Admiten demanda contra el Gobierno Petro por ocultar información sobre los contratos para poner en marcha la Paz Total

En medio de un sinnúmero de quejas de varios sectores nacionales y organismos internacionales, este jueves se conoció que el Tribunal administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda presentada contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Fiduprevisora por no publicar los contratos firmados para poner en marcha el proyecto de la Paz Total.

En la acción judicial se señala que desde hace varios meses el Gobierno ha dejado de publicar la forma en cómo se está invirtiendo el dinero para convocar a las mesas de negociación y diálogo con varias de los comandantes y delegados de estructuras armadas ilegales. Esto representa un claro incumplimiento a la Ley 2272 de 2022.

El proyecto, que se inició casi que desde hace un año y medio, se ejecuta –según indica la demanda- desde tres fondos, que son Fondo Colombia en Paz, Fondo Multidonantes de la ONU y Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz). Pero últimamente se desconoce la forma en cómo se están realizando las mencionadas inversiones.

Para los demandantes, esta omisión es un claro incumplimiento al régimen de contratación que exige la ley, señalando claramente que el Gobierno tiene la obligación –en este caso- de publicar cada uno de los documentos de las fases precontractual, contractual y poscontractual en el marco de las negociaciones o implementación de los acuerdos de paz en un plazo establecido.

Esta actuación, resaltan, garantiza el control sobre el uso de los mencionados recursos. Tras hacer una revisión en comparación con las noticias conocidas sobre la instalación de mesas con la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, se encontró que el DAPRE no realizó ninguna publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), tampoco en las páginas web de las entidades.

“No se encontraron los documentos precontractuales de las ‘convocatorias públicas’, ni las propuestas remitidas por los oferentes, no se cargan evidencias de ejecución, informes de cumplimiento, supervisión e interventoría, ni actas de liquidación de contratos ya adjudicados”, señala la acción judicial.

Estas irregularidades, según señalaron, se han extendido por un año y medio. Al realizar la documentación del Fondo Colombia en Paz se encontraron omisiones en la publicación de los documentos de la actividad contractual del Fondo Especial para la Paz.

Todo esto “en contravía con lo dispuesto en ley, permite la publicación solo de algunos pocos documentos de la actividad contractual, a consideración del funcionario a cargo y en un tiempo diferente al obligatorio”, advirtió la parte demandante.

Tras la admisión de la demanda el Tribunal Administrativo notificó a las partes para que presenten sus respectivas respuestas ante esta situación. Los demandantes piden que se presente toda la documentación sobre los trámites de estos contratos.