La reconstrucción de Risaralda –sobre la que el presidente De La Espriella no pronunció palabra en su alocución– tiene particularidades por las secuelas que trajo el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Fueron 111 fallecidos, 588 heridos y 77 desaparecidos; 5.535 viviendas y edificaciones colapsadas, 63.609 averiadas, 291 sedes educativas y 44 centros de salud dañados, 157 vías y puentes vulnerados, 37 acueductos y 46 centros comunitarios siniestrados, y el Aeropuerto
Internacional Matecaña, que, pese a ser edificado hace solo cinco años, apenas funciona al 71 por ciento.
Debacle igual sufrió el aparato económico, lo que impele a que los programas para poner en marcha la oferta y la demanda de bienes y servicios locales sean primordiales en un plan integral de reconstrucción, diseñados con mecanismos de impacto en el empleo regional y el ahorro empresarial. Omitirlos desataría un caos social.
Un estudio de la Cámara de Comercio es dramático. De 14.260 registros consolidados, 10.884 unidades productivas (76,3 por ciento del total y el 96 por ciento micronegocios) sufrieron daños: 3.081 en infraestructura; 1.809 desplomadas; 4.123 en pérdida de inventarios y 4.930 en interrupción operativa. Ese cuadro puso en riesgo 51.716 puestos de trabajo por reducción o por suspensión. La situación más grave está en el centro de Pereira, con capacidad instalada reducida a una quinta parte en varias zonas. Concluye que “Risaralda está completamente detenido”.
Enfatiza que “la unidad de análisis no es solo el edificio”, sino “el sistema empresa-inmueble-trabajadores-clientes-proveedores-financiación”, y afirma que la “reparación física puede ser condición necesaria, pero no suficiente, para recuperar la actividad económica”. Esa tesis se prueba con que “el daño en inventarios tiene un peso casi tan importante como el de infraestructura”. Sin contar el lucro cesante, la pérdida en activos empresariales sumaría medio billón de pesos, a partir de un valor inicial de 354.705 millones de pesos y con apenas el 7 por ciento de las unidades cubiertas con seguro de amparo.
Recomienda para la recuperación empresarial “subsidio o cofinanciación de microrreparación, capital de trabajo, asistencia técnica, relocalización temporal, gestión logística y activación de demanda según el arquetipo de cada zona y empresa”. ¿Cabe entonces preguntar con qué dinero se pasaría del ciclo recesivo al de crecimiento, fuera del que aporten la construcción física y los arreglos locativos?
La respuesta está en el virtuoso ejemplo del New Deal (Nuevo Trato), que Franklin D. Roosevelt implantó en Estados Unidos después del crac de 1929. Estimuló las dos variables determinantes: el empleo y el ahorro de las firmas. Respecto al primero, creó un programa público con actividades para mano de obra no calificada y, para lo segundo, entregó apoyos directos a quienes fomentaran la ocupación laboral sujeta a las normas legales.
El primer paso para la recuperación de Risaralda, fuera de las actividades obvias de construcción física, es brindar seguridad a esos 51.716 trabajadores en vilo. Aparte de una limitada iniciativa de contratación del alcalde de Pereira, el Gobierno central, como Roosevelt, habría de destinar recursos ciertos a los municipios y al departamento para crear un amortiguador que enganche a miles más.
Hay actividades sencillas como el cuidado de adultos mayores y niños, o supervisores de seguridad en parques, vecindarios o transporte masivo; o restauradores de vivienda en las circunstancias de quienes no puedan pagarlos, o en limpieza de andenes y fachadas, o guardianes de zonas de protección ambiental. Un plan en estas labores y similares, con salario mínimo y tiempo completo para otras 5.000 personas, fuera de las que contrataría a medio tiempo la capital de Risaralda, costaría a lo sumo 200.000 millones de pesos anuales.
Un indispensable complemento es el traspaso de un millón de pesos mensuales del Gobierno central a las empresas que creen, reenganchen o incrementen trabajos formales, como ocurrió en la pandemia. En un primer año costaría 120.000 millones de pesos para 10.000 nuevos puestos, en contravía a multinacionales como Nestlé o la Clínica Los Nevados (Steward Health Care International), que suspendieron 621 contratos por el sismo.
Estos programas y otros más no pueden adelantarse solo con dineros de los entes territoriales –menguados de por sí por la catástrofe– sobre los que hasta ahora se ha descargado la emergencia. “No hay compromiso (…) de indicar cuál será el monto del aporte” del Gobierno central, que se debe “ejecutar a tiempo, porque la dimensión de la tragedia no da espera”, dice Humberto Tobón, exdirector de la RAP-E del Eje Cafetero.
Que arranque un verdadero plan de empleo, que, como el Chocó recibe un Plan Marshall, a Risaralda le urge un New Deal.