Polémica: Fiscalía ordena no solicitar órdenes de captura contra criminales que dialoguen con el Gobierno. “Si los capturan en flagrancia”, deben quedar libres

Los fiscales de la dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía están espantados. No solo por las resoluciones que amenazan con traslados y la vinculación de contratistas sin experiencia, sino por las directivas que amarran las manos de los investigadores y abren escenarios de impunidad, todo con la excusa de la paz total. “No hay orden, ni estrategia”, afirman.

SEMANA tuvo acceso a documentos confidenciales de la Fiscalía que advierten cómo, desde el despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo, se impartieron algunas directrices que llaman la atención de los propios funcionarios y que seguramente causarán indignación en la opinión pública. “Libertad inmediata” es la orden.

La directiva 003 del 10 de julio de 2025, firmada por la fiscal Camargo, es, en criterio de los fiscales de Crimen Organizado, un “despropósito” a la hora de enfrentar a los grupos criminales y avanzar en las investigaciones. El documento se enfoca en la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de grupos criminales, designados como representantes en diálogos de paz.

Aunque en la misma directiva se señala que los funcionarios podrán actuar en el “marco de su autonomía”, la directriz es explícita y tiene la firma de la fiscal. A los criminales que se incluyeron en procesos de paz y conversaciones, incluso cuando se trata de simples acercamientos, se les suspendieron las órdenes de captura y, lo más grave, se advierte a los fiscales que no podrán solicitar nuevas detenciones.

“Los fiscales se abstendrán de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas, respecto a las cuales existan suspensión vigente de las órdenes de captura, ya que dicha medida cobija tanto las emitidas, como las que debieran expedirse. Para el efecto, los fiscales tendrán acceso a las bases de datos en las que constan las suspensiones emitidas”, señala la directiva que conoció SEMANA.

Así las cosas, si los fiscales conocen de nuevas actividades criminales que vinculen a estos delincuentes con salvoconductos, no podrán, por graves que sean los hechos, solicitar su captura. La directiva llega con un permiso para delinquir. Incluso, si los beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura son sorprendidos en flagrancia, la orden es dejarlos en libertad.

La fiscal Camargo advierte en la directiva que los delincuentes “delegados de paz” se escapan de la Justicia si la captura en flagrancia ocurre en el marco de delitos como el concierto para delinquir, una conducta criminal que aparece en casos como el hurto, el secuestro, el terrorismo, la extorsión y hasta los homicidios colectivos o masacres. Todo hecho criminal que se planea y ejecuta en asocio quedará exento para estos “delegados”.

“Si la persona, teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra, fuere aprehendida en situación de flagrancia respecto de los delitos que se enlistan, será dejada en libertad inmediata, de conformidad con el inciso cuarto, en tanto la captura deviene ilegal, toda vez que la suspensión no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”, explica la directiva.

En otras palabras, las conversaciones, procesos o acercamientos no les impide a los delincuentes “negociadores” continuar con sus actividades criminales y si, por casualidad, resultan capturados en alguna actividad que se vincule con el concierto para delinquir, portando o traficando con armas, incluso de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hasta usando uniformes o equipos de comunicación, quedarán en libertad.

Si bien la directiva anticipa que las investigaciones continuarán y los procesados deberán asistir a las diligencias, los fiscales de crimen organizado advierten que la razón fundamental y la misión de la Fiscalía terminará sometida, y más ahora que los propios criminales resultan protegidos por el ente acusador, todo mientras se mantengan en “acercamientos” con el Gobierno: “Podrán delinquir en libertad”, señalaron los funcionarios.

El documento tampoco es claro en sus alcances. La fiscal Camargo no detalla cuáles son las organizaciones criminales, de qué nivel, ni el tipo de diálogo con el Gobierno. Incluso advierte que los meros acercamientos son suficientes para incluirlos en el inventario de protegidos de la Fiscalía.

“Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelante en diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz, así como también acercamientos y conversaciones con grupos armados, organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, señala la directiva sin detallar qué puede considerarse de “alto impacto”.

Crimen desorganizado

Los fiscales de la Dirección de Crimen Organizado advirtieron que el despelote, producto de la polémica resolución de “reorganización” de la entidad, también sacudió los despachos de esa dependencia. La amenaza de traslados y entrega de procesos está sobre la mesa. Señalaron que los directores plantearon estrategias de trabajo que nadie logra comprender.

“No hay detalles, ni planes de trabajo. Los procesos que avanzan son los que teníamos, la carga de casos relacionados con estructuras como ELN bajó de forma extraña, a pesar de que son los responsables de casos tan graves como ataques terroristas y el asesinato de miembros de la fuerza pública”, señaló con indignación un fiscal que habló con SEMANA.

Los planes de priorización en la dirección de Crimen Organizado están en un documento reservado y allí, según se lee, quedó por fuera la judicialización de integrantes de grupos criminales, que, en términos prácticos, es la función principal de la Fiscalía y que en otro tiempo entregó importantes resultados investigativos, como en el caso del atentado en la Escuela General Santander.

La matriz de priorización explica los indicadores y la forma de medir la actividad de los funcionarios, con caracterización, rutas, iniciativas, inventarios y documentos orientados a analizar el contexto de casos o hechos criminales, ninguna a la judicialización de responsables.

“En 2023, por ejemplo, fueron judicializados, luego de investigaciones, más de 120 integrantes del ELN. En esta administración, por orden judicial, no en flagrancia, entregas o enfrentamientos, apenas van 20, es muy poco para la cantidad de hechos criminales que se reportan diariamente y ante la amenaza latente de ataques terroristas”, señalaron los fiscales.

Los funcionarios de Crimen Organizado aseguraron que los casos, que se conocen por decenas y que relacionan al ELN con atentados terroristas, no se están investigando. Están haciendo repartos selectivos, no automáticos, en despachos que, por falta de experiencia o trabajo, se quedan engavetados. “En dos años no llega a Bogotá un reparto de noticias criminales con el ELN”, afirmó la fuente.

Lo peor, según los fiscales, les quitaron la posibilidad de abrir iniciativas investigativas una vez recibían la información de fuentes; de esta forma centralizan los casos y le dan un manejo que solo las directivas conocen. La conclusión, según le informaron a SEMANA, es que “no se está investigando y cada vez el porcentaje de capturas se reduce exponencialmente”.

El asunto es complejo: mientras una directiva de la Fiscalía prohíbe realizar capturas u operativos, incluso por nuevos delitos, la labor investigativa de los fiscales, por orden institucional, se centra en elaborar informes, documentos e indicadores, en lugar de combatir a las organizaciones criminales con su principal herramienta: la judicialización.