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Los detalles secretos del proyecto de ley de paz total de Petro: así se beneficiarían el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y hasta Epa Colombia
SEMANA revela detalles desconocidos del polémico proyecto de ley que será presentado este viernes ante el Consejo de Política Criminal.
Este viernes, el Gobierno Petro concretará los detalles del proyecto ley que llevaría este 20 de julio al Congreso de la República para darle un marco jurídico a su ambiciosa propuesta de paz total.
SEMANA revela detalles desconocidos de la iniciativa que le daría beneficios al ELN, al Clan del Golfo, a las disidencias de las Farc, a los capos recluidos en la cárcel de Itagüí ―que participaron en el ‘tarimazo’ con Petro en Medellín― y hasta a la influenciadora Epa Colombia.
La columna vertebral de esta iniciativa tiene tres partes: justicia transicional, sometimiento y beneficios para los procesados por la llamada protesta social.
El polémico proyecto propone considerables rebajas de penas, un porcentaje de bienes para quienes se sometan a la justicia y hasta una nueva oportunidad para reincidentes.
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SEMANA conoció que el Gobierno Petro no propone una nueva jurisdicción, como Justicia y Paz o la JEP, sino que los procesos quedarán en manos de la justicia y con un objetivo: desbaratar los grupos armados y de crimen organizado en Colombia.
Los acuerdos empezarían con el Gobierno nacional, pues el presidente definiría quiénes pueden hacer parte de esta iniciativa. Los que cumplan con los parámetros de la paz total llegarían a la Fiscalía y a los jueces para dar inicio a su proceso de sometimiento.
Justicia transicional
SEMANA conoció que la principal apuesta del gobierno es la llamada ‘justicia transicional’, la cual estaría dirigida a actores de grupos armados organizados.
Esa caracterización irá alineada con el derecho internacional humanitario (DIH), en relación con que exista un umbral de perturbación del orden público.
Así es como esas estructuras tendrían que cumplir ciertos parámetros como la unidad de mando, la delegación de voceros, la capacidad de dominio en el territorio y la conformación de una estructura como tal.
En esa categoría cabrían organizaciones armadas como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, los Comuneros del sur (disidencia del ELN) y hasta algunas disidencias de las Farc que cumplan con esas condiciones. En esta ocasión, no se tendría en cuenta el estatus político, sino que cumplan con los requisitos del DIH.
Ese modelo plantea penas alternativas similares a las de Justicia y Paz, por eso, quienes se sometan a la transicional podrán pagar penas entre cinco y ocho años de prisión.
Sin embargo, dichas penas no se tendrán que pagar en cárceles comunes y corrientes, sino que se priorizarán las colonias agrícolas e incluso se ha pensado en zonas de paz para que se puedan cumplir las órdenes de los jueces.
Para recibir dichos beneficios penales, la estructura primero tendrá que negociar con el Gobierno para definir si entra o no a este nuevo proyecto de paz. Se concluirá con acuerdos directos con los jefes de dichas organizaciones para que entreguen información detallada sobre cómo está conformada la estructura criminal, sus redes de apoyo, su arsenal de guerra y hasta tendrían que aceptar un cese inmediato al fuego.
Esa información deberá ser entregada por el máximo responsable de la estructura armada con el objetivo de desmontarla de base; esa persona sería identificada como el creador de la organización, quien ha ocupado altos mandos o el que dicta políticas generales sobre los demás frentes.
Con esa información, la Fiscalía podría manejar criterios de “selectividad” para que empiecen a individualizar a ciertos perfiles con algún interés especial, y aparecerían hasta penas para los mandos medios, a cambio de que entreguen información que acelere el desmonte de esas organizaciones con información como modus operandi, funcionamiento, entre otros detalles. Esta parte también tiene como base la verdad, justicia, reparación y participación de las víctimas.
El sometimiento
Este ítem de la ambiciosa paz total va dirigido a las estructuras al margen de la ley que no son consideradas como “parte del conflicto armado” y no entran en esos parámetros del derecho internacional humanitario.
Ahí, se podrían terminar beneficiando diferentes organizaciones criminales como quienes integran el pacto de la Paz Urbana de Medellín, es decir, los capos de las bandas que participaron en el polémico ’tarimazo’ que lideró el presidente Petro en la plazoleta de la Alpujarra, en la capital antioqueña.
En ese evento estuvieron los peores criminales de esa región del país que permanecen en la cárcel de Itagui, como alias Douglas, cabecilla de La Terraza; alias Tom, jefe de la Oficina de Envigado; alias Carlos Pesebre, líder de la Odín Robledo, entre otros.
Para la justicia de sometimiento no habrá penas alternativas, sino rebajas punitivas del 50% de la condena, además, quienes hayan cumplido ocho años de prisión podrán recibir una libertad condicional.
Para recibir dichos beneficios penales, los jefes de esas estructuras tendrán que negociar con el Gobierno entregando información de la organización y todo lo que permita desmantelarla. Una fuente del Gobierno consultada por SEMANA advirtió: “Sin desbaratamiento no hay paraíso”.
Los beneficiarios sí tendrían que pagar sus penas en las cárceles del país, pero para incentivar su somentimiento, el Gobierno tendría en las manos una polémica propuesta: les dejarían el 12 % de los bienes que han obtenido con sus actividades delincuenciales.
En esta fase no existiría un procedimiento especial teniendo en cuenta que todo estaría dirigido a la justicia premial: aparecerían los preacuerdos, las sentencias anticipadas, las rebajas de penas y las libertades condicionales.
La protesta social
Los lineamientos de la paz total que presentará en las próximas horas el Gobierno Petro al Consejo de Política Criminal trae un capítulo que va a generar polémica porque cumpliría uno de los caprichos del presidente Petro durante su campaña a la Presidencia y su mandato en el Gobierno: sacar de la cárcel a quienes cometieron delitos durante la protesta social.
SEMANA conoció que esta propuesta traería una rebaja punitiva para quienes han cumplido un mínimo de la condena y podrían terminar pagando sus pendientes penales por medio de la justicia restaurativa.
Esta iniciativa sería la respuesta a la petición que hace algunos días el presidente Gustavo Petro le hizo a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en medio del consejo de ministros que se llevó en la Casa de Nariño. "Ayúdeme a sacar a Epa, que no viva en una celda”, dijo el mandatario.
La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, permanece en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, después de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en su contra a más de tres años de prisión, luego de que vandalizó una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019.
Pero ese beneficio también podría recaer sobre Andrés Pastor Gonzáles, conocido como alias 19, quien fue identificado como articulador del grupo Resistencia Portal Américas y condenado a 14 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y tortura.
Caso Miguel Uribe Turbay
SEMANA conoció que el Gobierno Petro ya tendría completamente descartado a un grupo armado organizado en la justicia transicional: las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, liderada por el exjefe de las Farc Iván Márquez.
Una decisión que se habría tomado después de que la Policía y la Fiscalía confirmaron que la hipótesis más fuerte vincula a la organización de Márquez en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esa situación sería el principal argumento para que esas disidencias y quienes participaron en el atentado, no hagan parte de la paz total.
SEMANA reveló en exclusiva que Iván Márquez está en óptimas condiciones de salud viviendo en Venezuela, desde donde dirige las operaciones criminales. Vive en una finca con ganado, cultivos, escoltas y hasta se comunica por iPhone.
De hecho, hace pocos días el Gobierno revocó la designación como negociadores de paz a alias Zarco Aldinever y otros cinco miembros de la Segunda Marquetalia, al considerar que no existe proceso de paz con ese grupo armado.
