Tras 40 años de la tragedia de Armero, el periodista Mario Villalobos revela trama de corrupción en ayudas a las víctimas

CAPÍTULO 36

EL CASO DE LOS HUEVOS POR ROPA

A lo largo de los años muchos indicios han quedado en torno a supuestos desvíos de dineros y donaciones que iban para la atención de los damnificados por la tragedia de Armero y nunca llegaron a sus destinos. La investigación para este libro llegó a documentos y expedientes que tienen información inédita, o al menos poco conocida, sobre esos supuestos casos de corrupción en la atención de la emergencia.

Una de las historias más conocidas comenzó como un episodio que rayaba en lo jocoso y terminó haciendo parte de un larguísimo proceso disciplinario y penal que durante años dejó más dudas que certezas. La historia comenzó cuando, por cuenta de las denuncias periodísticas, a principios de 1986, se supo que en una bodega a cargo de la Cruz Roja Colombiana se estaba intercambiando ropa por huevos. La propia entidad le pidió a la Procuraduría General de la Nación que averiguara qué sucedía.

Esta investigación periodística conoció un expediente de 1.122 páginas que consigna detalladamente los entresijos por entre los que se ve lo que parece ser un caso de corrupción.

Pocos días después de la tragedia, Esther Bernal, una comerciante que se supone se enteró de que mucha de la ropa donada estaba en regulares condiciones, le propuso a la Cruz Roja intercambiar 800 huevos por cada tonelada de prendas almacenadas en una bodega pues, según dijo, se dedicaba a reciclar tela para fabricar láminas para brilladoras industriales y a hacer relleno para colchones, entre otras actividades.

En el expediente no hay explicación de por qué a la Cruz Roja le pareció conveniente cambiar ropa usada por huevos, y, además, hacerlo en Soacha, Cundinamarca, población muy distante de Armero. Era evidente que la distancia no solo acarrearía altos costos en transporte sino que, eventualmente, provocaría también que ese alimento se dañara durante el proceso de almacenamiento o traslado.

Tampoco nadie se explica por qué era conveniente canjear ropa usada por huevos, cuando la entidad ya estaba recibiendo suficiente dinero producto de las donaciones, de manera que podría comprarlos directamente a una firma especializada, que los entregara más rápido y en el lugar donde se requerían.

Al parecer, se prefirió a una comerciante que, aparentemente, no tenía experticia en el manejo y venta de alimentos, ni jamás reportó de dónde sacaba los huevos, ni cuál era su cadena sanitaria, y tampoco justificó por qué el precio de su oferta era más competitivo frente al de otros proveedores o con relación al mercado en general.

Al menos en lo que figura en el expediente ni siquiera se supo con qué tipo de argumentos legales o logísticos la Cruz Roja Colombiana estableció que la compensación ideal por una tonelada de ropa era el equivalente a 800 huevos.

Lo que sí es claro es que la propia Esther Bernal, cuando fue citada a declarar dentro de las averiguaciones de las autoridades, confirmó que el acuerdo se finiquitó en un documento firmado por ella y por Carlos Eduardo Martínez, director del Socorro Nacional. En esa declaración, Bernal relató minuciosamente los detalles del canje:

«Entregué huevos, que eran 800 huevos por tonelada de ropa. Yo llamaba y decían: hay aproximadamente tantas toneladas de ropa, entonces llevaba los huevos que eran. Eso era según como se sacara la ropa: yo llevaba el carro y llevaba los huevos, de acuerdo con la ropa que me iban a entregar… lo máximo que entregué fue 4.000 huevos. Yo los entregaba a un señor encargado para eso; cada vez que me recibían los huevos me firmaban el correspondiente recibo, yo tengo las constancias y la Cruz Roja lo mismo».

El trato funcionó como un relojito, hasta cuando algunos sobrevivientes de la tragedia, al parecer, amenazaron a la comerciante pues se dieron cuenta de que no estaría reciclando la ropa, tal como ella decía, sino que estaría vendiendo la que estaba en buen estado, y ellos, según explicaban, la necesitaban en medio de la difícil condición que les había dejado la avalancha.

La situación se desbordó al punto de que el comandante de la Policía de Soacha, capitán Edilberto Pardo, tuvo que intervenir para evitar un brote de violencia. El uniformado revisó algunas de las cajas que estaban en poder de la mujer y descubrió que no solo había ropa usada sino algunos insumos médicos, que, según ella, llegaron ahí por error.

Pero, además, el oficial descubrió que muchas de las cajas que fueron a parar a manos de Esther Bernal estaban selladas; es decir, no existía plena certeza de si su contenido era ropa, tal como se convino, u otro tipo de donaciones.

