El verdadero acuerdo nacional para el 2026

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se ha insistido en la necesidad de construir un “gran acuerdo nacional”. Sin embargo, esta estrategia —liderada por los exministros del Interior Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y, más recientemente, por el actual ministro Armando Benedetti— ha fracasado contundentemente. Hoy, más que promover consensos, la prioridad del oficialismo parece ser garantizar la permanencia en el poder del presidente o de sus aliados, sin importar los costos institucionales o democráticos.

Las razones de este fracaso se resumen en tres ejes fundamentales. El primero es la evidente falta de unidad política. Desde el inicio del mandato, no ha existido —ni parece posible construir— un consenso real entre los distintos sectores políticos y sociales. En lugar de avanzar hacia un diálogo pluralista, el Gobierno ha profundizado la polarización.

En segundo lugar, la paz total ha terminado percibiéndose como una claudicación frente a los grupos al margen de la ley. Este enfoque errático ha incrementado la desconfianza entre los sectores democráticos y ha erosionado la credibilidad del Gobierno. En lugar de fortalecer la institucionalidad, se ha alimentado la fragmentación del tejido social y político.

Finalmente, el Acuerdo Nacional ha sido planteado desde las premisas ideológicas del presidente y su círculo, sin apertura real al disenso. Pretender que todos se alineen con una visión excluyente, desconoce la diversidad de pensamiento propia de una democracia madura. Esto ha debilitado el diálogo y diluido la confianza de la ciudadanía.

El verdadero acuerdo nacional que Colombia necesita de cara al 2026 debe construirse sobre bases distintas: recuperación de la confianza institucional, respeto a la diferencia ideológica, fortalecimiento del Estado de derecho y compromiso auténtico con la democracia. Solo así será posible unir al país en torno a un proyecto común que priorice el bienestar colectivo y no los intereses de unos pocos.

Muchos colombianos comparten una preocupación cada vez más frecuente: el temor de que no haya elecciones en 2026. Esta inquietud, lejos de ser infundada, se alimenta de las actitudes autoritarias del presidente Petro y de los antecedentes de su administración.

Aunque el presidente ha declarado que dejará la Casa de Nariño el 7 de agosto, sus acciones han sembrado dudas. En los últimos meses, ha buscado interferir en la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente en la contratación con empresas privadas encargadas de apoyar la organización electoral. Estos contratos han contado con acompañamiento de órganos de control y han sido clave para garantizar transparencia.

Debe reconocerse el carácter del actual registrador nacional, quien ha mantenido autonomía frente a un Ejecutivo que busca incidir en la logística electoral. El paralelismo con lo ocurrido en Venezuela bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es inevitable, y los colombianos conocemos bien sus consecuencias.

Frente a este panorama, la ciudadanía y los sectores democráticos tienen una responsabilidad histórica: asegurar que en marzo y mayo de 2026 se celebren elecciones libres y transparentes. En esas fechas se elegirán Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República. Incluso, podrían celebrarse consultas interpartidistas, lo que hace aún más urgente garantizar condiciones equitativas.

Para ello, es indispensable construir un nuevo y verdadero acuerdo nacional. Un acuerdo amplio y comprometido, que articule a todos los partidos y organizaciones sociales que hoy conforman la oposición. Este pacto debe ser garante de unas elecciones libres y sin interferencia del presidente Petro ni de grupos armados ilegales involucrados en su fallida política de paz total.

Dicho acuerdo nacional debe sustentarse en cinco principios fundamentales:

• Defensa irrestricta de la democracia.
• Exigencia de garantías plenas e imparciales por parte del Estado.
• Monitoreo nacional e internacional del proceso electoral.
• Coordinación entre partidos y sociedad civil para vigilar cumplimiento de reglas y tiempos.
• Rechazo a cualquier intento de injerencia de actores armados o del Ejecutivo.

El país atraviesa un momento decisivo. No se trata de una contienda ideológica, sino de la defensa de nuestra institucionalidad democrática, construida durante más de 200 años. Es ahora cuando debemos actuar con responsabilidad histórica para que Colombia siga siendo una República libre y participativa.

La observación electoral internacional será clave para garantizar la transparencia en 2026. Pero no puede limitarse al día de las elecciones, como ha sucedido en Venezuela. La vigilancia debe comenzar desde ahora, a partir de la firma de un gran acuerdo nacional que garantice condiciones democráticas para todos.

Ese acuerdo debe ser suscrito por todos los partidos y movimientos sociales de oposición, para delimitar con claridad quiénes están del lado de la institucionalidad y quiénes respaldan el proyecto autoritario del oficialismo. Idealmente, este pacto debería concretarse antes de las consultas partidistas previstas para octubre.

El acuerdo también debe asegurar que los candidatos de oposición tengan las mismas garantías que los aspirantes afines al Gobierno. Esto implica que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ofrezcan seguridad plena para que todos los candidatos puedan recorrer el país sin restricciones. Hoy, hay regiones donde solo ingresan candidatos del oficialismo, violando el principio de equidad.

A esto se suma la falta de garantías de la politizada Unidad Nacional de Protección (UNP), que protege con celeridad a los aliados del Gobierno, pero niega o retrasa la protección de líderes opositores. Esta desigualdad fue una de las razones por las cuales trece partidos decidieron no asistir al reciente comité de garantías electorales convocado por el Ejecutivo.

El tiempo apremia. La construcción de este gran acuerdo no puede esperar. En las próximas semanas debe instalarse una mesa nacional que articule esfuerzos entre los sectores que defienden la democracia. El objetivo debe ser claro: garantizar elecciones libres y con plenas garantías en 2026.

Nuestra democracia no depende de la voluntad de Gustavo Petro ni de sus aliados. Depende de la capacidad de los colombianos —y en especial de quienes ejercemos oposición— para unirnos, actuar con responsabilidad y defender los principios democráticos que han sostenido a Colombia durante más de dos siglos. Hoy, más que nunca, la democracia necesita de todos.