Miguel Uribe y la paz total

El dolor que sentimos los colombianos por la muerte de Miguel Uribe Turbay será muy difícil de superar. Su ausencia representa mucho más que la pérdida de un líder: simboliza la frustración de una generación que veía en él la esperanza de participar activamente en las decisiones del país, a diferencia de lo que había ocurrido en las últimas décadas, cuando la mayoría de los jóvenes se mantenían al margen de los asuntos del Estado.

Miguel Uribe Turbay era distinto.

Él entendía su responsabilidad, no solo consigo mismo, sino con todas esas nuevas generaciones que soñaban con un país diferente al que le tocó vivir. Un país marcado por la violencia del narcotráfico que golpeó de manera directa a su familia, tras el asesinato de su madre, Diana Turbay.

Esa herida lo convirtió en un férreo opositor a la política de la paz total impulsada por el actual presidente, a la que siempre calificó como un fracaso. Con carácter y claridad, advirtió que dicha política empoderaba a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, que hoy reciben un trato preferencial del Gobierno.

Lo que nunca imaginamos, y seguramente él tampoco, fue que esas mismas estructuras criminales, a las que se les han otorgado beneficios y poder desde la Casa de Nariño, terminarían siendo las protagonistas de un escenario tan doloroso.

Resulta sorprendente que el presidente Gustavo Petro afirme que en Colombia ya no existen guerrillas, sino solo grupos narcotraficantes, mientras negocia con ellos como si fueran aliados legítimos. Todo indica que para el presidente es más importante mantener el poder, aun a costa de respaldarse en los llamados “narcotraficantes de la paz total” y en su socio estratégico, el dictador Nicolás Maduro, que entregar el poder a la oposición, que hoy representa a la mayoría de los colombianos de cara a las elecciones de 2026.

Y así, en una estrategia difícil de comprender, el presidente Gustavo Petro ha intentado desviar la responsabilidad del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sugiriendo la existencia de organizaciones como el llamado “sindicato del narcotráfico” o la “junta del narcotráfico”. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por su propio gobierno apuntan en otra dirección: los verdaderos responsables pertenecen a estructuras criminales que hoy hacen parte de la llamada paz total.

La hipótesis más sólida, hasta el momento, señala a la Segunda Marquetalia, liderada desde Venezuela por Iván Márquez, protegido del dictador Nicolás Maduro. Así lo han expresado tanto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, quienes han señalado como principal sospechoso a alias el Zarco Aldinever, negociador oficial de esa organización en la mesa de diálogo con el Gobierno colombiano.

De manera llamativa, el mismo día del entierro de Miguel Uribe Turbay, se anunció la supuesta muerte de Aldinever en territorio venezolano, en un enfrentamiento con el ELN, otra estructura armada aliada de la paz total y también bajo el amparo del régimen de Maduro, aparentemente por disputas de narcotráfico.

Aún más grave, como denunció un medio de comunicación el pasado fin de semana, la Fiscalía ya tenía información de que los aliados de Maduro y de la paz total habían financiado atentados no solo contra Miguel Uribe Turbay, sino contra otros líderes de la oposición.

Según un fiscal, en mayo de este año, en diligencias realizadas en una cárcel, un detenido de alto perfil confesó que las guerrillas Díaz y GP (Guerrilla del Pacífico) destinaron ocho millones de dólares para asesinar a políticos de derecha, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Jota Pe Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla y Abelardo de la Espriella.

Esto confirma que, para estas organizaciones, resulta fundamental impedir que cualquier miembro de la oposición que aspire a la Presidencia llegue al poder en 2026, convirtiéndolos en objetivos militares.

Ante esta realidad, los colombianos no podemos permanecer en silencio ni ser sujetos pasivos frente a una ofensiva del narcotráfico, cuyos principales aliados son el dictador Nicolás Maduro y los grupos del pacto de La Picota, que hoy se convirtieron en socios del actual gobierno en su política de paz total. Una política que, lejos de buscar la paz, parece orientada a sostener los negocios del narcotráfico de unos y el poder político de otros, incluso al precio de sacrificar la democracia y las instituciones del país, tal como ya ocurrió en Venezuela.

Lo que ni el Gobierno de Venezuela ni, mucho menos, el de Colombia habían previsto fue la operación en el Caribe liderada por el presidente Donald Trump, quien tomó la decisión acertada de emprender una lucha sin cuartel contra los carteles del narcotráfico. En esta ofensiva están incluidos el Cartel de los Soles, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y, por supuesto, sus socios estratégicos: los carteles mexicanos.

Es previsible que esta operación genere una reacción violenta de dichas organizaciones contra los líderes de la oposición en Colombia y contra todo aquel que respalde esta estrategia, lo que podría traducirse en atentados contra otros precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y voces de opinión, aprovechando las precarias garantías de seguridad que hoy ofrece el actual gobierno colombiano.

Aun así, debemos mantener el optimismo. Los resultados de esta guerra frontal de Estados Unidos no solo pueden significar la caída del régimen de Nicolás Maduro, sino también el desmantelamiento de las estructuras criminales que hoy hacen parte de la política de paz total en Colombia.

Ese sería, sin duda, el mejor homenaje a la vida sacrificada de Miguel Uribe Turbay, quien siempre sostuvo que Colombia necesitaba una política de autoridad, legalidad y justicia efectiva, en lugar de una paz total que él consideraba ineficaz y peligrosa.