Así lo confirmó Alberto Lindo, delegado del entonces presidente de la Cruz Roja, Guillermo Rueda Montaña, para acompañar la investigación de la Procuraduría, quien, dentro del proceso penal que se abriría posteriormente, declaró que el comandante de la Policía de Soacha halló cajas cuyo contenido era desconocido, pues, además de huevos, a Esther Bernal se le estaban entregando otros artículos.

Lindo sostuvo también que esas cajas salían de la bodega sin ser sometidas al proceso de pesaje, tal como estaba acordado, y que la comerciante no solo entregó huevos: «El capitán Pardo relaciona haber encontrado alrededor de 500 cajas de cartón, de las cuales aproximadamente 150 estaban selladas con una cinta de 5 centímetros de ancho. Cómo es posible que le entreguen a la señora cantidad indeterminada de cajas sin pesar, sin ver su contenido, a cambio de muñecos de felpa y de huevos, sin especificar tampoco las cantidades».

Con el correr el tiempo, el escándalo subió de tono cuando se conoció la declaración de Andrés Vásquez, el ecónomo de la Cruz Roja, es decir, el encargado de despachar los alimentos con destino a los damnificados. En su momento, el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que definía un recurso judicial, reveló en su análisis del caso un aparte de la declaración de Vásquez que confirmaba que jamás supo de huevos canjeados.

«De acuerdo a la versión de Andrés Alberto Vásquez Pedraza, quien se desempeñaba como ecónomo […] “en ningún momento envié huevos hacia la zona del desastre ni para la zona de Bogotá, es decir, para ningún lado se enviaron huevos”».

Lo que se deduce de la declaración del ecónomo es que, o bien los huevos habrían sido enviados por otra vía a los damnificados, sin que aparentemente existiera una trazabilidad de quién, cómo y cuándo lo hizo; o nunca habrían existido los huevos ni llegado a manos de los sobrevivientes de la avalancha.

El caso es que el episodio de canje de huevos también embolató disciplinariamente al encargado de la bodega, Alfonso Pachón López, quien era jefe de talleres y terminó por orden de sus superiores como administrador del sitio. Además, el otro implicado fue el mencionado Martínez, director del Socorro Nacional.

No obstante, ambos salieron limpios del proceso, entre otras consideraciones, porque las autoridades acogieron, en diferentes instancias, los argumentos del abogado asignado por la Cruz Roja, Jesús Garzón, quien aseguró que no había conductas al margen de la ley sino que ambos funcionarios fueron víctimas de las circunstancias, pues la magnitud de la tragedia superaba las capacidades operativas de la Cruz Roja.

En el expediente figura cómo el jurista argumentó, en un momento clave del proceso, que «lo que se observa en esa primera fase […] es una inadecuada capacidad operativa de la Cruz Roja […] que se quedó “corta” para el manejo de la situación, lo cual en modo alguno se puede tener en cuenta con el fin de deducir presunta responsabilidad penal».

Al final, sobre el caso de los huevos, la ropa y los peluches nunca hubo una verdad judicial porque, como se verá más adelante, el proceso nunca concluyó.

CAPÍTULO 37

DINEROS, BODEGAS, AMBULANCIAS Y OTROS INTERROGANTES

El canje de ropa usada por huevos fue tan escandaloso que el entonces Procurador General, Carlos Mauro Hoyos, ordenó adelantar una investigación a cargo de Jorge Leyva y Ciro Romero, ambos fallecidos hoy y entonces abogados de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, quienes tenían orden de averiguar detalladamente el comportamiento de quienes manejaron los recursos destinados a la atención de los sobrevivientes de la tragedia.

Tras evaluar el informe que entregaron luego de varios meses de trabajo los abogados Leyva y Romero, la Procuraduría General de la Nación anunció, a mediados de julio de 1987, la decisión de darle traslado de sus hallazgos a la justicia penal, y crear una agencia especial que acompañara el proceso, en cabeza de Edelberto Durán Reyes, abogado que durante años luchó infructuosamente para lograr plena claridad sobre lo que pasó con el dinero y los recursos.

Un grupo de once funcionarios de la Cruz Roja, encabezados por su presidente, Guillermo Rueda Montaña, fueron señalados como presuntos responsables de conductas como hurto continuado, peculado por extensión y apropiación y peculado culposo. De acuerdo con la arquitectura del

aparato judicial para el momento de los hechos, el asunto estuvo a cargo de un Juzgado de Instrucción Criminal.

Una vez se hizo el anuncio, el presidente de la Cruz Roja, Rueda Montaña, solicitó la investigación a la Procuraduría, y declaró a los medios de comunicación que la entidad respondería uno por uno todos los señalamientos penales y, tras socializar un comunicado de prensa, el 16 de julio de 1987 le afirmó al diario El Tiempo que no tenía duda de la probidad en la ejecución de los recursos que, inclusive, dijo, tenían control de la Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, Suiza.

