Mundo
Doce estados demandan a la administración de Trump por imponer aranceles sin la autorización del Congreso
Los estados demandantes solicitan al tribunal que emita una orden judicial para evitar que las agencias federales sigan aplicando los aranceles
Doce estados de EE. UU. interpusieron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump ante la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, buscando frenar su política de aranceles, que consideran inconstitucional y dañina para la economía nacional. La demanda sostiene que los aranceles fueron aplicados de manera arbitraria, sin la debida aprobación del Congreso y transgrediendo los límites de autoridad establecidos por la Constitución.
La demanda argumenta que Trump recurrió a la ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional (IEEPA) para justificar una serie de aranceles que, según los demandantes, fueron impuestos de acuerdo con sus “caprichos en vez de un uso razonable de una autoridad legal”, una cita literal del documento judicial. Los estados piden al tribunal que declare ilegales estas tarifas y que prohíba su implementación por parte de las agencias del gobierno.
Los estados que se encuentran como demandantes son Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont. En conjunto, afirman que el presidente violó el orden constitucional al asumir poderes tarifarios que, según la demanda, corresponden únicamente al Congreso.
Los fiscales generales denuncian un uso “poco sano” de la ley de emergencia
Las autoridades de varios estados expresaron su rechazo a la estrategia arancelaria adoptada durante el mandato de Trump. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, emitió un comunicado en el que calificó el plan como “insostenible” y afirmó que “no solo es económicamente irresponsable, sino ilegal”, según lo reportado por Associated Press.
Lo más leído
Desde Connecticut, el fiscal general William Tong también se pronunció enérgicamente contra las políticas arancelarias del presidente, señalando que “las tarifas desordenadas e ilegales de Trump son un impuesto enorme para las familias de Connecticut y un desastre para las empresas y el empleo en el estado”.
Los demandantes argumentan que, conforme a la legislación vigente, la IEEPA solo puede ser utilizada cuando hay una amenaza “inusual y extraordinaria” proveniente del extranjero. Según los estados, Trump declaró emergencias sin una justificación adecuada para imponer aranceles a una extensa variedad de productos importados, lo que afectó tanto a consumidores como a empresas nacionales.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad constitucional para imponer tarifas
Uno de los puntos clave del argumento legal es que la facultad para imponer aranceles corresponde al Congreso de los Estados Unidos, no al poder ejecutivo. De acuerdo con la demanda, la Constitución otorga al Congreso el control sobre las tarifas comerciales, y cualquier acción que se aparte de este marco altera el equilibrio institucional establecido por los fundadores del país.
“El presidente, al reclamar la autoridad para imponer aranceles altos y cambiantes sobre cualquier producto que ingrese a Estados Unidos, por cualquier razón que considere una emergencia, ha alterado el orden constitucional y causado caos en la economía estadounidense”, señala el documento judicial, según lo citado por AP.
En este contexto, los estados demandantes solicitan al tribunal que emita una orden judicial para evitar que las agencias federales sigan aplicando los aranceles basados en decretos presidenciales sin la debida autorización legislativa.
California también demanda por el impacto económico en sus ingresos por importaciones
La demanda colectiva presentada por los doce estados no es el único desafío legal contra la política arancelaria de Trump. La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, de tendencia demócrata, presentó una demanda separada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, también centrada en los efectos económicos de los aranceles.
Newsom argumentó que su estado, el principal importador del país, podría enfrentar la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos debido a las tarifas impuestas. Según informó Associated Press, esta acción legal tiene como objetivo proteger la economía californiana, que depende en gran medida del comercio internacional.
En respuesta a la demanda de Newsom, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la postura del gobierno federal, señalando que “la administración Trump sigue comprometida con abordar esta emergencia nacional que está afectando gravemente a las industrias estadounidenses y perjudicando a nuestros trabajadores, utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, desde aranceles hasta negociaciones”, según citó AP.
Hasta el momento de la presentación de la demanda, el Departamento de Justicia no había hecho comentarios oficiales sobre el litigio impulsado por los doce estados. No está claro si el gobierno federal presentará una moción para desestimar el caso o si decidirá defender la legalidad de las medidas arancelarias basadas en la IEEPA.
