TRANSPORTE
Los detalles del monumental lio alrededor del muelle 13 en el Puerto de Buenaventura
La controversia ha rodeado este contrato de concesión, para la operación de una herramienta clave para el comercio, que ahora sería entregada a pescadores de la región.
En la línea de tiempo alrededor del muelle 13 del puerto de Buenaventura empieza en 1974, cuando la Empresa Puertos de Colombia cedió la propiedad a la Armada Nacional, del espigón exterior que, en la actualidad es clave para el comercio exterior, pues por ahí se mueve alrededor de 1,5 millones de toneladas de carga al año.
La cronología del muelle toca momentos cruciales para el transporte marítimo en el país, sin dejar de lado que también hay una referencia al conflicto entre Estado y privados.
En enero de 1994, el Ministerio de Transporte emitió una resolución a través de la cual, se otorgaba a la Armada el derecho a la ocupación, uso y goce del muelle 13. Esto, en el entendido de que un muelle es un bien de uso público que es susceptible de ser entregado en concesión.
En julio de 1997, el Fondo Rotatorio de la Armada, entregó en arrendamiento a la Sociedad Grupo Portuario, hoy Ventura Group, el muelle, por un periodo de 15 años, hasta el 6 de enero de 2024. Fue así como, durante todo ese año se desató la controversia, pues el grupo empresarial buscaba prorrogar el documento contractual, hasta por 20 años más, pero el presidente Gustavo Petro dijo no.
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Las demandas y líos jurídicos han estado a la orden del día. Más aún, por varias circunstancias en el escenario, como el hecho de que el Consejo de Estado emitiera un fallo en el que mencionaba que la resolución con la cual se entregaba en concesión el muelle, a un privado no era equivalente a un contrato de concesión.
Hace unos días, la situación se tornó aún más tensa. Según voceros del gobierno colombiano, se habría violado la normatividad ambiental que regula los topes de carga y calado, lo que finalmente condujo a que la Anla (autoridad ambiental), suspendiera la operación.
Desde el gobierno se ha anunciado que el muelle será retomado por el Estado, para fortalecer la industria pesquera, naviera y astillera, pero con participación de los pescadores y pobladores del lugar.
Según los argumentos de entidades del Estado, se habrían identificado alertas relacionadas con el componente ambiental del muelle. Inclusive, se habló de presuntas irregularidades que pasan por no tener licencia ambiental, sino solo un plan de manejo ambiental.
Adicionalmente, la ministra de Transporte, María Constanza García, habló de necesidad de uso de capacidad instalada en los puertos, en el contexto en el cual, el gobierno quiere apostarle al transporte multimodal, por lo que se requieren mucho los puertos revitalizados. “Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y sólo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto que hace todo el sentido cuando hablamos de que hay que modernizarlo”, explicó García.
Suspensión preocupante
La suspensión del muelle tiene preocupados a los empresarios y habitantes del lugar, pues en la mitad están cientos de trabajadores que esperan decisiones judiciales, de manera que se puedan reanudar las actividades y movilizar la carga de productos para uso industrial que permanecen en las bodegas.
