El ejemplo de Estonia

En Colombia, lastimosamente, no pasa un solo día sin que conozcamos un nuevo y aberrante caso de corrupción. Estos hechos se presentan tanto en el ámbito municipal y departamental, como en los cada vez más frecuentes escándalos a nivel nacional, como los relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las intervenciones a las EPS o las actuaciones sobre empresas de servicios públicos.

Esta situación ha derivado en una profunda pérdida de confianza en las instituciones, confianza que se ha visto gravemente erosionada, afectando de manera directa la legitimidad de la institucionalidad y el propio Estado de derecho.

Cualquier Gobierno que aspire a recuperar esa confianza ciudadana debe estar dispuesto a tomar decisiones ejemplares, que enfrenten frontalmente las estructuras corruptas que hoy siguen desviando recursos públicos hacia bolsillos privados. La corrupción no solo atenta contra la eficiencia del Estado, sino que constituye una de las causas directas de la pobreza, al desviar los presupuestos destinados a inversión social y desarrollo hacia intereses individuales y redes delincuenciales enquistadas en el poder.

La lucha contra la corrupción no puede seguir reduciéndose a una simple promesa electoral, repetida en cada campaña con la esperanza de ganar votos. Con la cercanía de un nuevo ciclo electoral, es previsible que escuchemos nuevamente a muchos candidatos declarar que combatirán la corrupción. Ojalá así fuera. Lo que el país necesita es que estas declaraciones se transformen en acciones concretas, con voluntad política, mecanismos efectivos de control y sanción, y un trabajo coordinado entre el Estado, la sociedad civil y, muy especialmente, el sector privado.

No podemos olvidar que en toda trama de corrupción siempre hay dos partes: un funcionario público que se deja comprar y un particular que ofrece el beneficio indebido. Tan corrupto es quien vende su función pública como quien la compra para su beneficio. Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser integral, sin excepciones, y basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso ético de todos los sectores de la sociedad.

Es fundamental reconocer y aplicar los buenos ejemplos en materia de políticas anticorrupción si queremos lograr resultados concretos en la lucha frontal contra ese flagelo que tanto afecta a Colombia. Esta tarea debe ser una prioridad para el próximo Gobierno. Es importante aclarar que la corrupción no es exclusiva de la actual administración. Ahora, resulta innegable que bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y en contraste con sus compromisos iniciales, la percepción de corrupción ha aumentado considerablemente. Desgraciadamente, hoy no pasa un solo día sin que se conozca un nuevo escándalo en el seno del llamado gobierno del cambio.

A nivel internacional, existen modelos que han demostrado que es posible revertir escenarios profundamente marcados por la corrupción. Uno de los casos más inspiradores es el de Estonia, un país que ha pasado de ser ejemplo de administraciones altamente corruptas, a convertirse en uno de los más transparentes del mundo. Este logro no fue producto del azar, sino de una serie de decisiones trascendentales que permitieron transformar la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana.

Desde su independencia en 1991, Estonia enfrentaba elevados niveles de corrupción. No obstante, con la llegada del nuevo milenio, sus líderes adoptaron un enfoque integral basado en tres pilares: regulación estricta, digitalización del Estado y participación ciudadana. Implementaron leyes robustas que sancionan con firmeza cualquier acto de corrupción, fortalecieron sus instituciones y, sobre todo, apostaron por la transparencia total a través de la tecnología. Digitalizaron todos los trámites del Gobierno, permitiendo a los ciudadanos realizar procesos en línea y acceder a la información pública en tiempo real. Además, centralizaron toda la contratación estatal en plataformas abiertas, reduciendo al mínimo la burocracia y las oportunidades de opacidad.

Este modelo no solo fortaleció el marco legal e institucional, sino que promovió una cultura de ética, responsabilidad pública y vigilancia ciudadana. Como resultado, Estonia se ha consolidado como un referente global en materia de transparencia y buen gobierno, demostrando que sí es posible erradicar la corrupción cuando hay voluntad política, decisiones valientes y un compromiso auténtico con el cambio estructural.

Colombia necesita seguir ese ejemplo. La lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un eslogan de campaña, debe convertirse en una política de Estado sostenida, transparente y participativa.

Colombia, lamentablemente, es un ejemplo de cómo un país puede contar con tecnología de punta —incluso bien desarrollada en materia de plataformas para la administración pública— y, sin embargo, no hacer uso eficiente de ella como parte de una política de Estado coherente y eficaz. Y cuando estas herramientas digitales sí forman parte de los planes gubernamentales, muchas veces son los mismos funcionarios, con el respaldo de algunos sindicatos estatales, quienes obstaculizan su implementación.

Esto impide que los ciudadanos puedan acceder, de manera ágil y desde cualquier lugar del país o del mundo, a trámites o procesos de contratación pública a través de dispositivos como el celular, la tableta o el computador. La ausencia de plataformas digitales robustas facilita, además, un entorno sin trazabilidad ni controles efectivos, lo que abre la puerta a prácticas corruptas como el cobro de coimas o la adjudicación discrecional de contratos. Esta realidad se replica desde los municipios más pequeños hasta las altas esferas del poder, incluida la Presidencia de la República.

Frente a esto, el caso de Estonia es un referente inspirador. Este país logró implementar una avanzada plataforma digital que reduce al mínimo el contacto directo entre funcionarios y ciudadanos, favoreciendo así la transparencia, la vigilancia ciudadana y el control institucional. Pero Estonia no se quedó solo en lo digital: impulsó también una profunda reforma legislativa con leyes estrictas contra la corrupción, que abarcan desde delitos financieros hasta el soborno y el abuso de poder.

Como parte de su estrategia, Estonia creó una entidad anticorrupción totalmente independiente del Gobierno, con acceso directo a las plataformas del Estado. Esta institución tiene la capacidad de monitorear en tiempo real las actuaciones de los funcionarios y alertar de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier indicio de corrupción. Además, su legislación garantiza el acceso ciudadano a la información pública, desde los trámites más simples hasta los contratos estatales más relevantes. Como complemento, el país estableció programas obligatorios en todas las instituciones educativas para promover una cultura de ética e integridad desde edades tempranas.

Sería deseable que, en este momento en que Colombia se prepara para elegir un nuevo presidente, cada uno de los candidatos incluyera en su programa de gobierno un capítulo especial enfocado en la implementación obligatoria de sistemas digitales para todos los trámites y contrataciones públicas. Esta transformación debe ir acompañada de una nueva legislación administrativa que obligue a los mandatarios locales, departamentales y nacionales a adoptar esta política digital, estableciendo sanciones penales y disciplinarias en caso de incumplimiento.

Dicha estrategia deberá complementarse con una reforma profunda e independiente de los órganos de control, que hasta ahora han fracasado en su misión de combatir la corrupción de manera efectiva. La política digital debe ser integral, articulando las administraciones públicas con los entes de control, y respaldada por un nuevo marco normativo que contemple sanciones severas tanto para funcionarios públicos como para privados que incurran en actos de corrupción.