«Poseemos tres sistemas distintos de control sobre el manejo de los recursos. Un Departamento de Auditoría Interno y una revisoría externa, que maneja la firma Touch Ross. Además, Price Waterhouse supervisa directamente nuestras operaciones y envía periódicamente sus informes a Ginebra», aseguró el Rueda Montaña en esa entrevista.

La primera estrategia de la entidad para controvertir los cargos y solicitar el cierre de la investigación penal fue argumentar, según los documentos oficiales, que la magnitud de la tragedia sobrepasó las capacidades de reacción de la entidad para clasificar y manejar las ayudas en especie.

En cuanto al manejo de dineros, sostuvo que los once implicados no eran empleados públicos sino simples particulares manejando sus operaciones en Colombia, y, además, que la Cruz Roja se regía en sus actuaciones por el régimen privado y totalmente al margen de la normatividad del Estado colombiano.

Se lee en el expediente el argumento del abogado de los once implicados:

«Eran simplemente personas particulares y no funcionarios o empleados públicos y los bienes que supuestamente se apropiaron o permitieron que otros se apropiaran no eran tampoco bienes públicos, sino, al contrario,

bienes pertenecientes a una institución de naturaleza privada completamente independiente del Estado».

No obstante, el juzgado no solo desestimó esas apreciaciones, asegurando que la entidad sí tenía un vínculo real con la ejecución de dineros públicos, sino que ordenó que un grupo de investigadores ampliara las pesquisas con base en el informe disciplinario allegado por la Procuraduría.

En ese momento del proceso se tuvieron en cuenta dos declaraciones clave. Primero, la de Esther Bernal, reconociendo los particulares acuerdos con los que proveyó los huevos. Sin embargo, lo llamativo es que terminó salpicando al presidente de la Cruz Roja y al director del Socorro Nacional, quienes, según ella, aprobaron el canje:

«Yo fui a la Cruz Roja y tras de hacer miles de antesalas hablé con el doctor Rueda Montaña y Carlos Martínez, y les dije que yo les compraba esa ropa que iban a quemar, que no era justo que la quemaran ya que yo la podía utilizar en el trabajo; ellos me dijeron que no recibían plata, acordamos entonces un canje, lo primero que se cambió fue por muñecos de felpa y luego por huevos, se hizo un contrato con el doctor Martínez, director de no sé qué ahí en la Cruz Roja, tampoco recuerdo la fecha».

La segunda declaración fue de Jaime Solórzano, empleado de la bodega, quien dijo que Carlos Eduardo Martínez conocía lo que pasaba y explicó con detalles el procedimiento: «Iba un día a la semana durante un mes, era una camión grande y viejo, era como un Ford 800, se llenaba completamente hasta la carpa, repleto hasta que no le cupiera más. […] Órdenes que venían con la firma del doctor Martínez Sáenz, jefe del Socorro Nacional».

El jefe de la bodega, Alfonso Pachón, uno de los procesados, confirmó en su declaración ante la justicia penal que el primer canje entre Esther Bernal

y la Cruz Roja Colombiana no se dio por huevos, sino por muñecos de felpa.

«Por muñecos, esa ropa del patio y 1.200 cajas de la bodega internacional fue por muñecos. Las 1200 cajas aproximadas que se entregaron de la bodega para el canje de la ropa usada por muñecos se la entregaron tal como llegaron a las Damas Grises; se llevaba a un salón de la sección del socorrismo para que ellas las clasificaran. Preguntado: ¿quién ordenó que se le entregaran esas cajas a las Damas Grises y en qué forma? Contestó: el doctor Guillermo Rueda Montaña, presidente de la Cruz Roja».

El colofón de este primer escándalo fue la declaración de Carlos Eduardo Martínez Sáenz, quien, según el expediente, dejó en evidencia que fue él mismo, sin hacer ningún tipo de consulta, con base en un cálculo personal, sin tener experticia contable y sin recurrir a un equipo de especialistas, el que decidió cuál era el precio adecuado para el acuerdo con Esther Bernal.

«Me pareció haciendo una cuenta aritmética que a ese precio de 12,80 salía entre 10 u 11 mil pesos el valor de la ropa no utilizable y que se podía reciclar, por eso firmé el convenio con la señora Esther».

Hubo hallazgos en torno a asuntos más complejos como el manejo de dineros y donaciones nacionales e internacionales. El testimonio de Ramiro Lozano Neira, director seccional de la Cruz Roja en Tolima, abrió una caja de Pandora repleta de denuncias sobre posibles irregularidades.

Según la declaración de Lozano ante la justicia penal, él nunca supo qué pasó con una donación superior a los 200 mil dólares de la época que, aseguró, entregaron particulares a la Cruz Roja de Estados Unidos con destinación específica a la Cruz Roja de Tolima.

