La descertificación en la lucha contra las drogas que el Gobierno de Estados Unidos mantuvo por segundo año consecutivo es un mensaje claro no solo para Colombia, sino que también es una sanción merecida por lo que ha pasado en la lucha contra las drogas en los últimos 13 años en nuestro país.
Esta descertificación se origina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero a veces olvidamos lo que este presidente hizo para ponernos en la situación en la que estamos. El Plan Colombia fue
exitoso hasta el año 2013 y la reducción en hectáreas de coca había sido de 180.000 en 2002 a cerca de 40.000 en 2013. La verdad, el Gobierno de los Estados Unidos tiene corresponsabilidad con lo que pasó ese año, pues la política antidrogas se suspendió, de acuerdo con las Farc, y la administración de Barack Obama no dijo nada. El resultado: Juan Manuel Santos entregó el poder en el 2018 con 200.000 hectáreas de coca.
La llegada de Iván Duque al poder generó esperanzas de una reactivación en la lucha contra las drogas. Recuerdo, como embajador en Estados Unidos, que, en una reunión con el secretario de Defensa en Bogotá, en septiembre de 2018, el comandante de la Armada me contó que la infantería de Marina, entidad encargada de vigilar los ríos –las autopistas de la coca– estaba en un 15 por ciento de operatividad. El desmantelamiento de las fuerzas armadas, incluyendo el Ejército, bajo la excusa de una paz que nunca llegó, entregó el país o una parte importante de él a los narcos. La verdad, uno de las grandes falencias del Gobierno de Duque fue la seguridad y por ende la lucha contra el narcotráfico. No reactivó la fumigación, un elemento clave en la reducción de las hectáreas de coca, y la verdad tampoco tuvo una estrategia clara y contundente en contra de esta amenaza criminal. En los cuatro años que estuvo en el poder, la coca no se redujo, pero tampoco aumentó. Hoy debemos ver esos cuatro años como un fracaso en la lucha contra esta criminalidad organizada, y por ello esta descertificación manda un mensaje claro al gobierno de Abelardo De La Espriella.
Lo de Petro ya sabemos cómo terminó: más de 300.000 hectáreas de coca, el Pacífico en manos de narcotraficantes y la criminalidad organizada protegida bajo una supuesta paz total, como lo hizo López Obrador en México con sus abrazos y no balazos, que le dio vía libre a su crecimiento, aumentó su control territorial y los integró a su proyecto político, como pasó con Morena y los carteles mexicanos.
Sin embargo, esta descertificación presenta una oportunidad única, que si se sabe aprovechar, puede reducir el poder de narcotráfico a niveles tolerables, como decía el expresidente Julio César Turbay de la corrupción. Hasta el momento, De La Espriella ha tomado las decisiones correctas a las que les falta una política pública de largo plazo y bien pensada que aproveche el nuevo entorno en la lucha contra las drogas que planteó el presidente Donald Trump para lograr el objetivo que todos deseamos y que sea realista. Debemos tener claro que acabar con el narcotráfico es imposible, pues aún existe un gran mercado, pero lo que sí se debe hacer es perseguirlo, reducir su marco de acción, castigar implacablemente la violencia y eliminar su acceso al poder político y a la economía normal de un país, como hoy lo tiene en México que –no nos digamos mentiras– una gran parte es un narcoestado. Evitar que Colombia siga los pasos de México debe ser el objetivo primordial de la política antidrogas del actual Gobierno.
Colombia podría dar unos pasos para que luego otros países se sumen. Crear unidades conjuntas con Estados Unidos para la interdicción y la destrucción de cultivos y de laboratorios debe ser un objetivo concreto que se puede lograr sin mayores problemas; obviamente, la izquierda que se nutre de ese narcotráfico va a poner el grito en el cielo, pero no importa. Es más, si se necesitan una reformas legales o constitucionales, el Gobierno hoy tiene esa mayoría en el Congreso para lograr los cambios necesarios.
Lo mismo puede suceder en tres de los escenarios más importantes en la lucha contra las drogas. El primero es la justicia. Si se pudieran integrar fiscales y jueces de ambos países en una jurisdicción única para luchar contra este delito, esto acabaría con la corrupción y la ineficiencia que hoy hay en este frente, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Un segundo objetivo debe ser el lavado de activos y el seguimiento financiero a estas fortunas ilegales que se mueven como Pedro por su casa en ambos países. Unir una UIAF nueva, pues Petro la corrompió totalmente, a la OFAC americana y a las agencias de ese país que persiguen este delito debería ser otro de los objetivos. Finalmente, se debería integrar el mecanismo para intervenir activos que se utilizan en este negocio y no tener uno en Estados Unidos y otro Colombia que hacen lo mismo.
Hace 20 años, cuando estábamos en el gobierno, el éxito en la lucha contra las drogas tuvo un componente fundamental, el de pensar con creatividad y no tenerle miedo a buscar soluciones distintas. Familias guardabosques fue un ejemplo. De La Espriella hoy tiene la misma oportunidad y su éxito va a depender de que no haga lo mismo con los mismos, sino que aproveche este momento político nacional e internacional para crear nuevas condiciones que faciliten el éxito en este tema tan crítico para el futuro de Colombia.