajo el pretexto de un desarrollo económico especial”.

Aunque el memorando de entendimiento firmado recientemente entre Colombia y Venezuela —en principio— no requeriría aprobación del Congreso de la República, ambos gobiernos son conscientes de que el verdadero objetivo de este acuerdo trasciende lo económico. Más allá de promesas de proyectos productivos —que, en la práctica, no existen en ninguna de las zonas fronterizas—, este memorando persigue consecuencias de naturaleza eminentemente política: favorecer la legitimidad de la dictadura venezolana en la región y consolidar una estrategia que, sin duda, lidera el presidente Petro.

No tengo reparos en afirmarlo: esta maniobra hace parte de un intento sistemático por romper los lazos con Estados Unidos. Es una estrategia que apunta, incluso, a provocar la negativa del Gobierno estadounidense de otorgar la certificación sobre cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Con ello, el presidente Petro buscaría victimizarse ante la comunidad internacional y abrir el camino hacia alianzas con regímenes ideológicamente afines, de los que espera recibir apoyo económico y político para incidir en las elecciones de 2026.

Sin embargo, al leer en su totalidad el texto del memorando de entendimiento, saltan a la vista elementos profundamente preocupantes. Todo indica que fue intencionalmente diseñado para evitar su paso por el Congreso de la República, así como la revisión de los órganos judiciales del país. Esa omisión no es casual: el documento establece compromisos que, en varios casos, resultan altamente cuestionables y cuya eliminación solo sería posible mediante un acuerdo mutuo entre las partes firmantes.

Uno de los aspectos más graves es que el memorando fija una vigencia inicial de cinco años, con renovaciones automáticas por períodos iguales. Además, cualquier modificación a su contenido requiere el consentimiento expreso y por escrito de ambas partes, lo que limita cualquier capacidad unilateral del Estado colombiano de rectificar el rumbo si se identifican riesgos o perjuicios para el interés nacional.

Resulta urgente que los precandidatos presidenciales, el Congreso actual y el que vendrá comprendan la magnitud del riesgo que implica la creación de esta zona binacional. Más aún después de conocerse la reciente investigación publicada por esta misma revista, que advierte sobre las conexiones entre Hezbolá, Irán y el régimen de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, particularmente en el Catatumbo, en alianza con el ELN y el Cartel de los Soles. Todo esto configura una amenaza real y creciente para la democracia colombiana y para la transparencia de las elecciones que se aproximan.