La versión de Lozano quedó así en los expedientes: «A través del año de 1986 recibimos la visita del señor Hernando Sánchez, que venía de Chicago a buscar la destinación que la Cruz Roja del Tolima le había dado a

207.244.30 dólares, suma entregada a la Cruz Roja Americana para ser remitidos a Ibagué para la Cruz Roja del Tolima, pero que nunca han llegado a esta institución y que siempre que preguntamos nos informa Bogotá que llegó en un gran paquete».

Lozano también declaró ante los investigadores penales que puso en conocimiento del presidente de la Cruz Roja los presuntos abusos de funcionarios de la entidad que llegaron de otras partes del país y que habrían usado carros oficiales para fines personales, entre otros procedimientos cuestionables: «Fui presionado por gentes del norte del Tolima que me decían que le pusiera remedio al uso y abuso de los automotores que tenía la Cruz Roja en el norte, ya que se la pasaban en paseos y no era para la atención de la emergencia, siendo que 17 vehículos de estos fueron estrellados».

Lozano declaró que el Contralor departamental, Gabriel King, le llamó la atención debido a que, en una ferretería de Lérida, los voluntarios de la Cruz Roja pedían facturas y recibos en blanco. «Y no podía tomar ninguna medida correctiva porque era personal ajeno a la Seccional del Tolima. Todas esas anomalías se las comuniqué al doctor Guillermo Rueda Montaña, en dos oportunidades».

Le relató a la justicia episodios aparentemente relacionados con donaciones que terminaron en manos de criminales. Se lee en la declaración de Lozano: «El señor jefe del DAS me informó que conocía de la venta de varias plantas eléctricas, creo que 10, a mafiosos del Caquetá y que él estaba tras la pista de quien las había vendido, puesto que conocía el intermediario del negocio».

El propio director seccional del DAS en Tolima, Hernando Ocampo, confirmó bajo juramento la versión de Lozano y reveló que, efectivamente, el intermediario era un odontólogo, quien le confesó que compraba las

plantas a precios módicos para revendérselas a un narcotraficante que le propuso armar un negocio.

Lozano Neira también denunció que, desde Bogotá, le enviaban recursos en tan mal estado que tuvo que recibir ayuda extranjera para atender las necesidades en terreno. Así continúa su declaración: «Nos mandaron toda la ropa vieja que pudieron, unos alimentos enlatados ya vencidos, y sí nos quedamos esperando los equipos necesarios para atender cualquier emergencia […]. La ONU, al darse cuenta de que no estábamos atendidos por la Cruz Roja Nacional, crearon un fondo regional de emergencia y nos están dotando de los elementos necesarios para ello».

Lo que dijo Lozano sobre el manejo de ropa con destino a los damnificados, coincide con las denuncias que todavía hoy hacen muchos de los sobrevivientes, en el sentido de que casi nunca recibieron prendas de vestir nuevas o en buen estado, pese a todo lo que llegó al país en una gran ola de solidaridad mundial.

Por ejemplo, el juzgado le preguntó a Lozano por un cargamento de ropa nueva que fue enviado por la Aduana Nacional desde Santa Marta, y su respuesta fue: «Acá llegó una mínima cantidad de ropa nueva consistente en unas camisas para hombre, pantalones y vestidos para señora, cuyo dato exacto se lo suministrará el almacenista, pero una mínima cantidad».

Sus constantes denuncias e indagaciones, según Lozano, provocaron una serie de diferencias personales con Rueda Montaña, y con uno de sus más cercanos colaboradores, Artemo Franco, director ejecutivo, quien, a pesar de tener una enfermedad en los ojos que afectaba gravemente su visión, era uno de los mayores responsables del manejo de dineros.

La relación se deterioró tanto que, relató Lozano, le solicitaron su renuncia cuando se enteraron de que había pedido una investigación disciplinaria adicional sobre otras irregularidades. «Me decían que era un

desleal porque había solicitado una investigación a la Procuraduría respecto de una ambulancia y unos auxilios traídos por la Reina Sofía de España y que nunca llegaron al Tolima, hasta donde yo sé», se lee en el expediente.

Esa es una de las voces que reposa en los expedientes y que fue posible consultar 40 años después. Lozano —quien murió en 2015— tuvo una destacada carrera regional, pues luego de su paso por la Cruz Roja de Tolima fue el primer gobernador de ese departamento escogido por votación popular.

Pero la voz de Lozano no es la única. Otro de los testimonios, relacionado con las denuncias sobre supuestos malos manejos de dineros, fue de la revisora fiscal de la Cruz Roja, Mery Vargas. La mujer dijo que varios funcionarios de la entidad, según ella, recibieron sumas en efectivo para el desempeño de las labores propias de la atención directa de la tragedia.

Sin embargo, según declaró ante el juzgado de Instrucción Criminal, perdió la batalla para lograr que se legalizaran esos anticipos, y que, aunque advirtió a la cúpula de la entidad lo que pasaba, no se tomaron medidas efectivas.

