Estados Unidos
Estados enfrentan al Gobierno de EE. UU. por exigir información privada de usuarios de cupones SNAP
Varios estados han presentado una demanda contra el Gobierno federal por una directriz que les obliga a compartir información personal de los beneficiarios del programa de cupones de alimentos.
Un grupo de 20 estados, liderados por demócratas, demandaron a la actual administración Trump argumentando que el Departamento de Agricultura intenta recopilar información confidencial de las familias de bajos ingresos que son usuarias de los cupones de alimentos.
La información que está exigiendo la entidad incluye números de Seguro social y direcciones de los domicilios de quienes reciben créditos del gobierno federal para comprar alimentos a través del programa (SNAP).
¿Una norma que viola las leyes de privacidad?
La demanda, presentada en un tribunal federal, alega que la medida impone una carga administrativa indebida a los estados y pone en riesgo la privacidad de millones de personas que dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas.
De acuerdo a lo que ha dicho el fiscal general de California, Rob Bonta, es una exigencia que viola las diferentes leyes de privacidad estatales federales, lo que debilita la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve.
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Lo anterior implicaría cambiar las leyes de negociación que hasta el momento se han respetado.
Bonta no es el único funcionario que se ha manifestado en contra de esta nueva norma, a él se han unido la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
La respuesta del gobierno Trump
La actual administración, a través de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha manifestado que " el presidente Trump exige que el gobierno federal tenga acceso a todos los programas que financia".
Desde ese punto de vista, SNAP no va a ser la excepción a la regla y, de acuerdo a la funcionaria, “durante años, este programa ha funcionado en piloto automático, sin que el USA tenga acceso a los datos en tiempo real”.
Esta exigencia es además la última de una serie de iniciativas de la Administración para utilizar las agencias federales para acceder a los datos personales de los estadounidenses.
En mayo, un juez federal se negó a impedir que el IRS compartiera información sensible de los contribuyentes con las autoridades de inmigración, que pretendían utilizar los datos para rastrear a inmigrantes indocumentados y deportarlos.
Finalmente, estas mismas autoridades también se les permitió el acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país.
Para los estados demandantes, no solo representa una invasión de la privacidad, sino una amenaza potencial de filtraciones o mal uso de datos sensibles.
Por su parte, el Gobierno argumenta que necesita esta información para mejorar la supervisión de recursos y evitar fraudes, sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por varios estados.
“Esta nueva exigencia del Gobierno federal representa una invasión innecesaria a la privacidad de nuestros residentes”, afirmó la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, una de las demandantes. “No permitiremos que se utilicen los programas de asistencia social como excusa para recolectar datos personales de forma masiva y sin justificación clara”.
