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El ‘no’ de la Corte Suprema de Justicia a la polémica reforma de la Paz Total: “No se advierte justificación”

La postura de la Sala Penal se conoció durante el Consejo de Política Criminal que lideró el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

18 de julio de 2025, 10:33 p. m.
Corte suprema de justicia
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el borrador del proyecto de ley. | Foto: Colprensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el borrador del proyecto de ley que pretende entregar el Gobierno Petro al Congreso y terminaría beneficiando a las disidencias de las Farc, al ELN, a los capos del ‘tarimazo’ en Medellín y a integrantes de la conocida primera línea.

La postura del alto tribunal se dio después de que la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, asistiera a la sesión del Consejo de Política Criminal que se desarrolló este viernes, 18 de julio.

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Durante ese encuentro, la magistrada Ávila expresó: “El contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación. Igualmente, consideró que se trata de un tema muy delicado para el país, que necesita mayores consensos y un análisis más reposado, dados los impactos que puede tener en términos de política criminal”.

Así mismo, expuso que, tras revisar el articulado y la exposición de motivos, “no se advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta, dado que se asignan responsabilidades significativas a la rama judicial penal ordinaria (FGN y jueces penales del país)“.

También dijo que “el articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”.

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La magistrada Myriam Ávila Roldán | Foto: Corte Suprema de Justicia/Twitter/ @CorteSupremaJ/Captura de video

La Corte Suprema también alertó que la iniciativa no demuestra los diálogos previos o el acercamiento que ha tenido el Gobierno Petro con la judicatura, para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos para la implementación de los estatutos de la Paz Total.

“Si bien existe un marco legal establecido en la Ley 2272 de 2022 que definió los lineamientos generales de la política de Paz Total como una política de Estado, se necesita mayor justificación respecto de la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue esta propuesta y explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley”, expresó la Corte Suprema a través de un comunicado.

El alto tribunal también manifestó la “inconveniencia de combinar” la justicia transicional, asuntos de la justicia ordinaria y temas de seguridad ciudadana como los delitos y disturbios de orden público de quienes ejercieron su derecho a la protesta.