La declaración de Vargas que se lee en los documentos dice: «Se pasaron memorandos e informes a la Dirección Ejecutiva, con copia a la Presidencia, sobre la gravedad de esa situación, presentando fechas de entrega de esos dineros y el tema que había pasado y que no habían sido legalizados. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva no prestó mucha atención a esta situación».

También reveló que no aceptó las legalizaciones que sí le entregaron porque, aunque estaban aprobadas por la Dirección Ejecutiva de la Cruz Roja, no cumplían, según ella, con los estándares contables exigidos. «Es más, se presentaron situaciones de conflicto con varios funcionarios quienes

al ver que se les rechazaban los documentos de las legalizaciones por no poseer las características que debían tener, acudían a la Dirección Ejecutiva para que les pusieran un visto bueno».

De hecho, Ernesto Saldaña, funcionario designado por la justicia para examinar las cuentas de ingresos y egresos con las donaciones en dinero y en servicios durante la tragedia, confirmó que había un rubro de casi noventa y nueve millones de pesos en operaciones sin legalizar, lo que en dinero representaba una verdadera fortuna para esa época.

Otro de los episodios que convenció a la jueza de la causa de que había motivos suficientes para procesar penalmente a los directivos de la Cruz Roja fue la compra de una bodega al norte de Bogotá. La solidaridad nacional y mundial hizo colapsar las instalaciones de la sede central de la entidad en la capital, y por eso se tomó la decisión de adquirir un nuevo sitio de acopio para las donaciones en especie.

Se escogió un predio en inmediaciones de La Caro, Cundinamarca, instalación que fue conocida como la bodega internacional y que puso al descubierto un supuesto entuerto. El negocio entre la Cruz Roja y los dueños del inmueble se acordó en setenta millones de pesos y fue consultado a la denominada Liga de Naciones, o Cruz Roja Internacional, que finalmente, desde Suiza, aprobó la compra y envió los recursos, producto de donaciones de diferentes países.

Lo confirmó en el proceso penal Wegner Torsten Herbert, un alemán que se desempeñó como delegado de la Cruz Roja Internacional en Bogotá, y quien coordinó la consulta sobre las características de la bodega y los pormenores operativos de la compra, entre ellos el giro del dinero convenido.

Aseguró el ciudadano alemán, según se lee en el expediente: «La Cruz Roja Colombiana tuvo luz verde para firmar el contrato de compra y la Liga

de Ginebra transfirió una vez veinte millones de pesos y, en la segunda transferencia, cincuenta millones de pesos, a nuestra cuenta de la Liga y yo firmo los respectivos cheques para entregar ese dinero a la cuenta de la Cruz Roja Colombiana y con eso se ha terminado para nosotros nuestra función. La bodega es propiedad de la Cruz Roja».

Pues bien, lo que revela el expediente fue que el negocio no se habría finiquitado de manera plenamente ortodoxa, pues la Cruz Roja y los dueños de la bodega, al parecer, convinieron un monto diferente en la escritura que formalizó el acuerdo comercial. El juzgado citó a declarar a Christian Clausen, quien firmó la compraventa de la bodega. Lo que quedó consignado en los papeles consultados para este libro se entiende como una confesión: «El valor de la venta del inmueble fue superior al indicado en la escritura de venta», dijo Clausen.

De acuerdo con esa versión, mientras el precio reportado a Ginebra fue de setenta millones de pesos, que llegaron al país en los dos cheques reseñados por Wegner Torsten Herbert, el valor real registrado en la escritura fue de once punto cinco millones de pesos. Cuando en los tribunales le preguntaron el porqué de la diferencia, Clausen admitió que todo fue minuciosamente acordado con Artemo Franco, director ejecutivo de la Cruz Roja.

El testimonio de Clausen en la diligencia incluye sus explicaciones: «La razón principal y que esa es la única era la de seguir el consejo de todos los entendidos en esta materia de que la escritura se debería correr por un valor igual o muy aproximado al del avalúo catastral».

De hecho, la versión de Clausen la confirmó Gilberto Ospina, jefe de contabilidad de la Cruz Roja, quien en su declaración ante la justicia reveló que, efectivamente, la transacción tuvo valores diferentes, y que, dentro de las sumas consignadas al interior de la entidad, se registró como oficial la

de menor valor. Dijo Ospina: «El costo de adquisición según la escritura fue […] once millones y medio de pesos, pues fue el documento que se tuvo como base para la respectiva contabilización».

Para completar estos movimientos inexplicables con el dinero de la atención, también hay manejos dudosos en los vehículos que compró la Cruz Roja. En el testimonio que rindió en el proceso penal, Rueda Montaña admitió que diez camionetas, que no eran propiamente ambulancias pero que podían ser habilitadas para prestar ese servicio, adquiridas con dineros destinados a la emergencia, terminaron en poder del fondo Resurgir.

