Otro escándalo que se suma a la crisis del gas

La situación del gas en Colombia es sumamente preocupante y tiene su origen en la política energética que el gobierno actual ha venido implementando sin obtener resultados concretos. Desde el inicio de su mandato, el presidente de la República expresó la necesidad de reducir la dependencia de los hidrocarburos, en particular del petróleo y el gas, apostando por fuentes alternativas de energía. Esta estrategia ha generado consecuencias alarmantes, como lo evidencian las recientes cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que indican una reducción significativa en las reservas de gas del país.

A esta crisis se suman dos hechos particularmente graves que empeoran aún más la situación. En primer lugar, los medios de comunicación han reportado ampliamente sobre la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya investigación —ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación— podría haber excedido sus atribuciones en el caso de Naturgás y su presidenta, Luz Estella Murgas.

El segundo aspecto crítico está relacionado con la negociación del bloque Sinú-9, la mayor reserva de gas en Colombia, cuya explotación garantizaría la autosuficiencia del país con una producción equivalente al 5,17 % del total nacional; sin embargo, hay un hecho que, seguramente, va a generar un escándalo sin precedentes por las serias irregularidades y conflictos de intereses que puede pasar la línea y convertirse en hechos delictivos.

La historia, en resumen, es la siguiente: recientemente, las compañías NG Energy, de capital canadiense, y Maurel & Prom anunciaron la compra del 40 % del bloque Sinú-9 por un valor de 150 millones de dólares. De esta suma, se efectuó un pago inicial de 20 millones de dólares, mientras que el saldo restante quedó condicionado a la aprobación de la cesión de derechos de parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El problema radica en los actores involucrados en esta negociación. NG Energy, la empresa vendedora, tiene entre sus accionistas (con una participación del 19,9 %) a Serafino Iacono, expropietario de la desaparecida y cuestionada Pacific Rubiales. Además, en su junta directiva figura Ronald Pantin, otro exdirectivo de Pacific Rubiales, cuya familia se vio envuelta en un escándalo relacionado con la cesión de un campo de exploración de crudo en el Valle Medio del Magdalena, aprobada por la ANH en diciembre de 2024.

NG Energy, donde figuran Iacono y Pantin, había firmado un acuerdo de evaluación con Hocol, filial de Ecopetrol, para vender su participación en Sinú-9. No obstante, la operación se detuvo aparentemente debido a la venta de un apartamento de una sociedad de Iacono a un alto directivo de Ecopetrol.

Este episodio es apenas un detalle menor frente a un conflicto mayor: la disputa por la propiedad del bloque Sinú-9, que ya ha desatado litigios en Panamá y que se extiende a Colombia y Estados Unidos. En este escándalo podrían estar involucrados funcionarios de la ANH, empresas petroleras y actores del sector energético, debido a la asignación de licencias, conflictos de interés y posibles inconsistencias en la información divulgada en los mercados internacionales por parte de la ANH.

El origen de la controversia se remonta a un acuerdo privado entre dos empresas petroleras que decidieron unir fuerzas, aprovechando sus capacidades técnicas, operativas y financieras, para obtener la licencia del bloque Sinú-9.

Según este acuerdo, la empresa Clean Energy Resources firmaría el contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a cambio del 40 % de los derechos, mientras que Santa María Petroleum, como socio pasivo, tendría una participación del 60 %. Este tipo de acuerdos son comunes en el sector petrolero y energético.

Lo grave del caso es que Clean Energy habría vendido el 100 % del bloque sin informar a su socio, Santa María Petroleum. Posteriormente, el comprador decidió devolver la operación, pero Clean Energy, nuevamente sin el conocimiento de su socio, volvió a vender el 80 % de los derechos.

Lo más preocupante de estas negociaciones es la falta de supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que, por ley, debe garantizar el cumplimiento de los contratos. Aunque NG Energy y Maurel & Prom informaron a los mercados, inversionistas y reguladores sobre los porcentajes de participación en las licencias del bloque Sinú-9, así como sobre el operador designado, la ANH ha argumentado que no puede intervenir en acuerdos privados, a pesar de que la información ha sido divulgada públicamente y está comprobada.

Detrás de esta omisión podría haber un motivo de peso. La funcionaria María Nella Márquez, actual vicepresidenta de Asignación de Áreas de la ANH, es la responsable de proyectar la recomendación de resolución para la firma del director general de la agencia en relación con la cesión del 40 % de la operación del bloque Sinú-9. A pesar de esto, resulta cuestionable que Márquez no se haya declarado impedida para intervenir en este proceso, ya que en 2013 fue funcionaria de Santa María Petroleum.

En esta empresa también figura Francisco Torres, quien actualmente es representante legal de First Global, propietaria del 60 % de las acciones de Santa María Petroleum. Torres está siendo investigado por la presunta apropiación indebida de acciones de los accionistas mayoritarios sin los debidos endosos, contratos ni remuneraciones. Además, se le acusa de haber suscrito acuerdos de manera fraudulenta, suplantando a la junta de socios y la junta directiva para resolver las disputas derivadas de la venta no autorizada de la participación de Clean Energy Resources.

Desde el punto de vista jurídico, esto podría derivar en la nulidad de todo lo actuado, lo que significaría que se está vendiendo un activo que no pertenece a NG Energy, con la posible complicidad de la ANH. Si la agencia no toma medidas preventivas bajo la dirección de su presidente y permite la firma de esta cuestionada transacción, se expone a serios problemas legales que podrían afectar la estabilidad de las reservas de gas del país.

El doctor Velandia, presidente de la ANH, tiene en sus manos la responsabilidad de definir el destino estratégico de este proyecto, sentando un precedente clave. Aún está a tiempo de garantizar la legalidad del proceso, respaldado por su trayectoria profesional, caracterizada por la transparencia y la ética en el sector energético del país. Su decisión no solo evitaría repercusiones legales en Colombia, Panamá y Estados Unidos, sino que también sería crucial para asegurar la autosuficiencia de gas en el país.

La mayor consecuencia de una decisión errónea sería poner en riesgo la credibilidad de la ANH, una entidad que, hasta ahora, ha garantizado la transparencia en la regulación del sector petrolero. El Gobierno colombiano no puede permitirse que un conflicto entre particulares afecte la producción de gas de un yacimiento que pertenece a todos los colombianos, especialmente en medio de la actual crisis energética.