Colombia, un país de disidentes

La disidencia se define como la expresión de un desacuerdo, ya sea total o parcial, con ideas, normas o estructuras establecidas, tanto a nivel individual como colectivo. Este desacuerdo puede llevar, en algunos casos, a una autoexclusión del orden establecido dentro de una organización, una sociedad o cualquier ámbito en el que ocurra.

Las personas o grupos disidentes suelen manifestar su oposición por razones políticas, ideológicas, doctrinales o estratégicas frente a las directrices de una organización política, religiosa o militar. En muchos casos, optan por retirarse de dichas estructuras y, en ocasiones, incluso las desafían. Este comportamiento es común en estos contextos y, con frecuencia, da lugar a la formación de nuevas organizaciones que buscan materializar sus principios y objetivos.

En la historia reciente de Colombia, el proceso de paz con las Farc dio lugar al surgimiento de nuevas estructuras disidentes, tanto durante la negociación como después de la firma del acuerdo. Estas disidencias han sido identificadas y se conocen sus intereses y formas de operar, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico.

Lo más preocupante para la institucionalidad y la democracia del país es que, con el respaldo del actual gobierno a través del debilitado y fallido proceso de paz total, se ha afectado aún más la capacidad de acción de las Fuerzas Militares y la Policía. Esta política errónea ha generado tal impacto que incluso algunos aliados del gobierno han expresado su desacuerdo.

Lo que resulta difícil de entender para los colombianos es cómo el concepto de disidencia se ha trasladado a las organizaciones y partidos políticos del país. En los últimos años, miembros activos y representantes de estas colectividades, buscando marcar distancia, han creado nuevas agrupaciones políticas. Actualmente, existen más de treinta partidos nuevos que, aunque se han constituido dentro del marco legal, aún están lejos de consolidarse como organizaciones políticas serias.

Sin embargo, lo realmente preocupante es lo que ocurre dentro de la mayoría de los partidos políticos en Colombia. Muchos de sus miembros, en lugar de actuar conforme a los principios y directrices de sus colectividades, ceden ante la repartición de prebendas, comúnmente conocida como ‘mermelada’, con el único propósito de fortalecer su poder político individual y su influencia económica. Más alarmante aún es que, salvo contadas excepciones, los directivos de estos partidos terminan avalando estas prácticas corruptas, lo que, poco a poco, debilita nuestra democracia.

Dentro de las organizaciones y partidos políticos, se podría entender que un disidente es aquel miembro que se aparta de las ideas de su colectividad y expresa públicamente su inconformidad, ya sea dentro del gobierno o de su propio partido. Este comportamiento es completamente legítimo, siempre que se haga respetando las decisiones mayoritarias y dejando constancias de su desacuerdo, ya sea por principios o por objeción de conciencia.

No obstante, es muy distinto cuando la disidencia responde a intereses individuales, muchas veces corruptos, como ocurre con numerosos congresistas que hoy enfrentan investigaciones judiciales por estas prácticas.

Este tipo de actuaciones ha permeado a gran parte de los partidos políticos en Colombia, incluyendo tanto a los históricos y tradicionales como a los nuevos. En muchos casos, sus congresistas y otros funcionarios elegidos popularmente han cedido a los incentivos ofrecidos por los gobiernos de turno, traicionando no solo a sus partidos, sino también a sus electores y los compromisos adquiridos antes de ser elegidos.

Lamentablemente, son pocos los partidos y dirigentes que han demostrado coherencia con sus principios, ya sea desde el gobierno o la oposición, y que han sancionado de manera ejemplar a estos disidentes que se han dejado influenciar por prebendas. En especial, los partidos de oposición deberían ejercer mayor rigor disciplinario, pero desafortunadamente, los casos de sanciones reales se cuentan con los dedos de una mano.

Estas nuevas disidencias, junto con los directivos de los partidos que han decidido apartarse de los principios fundamentales que deben regir a una organización política, han dejado de actuar bajo los dos pilares esenciales de cualquier colectividad: la lealtad y la coherencia con sus ideales. Esto ha llevado al incumplimiento de sus propios estatutos y al debilitamiento progresivo de estas organizaciones.

Es importante recordarles que, debido a estas acciones y al impacto de las redes sociales, los partidos políticos en Colombia se han vuelto cada vez más frágiles. Si no toman decisiones firmes y de fondo, dejando de lado el miedo a perder poder o votos de estos disidentes, y si no fortalecen su estructura con medidas disciplinarias y políticas que impidan que estos individuos sigan controlando el poder dentro de sus filas, su credibilidad seguirá erosionándose.

El poder que han adquirido las disidencias dentro de los partidos ha generado una absoluta falta de coherencia, afectando la claridad y consistencia de los mensajes que estos envían a sus seguidores y a la ciudadanía en general. La incapacidad de sancionar a quienes priorizan sus intereses individuales sobre los objetivos colectivos ha provocado una pérdida de confianza en las organizaciones políticas.

Seguramente, en un futuro no muy lejano —y quizá debería ser así—, los colombianos deberíamos identificar y señalar públicamente a estos personajes, conformando lo que podríamos llamar el ‘cartel de los disidentes’: aquellos políticos que, de manera reiterada, han convertido la política en un juego de intereses personales. Son los mismos que, a cambio de prebendas o beneficios, votan a favor de proyectos del gobierno de turno, traicionando no solo las decisiones de sus partidos, sino también la confianza de los ciudadanos que los eligieron.

Si en las próximas elecciones al Congreso nos propusiéramos utilizar las redes sociales para exponer públicamente a cada uno de los integrantes del cartel de los disidentes dentro de los partidos y organizaciones políticas con representación en el Congreso, las asambleas y los concejos, la ciudadanía podría evitar que estas personas sigan usando sus curules para beneficio propio en lugar de fortalecer la democracia, que es el verdadero propósito del voto popular.

Cada elección es una oportunidad para construir una democracia más sólida y transparente. Aunque el reto es grande, si trabajamos unidos, podremos frenar estas disidencias que, lejos de representar ideas y principios, se han convertido en un verdadero cartel de la contratación pública.