También admitió que llegaron 33 ambulancias, producto de la generosidad internacional, y que, una vez terminó la fase crítica de la atención en Armero, algunas fueron enviadas a otras seccionales del país, pues su uso ya no era necesario en la zona de la tragedia.

Según Artemo Franco, algunos vehículos fueron nacionalizados a mediados de 1986, pero, por cuenta del alto costo que generaban, no se asignaron a las sedes de la Cruz Roja de Tolima y Caldas, sino que fueron entregados a aquellas seccionales que habían prestado sus propias ambulancias para atender la emergencia en noviembre de 1985.

El problema fue que, según Franco, las ambulancias terminaron utilizándose en la campaña política de 1986: «¿Cumplieron estas ambulancias donadas oportunamente por la Liga las funciones para las que fueron asignadas? Dudo mucho, porque entonces estábamos en época electoral y lo primero que se hizo en el Tolima al recibirlas fue borrar la frase “donación de la Cruz Roja Colombiana”, para dedicarlas, se aclara, entiendo, a actividades proselitistas».

Todas estas pruebas allegadas por la Procuraduría y por los investigadores penales tuvieron un final inesperado. Como se verá en el siguiente capítulo, por cuenta del paquidérmico paso de la justicia, de la

transición por la entrada en vigor de un nuevo sistema penal tras la Constitución de 1991, y por las maniobras del defensor de los funcionarios de la Cruz Roja, el país no supo a ciencia cierta qué sucedió con el dinero de la atención.

CAPÍTULO 38

NI CUENTAS CLARAS, NI CHOCOLATE ESPESO

Como parte del trabajo de indagaciones para aclarar cómo se manejó el dinero que iba para los afectados de Armero, la justicia citó a declarar a Alberto Lindo, el hombre delegado por el presidente de la Cruz Roja para acompañar la investigación de la Procuraduría en torno al episodio del canje de huevos por ropa usada.

Cuando le preguntaron si tenía datos nuevos que aportar, reveló que, luego de su retiro de la entidad, se enteró de que se estaba pagando la defensa de los procesados con dinero de las donaciones recibidas para la tragedia.

Lindo explicó que el Ministerio de Salud, que tenía un representante en el Comité Directivo de la Cruz Roja, se opuso al pago de quince millones de pesos al grupo de abogados. En la declaración que reposa en el expediente se lee: «Cómo es posible que los directivos de la Cruz Roja Colombiana, que en mi concepto son los máximos responsables de las anomalías que yo denuncié oportunamente, se auto autoricen sufragar los gastos de defensa con dineros que pertenecen a la comunidad de donantes de todos los países y que debían estar destinados al pago de todas las catástrofes».

Esa denuncia de Lindo no se profundizó, pero los abogados contratados por la Cruz Roja Colombiana fueron protagonistas de otro modo. Al

parecer, sus solicitudes y maniobras jugaron un papel clave en la lentitud del proceso judicial. Fue un uso del legítimo derecho que tenían, pero también lo que parece su principal estrategia en el caso, acudiendo a su propia interpretación de las normas, en vez de aportar pruebas que desestimaran los cargos o llevaran a otros posibles responsables.

Uno de esos juristas, llamado Jesús Bernal, de quien se ignora si hacía parte del grupo inicial presuntamente pagado con dinero de las donaciones, fue uno de los más incisivos en el proceso. En un extenso memorial de 56 páginas acusó al juzgado de haber hecho un trabajo ineficiente pues, según expuso, sencillamente se limitó a acoger todo lo que afirmaban las pesquisas de la Procuraduría.

«El instructor, pues, no hizo la menor evaluación del informe de la Procuraduría y simplemente lo transportó en bruto a la investigación penal para darle el necesario apoyo jurídico y probatorio», sostuvo Bernal en su escrito.

Otra estrategia de defensa fue reafirmar hasta el cansancio que la Cruz Roja Colombiana era una entidad de carácter internacional, que se regía por el derecho privado, por lo cual la Procuraduría estaba equivocada al considerar a sus clientes como funcionarios públicos, y, por tanto, el proceso penal no tenía piso. Para el abogado, los agentes de la Procuraduría «carecían de competencia para adelantar averiguaciones relacionadas con gestiones cumplidas por una entidad que como la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, reitero, se rige por nomas del derecho privado».

Otro argumento fue que, a pesar de que Carlos Martínez, director del Socorro Nacional, admitió su responsabilidad al firmar un acuerdo para el canje de huevos por ropa usada, el abogado Bernal aseguró que no se trataba de un contrato formalmente dicho y que por lo tanto no tenía ningún alcance penal.

De hecho, el jurista les echó la culpa de la trascendencia del episodio a los periodistas que lo denunciaron y calificó el hecho como «un escándalo en el que participaron diversos medios de comunicación con el despliegue propio que la llamada “prensa amarilla”, en la que hay que incluir necesariamente la televisión», y por eso le pidió a la justicia penal que cesara todo procedimiento en contra de sus defendidos.

