Colombia tiene la singular habilidad de producir figuras públicas que, ante las preguntas que de verdad importan, hablan sin parar para no decir nada. No es que empleen el silencio propio de quien evade, sino algo más sofisticado: la verborrea del que ya tomó partido, pero carece del temple para asumirlo. La perorata del cobarde.
Si a uno le preguntan si aprueba o no el uso de bloqueadores hormonales e intervenciones de afirmación de género en menores de edad, lo que corresponde es un “sí” o un “no”. Punto. Pero hay quienes, en lugar de responder, se refugian en laberintos técnicos que nada tienen que ver con una postura ética frente al tema. “Es que la Corte ha dicho…”, “es que el marco jurídico…”, “es que el consentimiento informado…”. Un andamiaje de referencias construido para hablar mucho sin decir lo que piensan, aunque todos ya lo sepan.
Es cierto que la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-218 de 2022, bajo ese lenguaje particular que incorpora expresiones como “autonomía evolutiva”, “vivencia interna” o “capacidad progresiva”. Términos que blindan, bajo el eufemismo de un derecho, procedimientos de efectos biológicos profundos e irreversibles. Conceptos que ordenan el discurso, pero distancian la mente de su efecto más brutal: intervenir quirúrgica y hormonalmente un cuerpo que aún no ha terminado de formarse. ¡Tamaña aberración!
Frente a esto, lo mínimo que se espera de quien aspira a liderar destinos es que diga, con todas las letras, si está de acuerdo o no. Pero si en lugar de ello se diluye en referencias y ambigüedades, ¿qué puede uno pensar? Que favorece la aberración, aunque es consciente del costo electoral que le supondría reconocerlo.
Lo que omiten quienes defienden esta barbaridad citando dicha sentencia es el desenlace del caso que la originó. El joven en cuyo nombre se construyó todo ese andamiaje terminó desistiendo del tratamiento, describiéndolo como tortuoso y desgastante. Y reconociendo posteriormente, ya en su mayoría de edad, no tener claro si continuar o no con su proceso de reafirmación de género. La sentencia habla de autonomía; el niño que la inspiró, de agotamiento. Mientras el lenguaje jurídico eleva principios, la experiencia personal del accionante exhibe el costo.
Ese contraste no es poca cosa. Es, probablemente, el punto más incómodo de la discusión y, como suele ocurrir, el primero en desaparecer del discurso de quienes prefieren la ambigüedad a la claridad.
Un menor no puede firmar un contrato, no puede votar, no puede comprar licor ni decidir sobre su patrimonio porque la ley, en su sabiduría, lo protege de su propia inmadurez. Sin embargo, bajo la lógica de quienes se escudan en la T-218, ese mismo menor sí puede consentir que se le altere para siempre la química de su cuerpo. Y ni hablar de los padres dispuestos a autorizarlo. En cualquier sociedad sana, los niños deben ser protegidos de padres así. No son confiables, como tampoco lo es el líder que avala semejante monstruosidad en nombre de la “autonomía progresiva”.
Dios le otorga a cada ser humano una sola infancia. Hay niños que en ese tiempo irrepetible cargan con una angustia real. No ha de ser fácil para ellos sentir que su identidad no coincide con su cuerpo. Esos niños merecen toda la atención, el acompañamiento terapéutico y el amor que una sociedad civilizada pueda ofrecerles. Eso es indiscutible. Lo que no admite ambigüedad es que la respuesta a ese dolor no puede ser una intervención irreversible sobre un organismo en desarrollo, ejecutada antes de que el individuo tenga la capacidad legal y plena de comprender una decisión de por vida.
Un adulto puede, en el ejercicio de su libertad, tomar las decisiones más radicales sobre su propio cuerpo. Eso se respeta. Pero un niño se protege. Los adultos a su alrededor deben tener claro que con el desarrollo de los menores no se juega.
La pregunta que Colombia debe hacerle a quienes aspiran al poder no es si respetan el ordenamiento jurídico —eso se da por descontado—. La pregunta es si tienen la honestidad de decir, sin subterfugios, qué están dispuestos a permitir cuando se trata del futuro de un menor.
Quien no pueda responder eso de frente, no es confiable. No entiende que con los niños no.