El covid electoral

En marzo de 2020, todos los colombianos fuimos obligados a encerrarnos debido a la llegada de un virus que ya causaba miles de muertes en Europa y Asia. El Gobierno de turno tomó medidas drásticas para evitar su propagación, buscando mitigar primero el impacto en la salud pública y luego en la economía.

Se implementaron restricciones severas: cancelación de eventos masivos, cierre del comercio y confinamientos obligatorios. Aunque muchas familias lamentan la pérdida de sus seres queridos, es innegable que esas decisiones permitieron salvar miles de vidas. Colombia, en general, fue un ejemplo de acatamiento a las directrices gubernamentales. A partir de entonces, cambiamos nuestras costumbres: adoptamos el trabajo y el estudio en casa gracias a la tecnología, lo que permitió una nueva forma de comunicación permanente e inmediata.

Sin embargo, esta no ha sido la única época de restricción en nuestra historia reciente. Las décadas del 80 y 90 estuvieron marcadas por la guerra interna contra las Farc, el ELN y los grupos paramilitares, lo que limitaba la movilidad, incluso en ciudades capitales. Se imponían toques de queda, cierres de vías y controles extremos para intentar contener la violencia de los actores armados.

Durante esa etapa trágica fueron asesinados varios candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. El narcotráfico jugó un papel determinante, impidiendo elecciones libres y transparentes. La intimidación, la infiltración y la manipulación de las organizaciones democráticas eran la norma, y muchos cargos de elección popular fueron cooptados por intereses ilegales.

Hoy, con la llegada del actual Gobierno, se ha gestado una situación que recuerda esos años oscuros. Desde la campaña del llamado gobierno del cambio, algunos denunciamos que se estaba pactando la entrega de la institucionalidad a las guerrillas y a redes del narcotráfico. El famoso pacto de La Picota habría involucrado negociaciones con grupos armados y políticos en conflicto con el Estado, todo bajo la bandera de la llamada paz total.

El propio presidente afirmó que en Colombia ya no existen guerrillas, aludiendo a que ahora son simples narcos organizados en estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el grupo de Marquetalia. Este discurso, junto a decisiones como ceder control territorial y debilitar estratégicamente a las Fuerzas Armadas, ha desembocado en una situación alarmante: el poder de estos grupos se ha expandido y han declarado una guerra abierta no solo contra el Estado, sino contra la democracia misma.

La consecuencia más visible fue el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, gravemente herido y aún en recuperación. A esto se suma una creciente ola de atentados con explosivos en diferentes regiones del país. El panorama es claro: no hay garantías para celebrar elecciones libres en 2026. Muchos candidatos han suspendido sus campañas por falta de protección del Estado.

Ante esta realidad, los partidos políticos, especialmente los de oposición, tendrán que replantear su estrategia electoral. Así nace lo que podríamos llamar un nuevo escenario: el covid electoral, en el que, al igual que durante la pandemia, la tecnología será el puente entre candidatos y ciudadanía. Las redes sociales, las plataformas de videoconferencias y los espacios digitales se convertirán en la herramienta principal de difusión de propuestas, no por elección, sino por necesidad ante la falta de garantías físicas para hacer campaña.

Ya nos acostumbramos a estas herramientas durante la pandemia. Es previsible que en las próximas semanas surjan eventos virtuales, debates por streaming y plataformas específicas de campaña para difundir ideas. Cada seguidor se convertirá en un microinfluenciador, amplificando los mensajes de su candidato. No obstante, será crucial implementar protocolos de seguridad digital que garanticen la autenticidad de los contenidos y eviten sabotajes o desinformación.

Los colombianos no podemos permitir que se destruya nuestra democracia, como ya ocurrió en Venezuela o Nicaragua. Si el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, la Policía y una desprestigiada Unidad Nacional de Protección, no garantiza condiciones para una contienda justa, los partidos y organizaciones contrarias al gobierno deberán apoyarse en plataformas como Zoom, Google Meet, y redes como X, Facebook, Instagram o TikTok.

Es lamentable que la estrategia digital, que debería ser solo un complemento de la campaña tradicional, se convierta en la única alternativa ante un gobierno que no asegura garantías electorales. No podemos aceptar que, por acción u omisión, se esté propiciando un entorno donde solo una fuerza política pueda hacer campaña con tranquilidad, mientras las demás se ven forzadas a replegarse.

La democracia no puede reducirse a una pantalla ni a una conexión virtual, pero tampoco puede ser reemplazada por el miedo. No vamos a permitir que nos arrebaten lo que tanto esfuerzo costó construir. No se equivoquen: los colombianos sabremos adaptarnos, pero también sabremos resistir.