Ocho vidas que importan cero

Si fuesen celulares de alta gama en lugar de personas, los habrían buscado. Pero en Colombia estamos tan acostumbrados a ignorar las tragedias humanas cuando son ajenas que ocho vidas valen cero. No importan lo más mínimo. Solo sufren sus familiares.

Ni siquiera a este Gobierno, que acosaba al anterior por los muertos y hacían virales unos hashtags de protesta, le preocupa lo más mínimo la suerte de un puñado de colombianos.

Ya quisieran las dos mujeres y los seis hombres que llevan más de un mes desaparecidos que la senadora María José Pizarro, tan activa en el pasado en sus redes sociales con las víctimas de la violencia de los grupos armados, sentir que se esforzaba tanto por ellos como por frenar a Armando Benedetti cuando le quería pegar al secretario general del Senado. Supongo que anhelarían que escribiera una de sus antiguas ristras de trinos denunciando su desgracia.

Y no es que la hiriente indiferencia sea exclusiva de este Gobierno, pero ahora resulta más marcada porque la gritería que protagonizaban cuando Duque estaba al mando contrasta con los estruendosos silencios actuales.

Habría que comenzar por poner la mano en el fuego por James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero. Quienes trataron con ellos, los pocos que se atreven a comentar algo entre susurros, no dudan en calificar al grupo de amigos de gente trabajadora, religiosa, familiar, bondadosa.

Hace unos siete u ocho años, no supieron concretarme, llegaron al Guaviare procedentes de Arauca. Agricultores y ganaderos, confiaban en encontrar un mejor futuro para los suyos en una región plagada de colonos cargados de sueños. Se instalaron en la vereda Agua Bonita Media, también conocida como Pueblo Seco, a unos 40 minutos por la carretera destapada que une Calamar con Miraflores.

De los ocho, todos, menos uno, son cristianos evangélicos de las iglesias Cuadrangular y Nueva Alianza de Colombia. Con enorme esfuerzo construyeron un modesto templo en Calamar, que aún está en obra gris. Y habían logrado otro paso enorme: la llegada de un pastor propio, permanente, porque antes habían sido James Caicedo y Óscar García los que ejercieron esa misión de manera provisional.

“Aparte de servirle a Cristo, le servía a la comunidad”, me dijo un pariente de Caicedo, de 58 años y padre de dos hijos. “Es un líder pacífico, que transmite mucha tranquilidad”.

El viernes 4 de abril, la guerrilla citó a Carlos Valero y a Isaid Gómez a un punto determinado, algo habitual en las zonas de Colombia donde la autoridad la ejercen los ilegales. La esposa de Gómez, Maribel Silva, decidió acompañarlo, pensando, seguramente, que retornarían ese mismo día sin mayores problemas. Además de atender a sus dos niños, de 10 y 4 años, debían estar al frente de la pequeña tienda que habían abierto en la vereda.

Al día siguiente, las Farc-EP convocaron al resto. También otros familiares pretendieron unirse a ellos, pero en un punto del camino la guerrilla les ordenó devolverse. Solo seguirían los seis que habían llamado; Nixon Peñaloza, de 51 años, presidente de la Junta de Acción Comunal y ferviente cristiano, entre ellos.

Por la información que logré recabar, el único pecado que les pueden atribuir es el de aspirar a progresar, a costa de trabajar de sol a sol, para brindar un mejor futuro a los suyos y, al mismo tiempo, proclamar la palabra de Dios y atraer más almas hacia el camino que consideran el verdadero, el que conduce a la eternidad.

Dadas sus vidas sencillas, nadie entiende la razón por la cual la guerrilla los mantiene en su poder y no han dado señal de vida de ellos ni han hecho exigencia alguna por su libertad desde el 5 de abril.

Al repasar el área en donde deben estar, pensé que las Farc-EP de Mordisco serían las responsables. Por la misma vía, aunque un par de horas más adelante, se encuentra la vereda Barranquillita, feudo tradicional de dicho grupo. En su día denuncié que allá tenían un número indeterminado de secuestrados sin que dieran razones de ninguno y sin causa aparente para no liberarlos. Pero nada hicieron las autoridades ni lo mencionaron en la mesa de negociación cuando aún Mordisco y Calarcá seguían juntos.

El problema actual radica en que las Farc-EP de Calarcá han entrado en la zona para disputarle el territorio a su antiguo jefe. Por tanto, si antes ya era difícil que alguien se atreviera a dar pistas sobre lo ocurrido, con la guerra entre ambas disidencias todavía se antoja más complejo.

Lo indignante es que las autoridades locales se escuden en la creciente inseguridad para quedarse de brazos cruzados. Y que las Fuerzas Militares no intervengan con la misma intensidad que cuando el secuestro del papá de Lucho Díaz. Tanto que habla Petro de desigualdad, podría hacer algo para acortarla entre las víctimas de la violencia. ¿Por qué no empieza por interesarse por los ocho compatriotas que tan poco importan al Estado?