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Alquilar vivienda a inmigrantes indocumentados ahora es un delito en Tennessee
Expertos aseguran que la medida penal incrementará el desplazamiento de inmigrantes y aumentará el temor en las comunidades.
Una polémica ley ha comenzado a regir en el estado de Tennessee, a través de la cual convierte en delito el hecho de alquilar algún tipo de vivienda a inmigrantes indocumentados.
La Senate Bill 392 califica como delito grave el acto de “albergar” a personas que estén en el país sin autorización migratoria, en caso de que quien las resguarda obtenga un beneficio financiero.
Esto es lo que dice la ley de Tennessee
La Ley SB 0392/HB 0322 se refiere a los delitos de “tráfico de personas” y de “contrabando humano”.
De acuerdo con esta, quien transporte a personas con la intención de ocultarlas de los agentes migratorios, sabiendo que se encuentran ilegalmente en el país o facilitando su ocultamiento, están cometiendo un delito. Si, además, estas acciones involucran a personas menores de 13 años, se considera como tráfico humano agravado.
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Según lo que se indica en el texto firmado por el gobernador Bill Lee, se le permite al fiscal general iniciar causas contra personas u organizaciones que incurran en los hechos mencionados anteriormente.
La medida ha causado inquietud dentro de las comunidades que resultarían afectadas, ya que la ley define “albergar” como “proveer refugio”, sin establecer criterios explícitos sobre qué constituye refugio.
Asociaciones, iglesias y familias temen que sean acusadas por realizar actos de convivencia o ayuda, los cuales podrían estar incluidos dentro del término “refugio” que penaliza la ley.
Sin embargo, Chris Todd y el senador Brent Taylor, los autores de la normativa, aseguran que la ley va dirigida a desmantelar redes de trata y no busca penalizar a arrendadores ni a organizaciones de apoyo.
La demanda en contra de la ley de Tennessee
La Southeastern Synod of the Evangelical Lutheran Church in America es la entidad que encabeza una demanda contra el estado que busca impedir la puesta en marcha de la ley.
De acuerdo con lo que dicen los demandantes, la ley es inconstitucional por no tener claridad en su redacción y por considerar que está invadiendo atribuciones federales sobre el tema de inmigración.
El recurso legal fue presentado ante la corte federal del distrito y por medio de él se denuncia que la normativa puede criminalizar actividades relacionadas con alquiler de apartamentos, alojar a un familiar indocumentado o que una organización religiosa ofrezca refugio por obtener un ingreso a cambio.
Además, indican que los criterios de la ley podrían abarcar a las organizaciones que buscan brindar ayudas humanitarias a los inmigrantes, según The Washington Post.
Las consecuencias de esta ley ya han comenzado a hacerse sentir dentro de las comunidades migrantes, pues varios arrendatarios han empezado a exigir documentos que prueben que se está en el país de forma legal e incluso hay quienes han entablado acciones de desalojo, según lo que se relaciona en el medio en mención.
La directora del programa Eviction Right to Counsel, Anne Boatner, relató que a partir de la fecha en la cual se hizo vigente esta ley, han recibido llamadas de residentes que fueron desalojados tras el requerimiento de documentos.
