Mundo
Ni la visa ni la Green Card lo salvan: razones por las que el Gobierno deporta a residentes legales en Estados Unidos
Aun cuando el inmigrante tenga residencia legal, puede ser arrestado y enfrentar una orden de expulsión si se demuestra que ha violado alguna.
Durante la administración de Donald Trump, las normativas sobre migración en Estados Unidos se endurecieron, provocando inquietud incluso entre aquellos con estatus migratorio legal.
Aunque la legislación requiere un procedimiento judicial para expulsar a residentes permanentes y poseedores de visas, el Gobierno republicano promovió operativos más extensos, poniendo el foco también en este grupo que, por lo general, no era un objetivo prioritario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Motivos de deportación para residentes permanentes legales en Estados Unidos
Según el Título 8 del Código de Estados Unidos, hay múltiples motivos por los cuales los residentes con tarjeta verde pueden ser deportados.
Las razones más comunes incluyen:
Lo más leído
- Condenas por delitos graves, como asesinato, violación o tráfico de drogas.
- Fraude migratorio, como falsificar documentos para obtener beneficios.
- Incumplimiento de condiciones por parte de residentes condicionales.
- Participación en actividades que amenacen la seguridad nacional.
- Apoyo a organizaciones extremistas o terroristas, según la clasificación del Gobierno.
Aun cuando el inmigrante tenga residencia legal, puede ser arrestado y enfrentar una orden de expulsión si se demuestra que ha violado alguna de estas disposiciones. La determinación final siempre corresponde a un juez de inmigración, luego de un proceso en el que el Gobierno debe aportar pruebas claras y contundentes.
¿Cómo es el proceso legal de deportación en Estados Unidos?
Si un residente permanente o titular de visa se enfrenta a una posible expulsión, el Gobierno emite una Notificación de Comparación (NTA). Este documento especifica los motivos por los cuales se considera que la persona puede ser deportada.
El procedimiento incluye varias etapas:
- Audiencia preliminar: se le informa al inmigrante sobre los cargos.
- Audiencia de mérito: ambas partes presentan sus pruebas y argumentos.
- Decisión judicial: un juez determina si la persona puede permanecer en el país.
- Apelación: si se dicta una orden de expulsión, la persona puede apelar ante tribunales superiores.
Por otro lado, los titulares de visa que arriban a aeropuertos o fronteras pueden ser expulsados de inmediato por agentes de aduanas, sin acceso a una audiencia judicial, si se determina que han violado las condiciones de entrada.
Críticas de organizaciones de derechos civiles
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que el gobierno de Trump amplió el uso de leyes migratorias de manera discrecional para expulsar a personas sin antecedentes penales graves.
También afirmaron que algunos arrestos y deportaciones vulneraron la Primera Enmienda, al estar dirigidos contra individuos por sus posturas políticas o participación en manifestaciones.
El profesor de derecho migratorio Matthew Boaz, de la Universidad de Kentucky, señaló en una entrevista con PolitiFact que las autoridades migratorias aplicaron una interpretación más amplia de la ley para “agilizar deportaciones sin garantizar el debido proceso”.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno de Trump justificaron estas medidas, argumentando que responden a los intereses de seguridad nacional y al cumplimiento riguroso de la legislación vigente.
El proceso de deportación para residentes permanentes y titulares de visas en Estados Unidos es complicado y puede prolongarse durante meses o incluso años. Aunque existen vías legales de defensa, la política migratoria implementada bajo la Administración Trump aumentó la cantidad de detenciones y expulsiones, incluso de personas con estatus migratorio regular.
