De dos a ocho años de detención en un centro para menores tendría que pagar el sicario de 14 años que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Hablan expertos penalistas

El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó un debate jurídico sobre el proceso que se le adelantará al menor de edad que fue retenido, señalado de propinarle varios disparos al dirigente político mientras se encontraba dando un discurso en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Y es que según precisan la ley y el Código de Infancia y Adolescencia, se debe aplicar un trato diferencial para los menores de 15 años que sean aprehendidos en la ejecución de delitos, entre estos el intento de homicidio, como es el caso que se analiza actualmente.

SEMANA consultó a varios abogados y expertos en la materia para que den luces sobre el proceso que se adelantará de acá en adelante con el menor de edad, la pena a la que se expone y el procedimiento legal.

Primero que todo, el abogado penalista Francisco Bernate Ochoa detalló que el adolescente deberá ser presentado “dentro de las 36 horas siguientes” a su retención ante un juez de control de garantías adscrito al Sistema Penal de Infancia y Adolescencia para la solicitud de la legalización de cargos, imputación y solicitud de medida.

Pero aquí está la gran diferencia con el procedimiento habitual puesto que se expone, de ser hallado culpable tras un juicio, a una pena que no supera los ocho años. Igualmente, se debe tener en cuenta que no puede ser trasladado a una cárcel, sino a un lugar de reclusión especial.

“En el peor de los eventos, las sanciones van entre los dos y los ocho años de internamiento. De estar privada de su libertad esta persona en lugares especiales”, precisó Bernate, quien es presidente del Colegio de Abogados Penalistas.

Mientras que el abogado Santiago Trespalacios aclaró que las autoridades deben establecer bien la edad de la persona que fue detenida, puesto que “cuando es menor de 14 años no es objeto de persecución penal y no puede ser sancionado. Pero cuando se encuentra entre los 14 y los 18, es decir, adolescente, sí se puede castigar”.

Igualmente, advirtió que una de las líneas de investigación debe estar dirigida a establecer quién le ordenó o instruyó al menor de edad para ejecutar esta acción sicarial.

“No puede recaer sobre él todo el peso como si fuese un adulto, ni siquiera que fuese el autor que estaría detrás de la comisión de toda esta conducta. El llamado es a que las autoridades investiguen el origen de esta conducta, el interés, de dónde se inició esta cadena”, aclaró Trespalacios.

El abogado penalista Iván Cancino se distanció de estas posturas y aseveró que no se puede perder de vista la gravedad de la conducta ejecutada.

“Una persona como la que atentó contra Miguel Uribe Turbay no fue instrumentalizado, sabe y conoce lo que hizo y debe ser judicializado como un adulto”, aseveró Cancino.

Por su parte, el abogado Felipe Alzate aseveró que la Fiscalía General debe corroborar de manera inmediata todas las líneas de investigación que existen por los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado al senador.

“La Fiscalía como órgano independiente y autónomo, a diferencia de otras décadas donde no tenía ni los medios, ni la capacidad, ni la voluntad política, tiene por primera vez la oportunidad de investigar de manera seria y transparente la tentativa de homicidio y sus fines”, aclaró el jurista.

El debate toma un nuevo ingrediente con las recientes declaraciones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres: “Fue instrumentalizado por unos criminales”, explicó la funcionaria al dar un parte sobre el estado del menor que se encuentra actualmente en un centro médico en el occidente de Bogotá a la espera de una intervención.