La piñata de contratos irregulares detrás de los Caminos Comunitarios de la Paz Total: 150.000 millones de pesos están embolatados

Con una inversión total de 8 billones de pesos para el mejoramiento de por los menos 33.000 kilómetros de vías terciarias y comunitarias, el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha en 2023 el ambicioso programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, con el que pretendía mejorar la malla vial en las zonas rurales de Colombia.

La iniciativa, cuestionada desde el primer momento, proponía entregar los contratos sin licitación y a dedo a Juntas de Acción Comunal (JAC) para que ellas hicieran las obras, aun cuando no tenían la experiencia ni la experticia. Sucedió lo esperado, se entregó el dinero y las obras no se hicieron; el descalabro advertido ya supera los 150.000 millones de pesos.

Dos años después de que arrancó ese programa, se ha constatado una olla podrida de corrupción, proyectos de infraestructura fracasados, vías completamente desbaratadas, el desarrollo estancado y un escándalo que podría escalarse al nivel del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

SEMANA conoció que en 2023, año en que se puso en funcionamiento esa iniciativa, el Gobierno Petro, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), firmó 1.037 convenios para mejorar dichos corredores con 208.000 millones de pesos, pero los primeros hallazgos de una investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación sacaron a flote irregularidades en por lo menos el 75 por ciento de esos acuerdos.

La situación es de tal gravedad que de los más de 1.000 convenios que se firmaron para iniciar el programa, hay alerta en por lo menos 766, los cuales tendrían serias irregularidades y le costaron al Estado la gigantesca suma de 154.000 millones de pesos. Esa situación se conoció después de que la investigación pasó de la vigilancia preventiva y desde hace meses avanza en manos de una delegada disciplinaria de la Procuraduría.

SEMANA tuvo acceso a un robusto informe que deja en evidencia la casi nula evolución de esos proyectos. A pesar de que se giró el total de los anticipos, tal como señaló una fuente, “el resultado es lo más grave”. Dos años después, hay decenas de obras que no tienen ni un avance mínimo.

Dentro de ese documento se registró que a la Junta de Acción Comunal de Amalfi, en Antioquia, se le habrían entregado más de 200 millones de pesos, pero a la fecha el avance es de cero por ciento, no ejecutado. Lo mismo ocurre en el municipio de Arauquita, en Arauca, donde supuestamente se entregaron más de 196 millones de pesos, pero en el seguimiento se refleja una ejecución de solo 3 por ciento.

Uno de los departamentos que más se ha visto golpeado en los avances de Caminos Comunitarios por la Paz Total es Atlántico, donde aparecen las Juntas de Acción Comunal de municipios como Soledad, Candelaria, Usiacurí, Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Suan, Santa Lucía, Juan de Acosta, Malambo, Manatí y Tubará, donde se les entregó más de 3.000 millones de pesos y los avances no sobrepasan ni el 5 por ciento.

En Caquetá, departamento fuertemente golpeado por el orden público y que necesita las vías terciarias para enfrentar las economías ilícitas como el narcotráfico, la situación es igual de desalentadora.

A las JAC de municipios como La Montañita, Milán, Cartagena del Chairá, Valparaíso, El Doncello, San Vicente del Caguán, Albania, El Paujil, Solano, San José del Fragua y Florencia, se les entregaron casi 6.000 millones de pesos y, dos años después, las obras aparecen con 5 por ciento de ejecución.

Una situación similar se está presentando en el Huila, donde a mediados de 2023 se lanzó el programa con una inversión de 10.000 millones de pesos para conectar el corredor de Palermo con San Luis, pero a la fecha las obras avanzan a media marcha. En La Guajira, víctima del robo de los carrotanques de la UNGRD, hay más de 20 obras cuya ejecución, dos años después, ha avanzado solo el 5 por ciento.

Ese mismo panorama se replica en otros departamentos como Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Cauca y Vaupés, en este último se entregaron tres obras a las Juntas de Acción Comunal de Mitú y otros municipios, que registran un avance de cero por ciento, es decir, no han hecho absolutamente nada. Lo particular es que varios de esos proyectos están parados por razones parecidas: situaciones de orden público, no hay mano de obra o se cambiaron los dirigentes de la JAC.

La Procuraduría ha iniciado a decretar pruebas en medio de las indagaciones que avanzan contra exdirectores del Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la que podrían terminar hasta subdirectores de esa entidad, por las presuntas violaciones a los principios de publicidad, transparencia y planeación, además de desembolsos de recursos irregulares, prórrogas injustificadas, falta de estudios técnicos, financieros y contables en la gestión de la interventoría.

Todo esto se había advertido cuando el presidente Petro, caprichosamente, dio la orden de cambiar la contratación de todas estas obras, no hacer licitaciones y entregarlas a dedo a juntas que no tenían ni la más remota idea de construcciones.

SEMANA obtuvo el oficio interno con el que la Procuraduría arrancó vigilando ese polémico programa y en el que aparecieron como posibles responsables de faltas disciplinarias Mercedes Gómez Villamarín, Juan José Oyuela y Juan Carlos Montenegro, quienes fungieron como directores del Invías. Asimismo, Luis Fernando Sepúlveda, quien fue el gerente de Caminos Comunitarios para la Paz Total.

En ese documento se detalló: “Durante la visita administrativa efectuada al Invías el día 22 de octubre de 2024, se observó que ninguno de los convenios celebrados en la vigencia 2023 en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total fueron publicados en el Secop II”.

Es decir, la documentación contractual sobre las más de 1.000 obras no tenía vigilancia alguna en la ejecución de los contratos ni forma de garantizar que se cumplieran las obligaciones estipuladas para mejorar las vías del campo colombiano.

También alertaron que los informes de obligaciones de los interventores tenían “contenido incompleto”, lo que fue considerado como la “existencia de posibles irregularidades” en la supervisión de esa función que debería ejercer el Invías.

Los informes administrativos, financieros y contables también venían con serias dificultades en los soportes de autorización de pagos y desembolsos a terceros. En síntesis, fue imposible validar la adecuada inversión de los recursos públicos.

“Dentro de la revisión integral a los convenios solidarios suscritos por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) se identificó que los recursos comprometidos y aportados de parte de la entidad fueron desembolsados en un ciento por ciento de manera anticipada a la ejecución de las actividades”, fue otro de los hallazgos en esta cascada de irregularidades. Lo que significa que en ese momento el Invías desembolsó todo el dinero antes de la ejecución de las actividades y sin condiciones.

“Se concluye entonces una presunta falta en la planeación por evidenciarse deficiencias en la estimación de los riesgos durante la ejecución y, en consecuencia, la omisión del amparo, buen manejo y correcta inversión del anticipo”.

Incluso la Contraloría ha alertado que Caminos Comunitarios por la Paz Total ha tenido rezagos en su ejecución y hasta posibles sobrecostos. Hace pocas semanas, el Congreso citó a un debate de control político al Invías por ese programa, pues tres años después de su entrada en vigencia, tiene una pobre ejecución y una enorme incertidumbre en el desarrollo que iba a traer para las vías regionales y caminos ancestrales.

SEMANA se contactó con el Invías, pero, de manera inexplicable, pidieron el informe de la Procuraduría para dar respuesta.