Durante muchos años se ha dicho que Colombia era la joya de la corona para el comunismo internacional, ideología que apoyó la violencia subversiva en el país desde los años 60; lograron introducir un Gobierno progresista en 2022, bien sea por la corrupción de algunos políticos, por la indolencia, la indiferencia o la apatía de muchos electores, por el engaño a ciudadanos ilusos que creyeron en un cambio, por la violencia de unos pocos delincuentes, así como por la ola del tsunami político del socialismo del siglo XXI que invadió a muchos países de América Latina, como consecuencia de lo planeado en el Foro de Sao Paulo.
Está claramente demostrado que el comunismo, actuando como animal rabioso que cuando muerde no suelta fácilmente a su víctima, refuerza lo que ha sucedido con Cuba, que lleva más de 60 años de dominación comunista; Nicaragua, más de 30 años bajo el régimen socialista; Venezuela, 27 años de castrochavismo; y Brasil, con más de 16 años de gobiernos de izquierda en este siglo XXI. En el caso colombiano, la izquierda ha usufructuado el Gobierno por cuatro años, pero está sedienta de poder y busca permanecer décadas en él, como lo demuestran las intenciones del jefe de Gobierno, que hace lo imposible por promocionar a su ‘heredero’.
El Gobierno y la izquierda que este representa parecen que han aplicado todas las formas de lucha, como lo planteaba Mao Zedong, donde para alcanzar los objetivos se debe utilizar simultáneamente todas las herramientas disponibles, bien sean legales o ilegales, la presión política y armada, el trabajo de masas para dominar al proletariado, las huelgas y, en general, implantar el caos y la anarquía. Esto es lo que lamentablemente está viviendo nuestro país con la presión armada de los narcoterroristas, la amenaza de los colectivos, la intimidación de la primera línea, el discurso populista y la acción desestabilizadora de las ‘bodegas’.
Cuando nos preguntamos cuál es el país que realmente queremos los colombianos, siempre aparece la palabra ‘paz’, la cual viene acompañada de seguridad, justicia, empleo, comida, salud, vivienda y educación. El Gobierno actual captó muchos votos prometiendo una ‘paz total’ que no llegó, sino que, por el contrario, multiplicó el número de delincuentes, aumentó los cultivos de coca por su ‘tolerancia’ hacia los bandidos, incrementó el número de parásitos sociales, posiblemente se coronó campeón de la corrupción entre sus allegados y polarizó de tal forma a la población que hoy se matan en las calles por defender su ideología política.
Es un hecho que el jefe de Gobierno no cumple la Constitución, por cuanto debe gobernar para todos los colombianos, no solo para las minorías, porque debe simbolizar la unidad nacional y, por el contrario, es el instigador de la lucha de clases, porque debe responder por el orden público en todo el territorio y, debido al debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de las instituciones del Estado se ha permitido que los narcoterroristas tengan control en gran parte del territorio nacional, porque desde su cargo hace política en favor de su ‘heredero’, violentando las leyes, la neutralidad y el equilibrio en la competencia electoral.
Lamentablemente, las instituciones estatales encargadas de controlar el poder y evitar sus abusos y desviaciones no han tenido la fortaleza ni el carácter necesarios para impedir la participación en política del jefe de Gobierno y de algunos integrantes de su gabinete, porque estos están empeñados en hacer campaña para que el ‘heredero’ continúe gobernando con las políticas de la ideología progresista que tanto daño han causado a Colombia y que los mantendría a ellos en la cúpula de la pirámide de poder. En estas elecciones se está luchando contra ‘el establecimiento’, que está representado por la fuerza y el control del poder ejecutivo.
Los resultados de la primera vuelta son claros y contundentes, pues muestran que el país está cansado de los abusos y arbitrariedades del Gobierno; los electores quieren un verdadero cambio que asegure la convivencia en democracia y el disfrute de las libertades. La campaña de la izquierda ha sido sucia; ha empleado la mentira, la calumnia, la intimidación, la violencia y la compra de voluntades para intentar superar la votación del representante de la derecha, porque no aceptan perder el poder frente a la libre voluntad de los electores.
El jefe de Gobierno y su ‘heredero’, posiblemente por principios ideológicos recalcitrantes, no reconocieron los resultados electorales de la primera vuelta y tampoco reconocerán los de la segunda vuelta, además de que posiblemente instiguen a sus huestes de la primera línea, de los colectivos, de las guardias campesinas, de las mingas, de los estudiantes de algunos colegios y universidades públicas que han sufrido el transbordo ideológico inadvertido, para que salgan a las calles a generar un verdadero estallido social que solo traerá sangre y desolación al pueblo colombiano.
No se puede caer en la trampa de la narrativa izquierdista que siempre engaña; el candidato Petro prometió en 2021 no convocar una constituyente y esta fue la principal aspiración durante su Gobierno; prometió manejar los recursos públicos como sagrados y el país nunca había estado tan endeudado, ni con un déficit fiscal tan grande, así como nunca se habían robado tan descaradamente el patrimonio de la nación como en el caso de la UNGRD o de los carrotanques para el agua de la Guajira; prometió nombrar a los más capaces y hoy algunos de sus aliados están refugiados en el exterior haciéndole el quite a la justicia, otros están en la cárcel o nombró a Guanumen, Saade o Benedetti como embajadores o ministros.
Como estrategia para ganar votos, el ‘heredero’ ha decidido no promover una Constituyente, pero quienes lo conocen saben que esta será su prioridad, mientras que el ‘bachiller Bolívar’, quien critica a la izquierda para simular que está alejado de ella, ha tenido la desvergüenza de utilizar fotografías de miembros de la Fuerza Pública mutilados por las minas de los narcoterroristas para influenciar las próximas votaciones en favor del ‘heredero’, comunista puro, como si la violencia del país partiera de la Fuerza Pública y no de los delincuentes que quieren el poder para mantener los cultivos de coca y los corredores del narcotráfico. El comandante general de las Fuerzas Militares debería demandar a este promotor de la primera línea por instigar a la violencia y ser cómplice de las muertes de muchos colombianos.
Debemos defender la democracia, pues esta estará pendiendo de un hilo en caso de que la izquierda quede nuevamente en el poder. El 42 % de los colombianos que no asistió a las urnas en la primera vuelta debe ser consciente de que su voto puede contribuir a que se mantenga el respeto de las libertades, de la propiedad privada, del derecho a la salud, de la buena educación de sus hijos, de una paz duradera. El no cumplir con este derecho y este deber le estará concediendo una ventaja a los que quieren seguir haciendo daño al país y a la sociedad. La amenaza del empleo de la violencia por parte de la izquierda no nos puede intimidar; vamos todos a votar, salvemos a Colombia.