Mientras tanto, el reloj comenzó a correr en contra de la verdad y la justicia. La Procuraduría perdió prácticamente todo 1988 pidiéndole al juzgado la vinculación de la cúpula de la Cruz Roja, hasta que formalizó, en una carta en noviembre de ese año, su preocupación por la negativa de los procesados de colaborar con el proceso, traducida en su ausencia en las diligencias a las que fueron citados.

«Los directivos de la Cruz Roja Colombiana no han comparecido. Para ello han invocado diversas razones, ninguna de las cuales es suficiente a nuestro juicio para justificar su contumacia», se lee en la misiva.

Finalmente, en agosto de 1989, el juzgado se pronunció y destapó nuevas pruebas que, lejos de acoger la solicitud de la defensa, cuestionaba todavía más a los señalados y obligaba a seguir adelantando pesquisas e indagatorias para establecer, entre otras cosas, la verdad sobre el manejo de dineros.

La jueza del caso, Marina Pulido de Barón, expuso que habría indicios de presuntas inconsistencias serias en el manejo de cuentas en siete bancos diferentes. Y reveló que, además de todas las dudas sobre la compra de la bodega internacional y del manejo de las ambulancias, había una situación extremadamente inusual con una considerable suma de dinero proveniente de la Cruz Roja Internacional.

«Como en el informe del numeral 8 de la Contadora de la Procuraduría se hace referencia a la suma de 17.326.029.90 de pesos recibida por la Cruz

Roja proveniente de la Liga, y en los comprobantes sustento del gasto hacen referencia a una carta de crédito abierta con fecha anterior a la tragedia de Armero, resulta importante para el total esclarecimiento de los hechos, conocer la razón por la cual se hubiera gastado dinero llegado para los damnificados de esta tragedia en compromisos anteriores de la Cruz Roja Colombiana».

El apoderado Bernal apeló la decisión de la jueza ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que, un par de meses después, confirmó en su totalidad la decisión de la funcionaria.

Sin embargo, el jurista envió un nuevo documento en el que controvirtió la decisión del Tribunal y, en lugar de esgrimir nuevos argumentos jurídicos para la defensa, pidió el cierre de la investigación, asegurando, por enésima vez, que la Cruz Roja era una entidad amparada por el derecho privado, y que estaba ahora, calificó el abogado, bajo un ataque de chismes de los investigadores.

«Lo único que queda en pie, como escrito lleno de conjeturas, chismes y apreciaciones personales, es el informe de los señores visitadores que durante seis (6) meses se pasearon por buena parte del país viaticando y recogiendo toda clase de consejas contra una institución respetada y respetable».

Para ese momento, los términos de la etapa investigativa estaban vencidos de acuerdo con los tiempos previstos por las normas de la época. Por eso, la nueva jueza a cargo del caso, Martha Suárez de Vargas, acogió la solicitud de la Procuraduría de extender esas pesquisas para establecer, entre otras cosas, qué pasó con el manejo de dineros depositados en los bancos y esclarecer el proceso de compraventa de la famosa Bodega Internacional en el que, como ya se sabe, uno de los implicados declaró

que, aparentemente, hubo un acuerdo por debajo de la mesa para cambiar el valor de venta.

Con respecto a ese tema, el abogado de los funcionarios de la Cruz Roja, a quienes definió como «injustamente perseguidos», aseguró entonces en otro escrito al juzgado que ese episodio constituía simplemente una evasión de impuestos que no era castigable penalmente, porque, al fin y al cabo, el comprador recibió a satisfacción los 70 millones convenidos de pesos.

Llegó entonces enero de 1991 y la Procuraduría hizo una solicitud clave dentro del proceso: cesar el procedimiento penal contra el presidente de la Cruz Roja, Guillermo Rueda; el director ejecutivo, Artemo Franco; y el director del Socorro Nacional, Carlos Martínez, en todo lo que tenía que ver con el manejo de donaciones en especie.

Pero pidió la reapertura de la investigación penal contra los dos primeros en lo que tenía que ver con el presunto mal manejo de dineros, y, contra el tercero, por el espinoso asunto del canje de huevos por ropa.

A sabiendas de que los tiempos procesales podrían prescribir, el Ministerio Público envió cuatro cartas solicitando la calificación sumarial. El agente especial de la Procuraduría, Edelberto Durán, urgió a la jueza, el 20 de mayo, el 10 de julio, el 13 de agosto y el 15 de octubre de 1991, pero jamás recibió respuesta oportuna.

Finalmente, un mes después, en noviembre de 1991, el juzgado decidió reabrir por dos meses la investigación contra Rueda Montaña y contra Artemo Franco «por los cargos que se hicieran respecto a las donaciones en dinero, esto es, por peculado por aplicación oficial diferente, y con destino a los damnificados de Armero», y contra Carlos Martínez, director del Socorro Nacional, «por peculado por aplicación oficial diferente, con relación a las donaciones en especie recibidas para los damnificados de Armero».

