En la historia reciente de Colombia, las campañas políticas lideradas por los sectores de izquierda tienden a estructurarse sobre una narrativa de contraste, fundamentada en la negación de las buenas prácticas y/o logros atribuidos a administraciones precedentes, atizando la lucha de clases y la narrativa confrontativa. En ese marco discursivo, pretenden desmarcarse de fenómenos estructurales como la corrupción, que históricamente ha permeado el ejercicio del poder público en el país.
En ese contexto, es necesario recordar cómo el entonces candidato Gustavo Petro impulsó, lo que a la postre sería la engañosa consigna del gobierno del cambio, la cual prometió —sin cumplirlo a la fecha— una transformación sustancial en la conducción del Estado, la propuesta buscaba redefinir las prácticas políticas tradicionales. No obstante, los resultados de su administración han estado acompañados de múltiples cuestionamientos y escándalos que comprometen la transparencia en la gestión pública del desgobierno Petro.
La ciudadanía ha sido testigo de la configuración de presuntas redes de corrupción que, conforme a las investigaciones, habrían involucrado a miembros del Congreso de la República. Tales hechos sugieren la persistencia de prácticas clientelistas, como la asignación de recursos públicos con fines de aseguramiento de mayorías legislativas, lo que en el lenguaje político se ha denominado ‘mermelada’. Esta situación pone en entredicho el principio de moralidad administrativa y el uso legítimo del erario promovido en los discursos de Petro.
En la actualidad, se registran exfuncionarios del Gobierno vinculados formalmente a procesos penales por delitos contra la administración pública, así como congresistas privados de la libertad en el marco de investigaciones derivadas de actuaciones del Ejecutivo. Casos emblemáticos, como el contrato por $ 46.800 millones relacionado con carrotanques en La Guajira, así como las irregularidades detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que superan los 5 billones de pesos, evidencian las contradicciones del discurso con la práctica.
En este escenario, emerge un nuevo proyecto político dentro del mismo espectro ideológico, encabezado por el heredero Iván Cepeda, quien plantea la continuidad de una agenda anticorrupción bajo un enfoque de mayor rigor. Sin embargo, dicho planteamiento reproduce un esquema discursivo prospectivo —'cuando yo sea’— que proyecta soluciones futuras, sin un reconocimiento suficiente de las responsabilidades políticas actuales.
Resulta pertinente señalar que el senador Cepeda ha ejercido funciones legislativas durante varios periodos, lo que implica no solo la facultad, sino el deber constitucional de ejercer control político sobre el Gobierno. En ese sentido, su actuación —o eventual omisión— frente a los hechos de corrupción denunciados durante la actual administración suscita cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de sus obligaciones como congresista y garante del interés general.
En esa línea argumentativa, es razonable inferir que la inacción o el bajo nivel de pronunciamiento del hoy senador Iván Cepeda frente a hechos de corrupción compromete la credibilidad de un eventual promesa futura con una política anticorrupción de carácter estricto. En efecto, la ausencia de un ejercicio robusto de control político, en el marco de las competencias constitucionales que le asisten, debilita la expectativa legítima de que, en un escenario ulterior de mayor responsabilidad institucional, adopte una postura diligente, firme y coherente frente a eventuales hechos que vulneren los principios de transparencia, moralidad administrativa y defensa del erario.
En ese sentido, la construcción de una agenda anticorrupción no puede sustentarse exclusivamente en postulados retóricos, sino que exige actuaciones verificables, oportunas y consistentes en el tiempo. La omisión en el ejercicio del control político, especialmente frente a hechos de alto impacto en la gestión de los recursos públicos, no solo compromete el principio de debida diligencia en la función legislativa, sino que también erosiona la confianza ciudadana en la capacidad real de implementar reformas orientadas a garantizar la integridad en la administración estatal; demostrando que el futuro proyecto político de la izquierda solo tiene una herencia corrupta.