Mundo
¿Le pueden quitar la ‘green card’? Así funciona el proceso legal para revocar la residencia permanente de EE. UU.
El Gobierno debe presentar pruebas ante los jueces de inmigración antes de revocar el documento oficial y proceder con la deportación.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se han fortalecido las políticas migratorias con la finalidad de detener y expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados del país, de acuerdo con las intenciones del presidente. En medio de la situación, se ha evidenciado que algunas personas, pese a contar con la residencia permanente, también han enfrentado la deportación.
Para deportar a un extranjero así este tenga la green card, el Gobierno debe seguir un procedimiento legal y presentar una serie de pruebas que surgieran que el inmigrante incurrió en alguna falla que le costó su estadía en el país norteamericano.
El National Constitution Center —una institución que se dedica al estudio de la Constitución de Estados Unidos— explica que las personas que obtengan la residencia permanente en la nación deben “obedecer todas las leyes de Estados Unidos y sus localidades”. Por lo que violar las leyes podría representar la expulsión del país, un proceso que se lleva a cabo en los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia.
Para concretar la deportación, el Gobierno, además, tiene la obligación de presentar las pruebas que demuestren que el inmigrante cometió una falla que justifica la revocación de la green card. “Si un juez de inmigración falla en contra del titular de la tarjeta verde, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, y posteriormente ante un Tribunal Federal de Apelaciones”, dice el organismo que analiza la Constitución.
Lo más leído
Algunos expertos y abogados han explicado a la prensa que el proceso para eliminar el documento oficial del inmigrante inicia cuando este recibe una notificación del Gobierno estadounidense, en la cual se le advierte sobre la revocación de la residencia y la apertura de un proceso de inmigración para determinar si este será deportado a su país de origen.
En aquella notificación, la administración nacional ofrece los motivos de la revocación de la green card y las consideraciones de por qué el extranjero podría ser deportado. Posteriormente, el caso pasa a manos de la fuerza judicial de Estados Unidos.
Siguiendo, en los tribunales, el Gobierno brinda las pruebas pertinentes para argumentar la revocación de los papeles legales. Allí, la administración puede presentar evidencia de que la persona ha sido condenada penalmente por un delito grave, o puede presentar declaraciones de impuestos para indicar que un extranjero presentó impuestos como no residente, abandonando su estatus de permanencia legal.
Así mismo, se ha explicado a las personas que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no tienen la potestad para revocar la green card, ya que es un procedimiento que les corresponde exclusivamente a los jueces de inmigración.