Es decir, la cúpula de la entidad se enfrentaría de nuevo a la obligación de responder por el manejo del dinero de las cuentas bancarias y por el famoso canje de huevos por ropa usada. Habían pasado cuatro años desde que comenzó el proceso, pero ahora la operatividad de la justicia colombiana estaba cambiando drásticamente, con la promulgación de la nueva Constitución, el 4 de julio de 1991.

Consciente de ello, el agente especial de la Procuraduría, Edelberto Durán, le expresó al juzgado tres veces, tanto en diciembre de 1991 como en febrero y abril de 1992, la urgencia de practicar las pruebas ordenadas en la reapertura de la investigación, pero tampoco fue escuchado a tiempo.

El 2 de agosto de 1994, la Fiscalía Seccional 144 de delitos contra la administración pública, dependencia que asumió el caso en el renovado sistema judicial, declaró el cierre final de la investigación, pese a que la Procuraduría se jugó una última carta para impedir la impunidad.

Pero el Ministerio Público recibió un nuevo portazo pese a que advirtió que había serias dudas sobre una inversión de cien millones de pesos que hizo la Cruz Roja en una sociedad fiduciaria llamada Bermúdez y Valenzuela, cuyos rendimientos habrían sido abonados a las cuentas de la entidad y cuyo capital habría sido retirado supuestamente de manera discreta y opaca, pues «únicamente aparece el registro contable con su soporte, de la inversión en la Sociedad Fiduciaria Bermúdez y Valenzuela, mas no el destino final de esos dineros».

El final de toda la historia se produjo cuando el 23 de septiembre de 1994 se declaró la prescripción de la acción penal contra todos los funcionarios involucrados; es decir, cuando la Fiscalía informó que se habían vencido los plazos establecidos en el proceso contra Guillermo Rueda Montaña y Artemio Franco por el manejo de dineros.

Y en cuanto a Carlos Martínez, procesado por el manejo de donaciones en especie, producto del canje de ropa por huevos que él mismo reconoció, también aplicó la prescripción, pues ya había fallecido.

El proceso penal, que comenzó en junio de 1987 y terminó en diciembre de 1995 cuando se ordenó su archivo definitivo, jamás permitió establecer plenamente la verdad.

La prescripción de los términos no logró consolidar la plena inocencia de los señalados ni confirmar enteramente las acusaciones contra ellos en un juicio.

Así quedó un gran interrogante sobre el manejo de dineros, la legalización de los anticipos y gastos, el uso y destinación de las ambulancias, la compra de la bodega internacional y el canje de ropa por huevos.

Aunque dentro de la normatividad jurídica colombiana ya el asunto se entiende como cosa juzgada, algunos expertos consideran que, dada la magnitud de lo que pasó, y considerando que se trataba de millonarios recursos que, al parecer, no fueron destinados enteramente a la atención de la peor tragedia natural del país, podría invocarse otro escenario en busca de justicia.

«Desafortunadamente, la tragedia de Armero no solamente se llevó vidas humanas, sino que también se llevó verdades —explica Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia—. No supo la institucionalidad de toda clase, incluida, desde luego, la judicial, dar cuenta de todo lo que allí pasó. Teníamos para la época un aparataje judicial incipiente que en algo se remozó con la creación de la Fiscalía General de la Nación y la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio. En ese momento estábamos hablando de un sistema inquisitivo, demorado, trasnochado».

Según Herrera, la evidencia de los testimonios, del trabajo pericial tanto de la Procuraduría y del juzgado a cargo, como los contundentes reconocimientos de responsabilidad que quedaron en el expediente, podrían examinarse a la luz de otros tribunales, más eficientes y sin ningún tipo de interés particular más allá de la correcta administración de justicia y de la reivindicación de los derechos de las víctimas, en este caso los damnificados por la avalancha.

Como, ya decíamos, el proceso judicial nunca concluyó con absoluciones ni juicios, porque prescribió para todos los procesados dentro de los términos que preveía le ley, este es un caso sin culpables ni inocentes. Pero, para el experto consultado, responsabilidad sí hay.

«Por supuesto hubo imprevistos porque las tragedias naturales están revestidas de esas circunstancias, pero lo ideal era que hubiesen existido fallos, o bien con absoluciones o bien con condenas. Se ha considerado frente a cierto tipo de actuaciones que ellas no prescriben, por lo menos en lo que pasa en el Derecho Internacional. Ciertamente existen sistemas de protección de derechos, como sucede con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde podrían recalar y revisar esas actuaciones, para ver si en algún caso la justicia fue indolente con esa tragedia, y acaso dar cuenta, así sea, de responsabilidades simbólicas del Estado colombiano que, en todo caso, podrían constituir un bálsamo para esas víctimas», concluye Herrera.