Trump excedió su poder constitucional al congelar el presupuesto de Usaid, según un juez federal

Un juez federal de Estados Unidos declaró inconstitucional los fuertes recortes que la administración de Donald Trump ordenó a casi todo el gasto de trabajo humanitario y de desarrollo del país en el extranjero. El juez, Amir H. Ali, afirmó que el Gbierno no puede simplemente congelar el presupuesto que se invertía para Usaid y quedarse con este, debido a que era dinero que había destinado el Congreso específicamente para enviar ayudas internacionales.

Sin embargo, se abstuvo de ordenar al Gobierno de que hiciera el uso adecuado del dinero y reactivar los miles de contratos que había terminado abruptamente de la importante agencia de ayuda internacional.

La declaración del juez, el pasado lunes por la noche, llega después de que el mismo día el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que la administración había completado la purga a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y que habían eliminado el 83 % de los programas, además de anunciar que los restantes pasarían al control del Departamento de Estado.

Este fue uno de los pocos anuncios que ha hecho Rubio sobre los fuertes recortes que han estado a manos del equipo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) que dirige el multimillonario, y ahora asesor más cercano de Trump, Elon Musk.

En su mensaje en la red social X, donde manifestó esta nueva decisión, aprovechó para agradecer a Doge y a “nuestro personal trabajador que trabajó muchas horas para lograr esta reforma histórica y tan esperada”. La semana pasada hubo rumores de presuntas discordias dentro del gabinete de Trump, cuando, al parecer, Rubio señaló a Musk de tener mucho poder para recortar presupuestos y despedir a miles de empleados federales.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el mismo día de su investidura, el pasado 20 de enero, en la cual solicitaba congelar el presupuesto que recibía Usaid mientras se estudiaban en qué se estaban invirtiendo, para luego decidir si continuar con el programa o eliminarlos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de anuncios en las que se señalaban diferentes programas internacionales en los cuales el Gobierno consideraba que se estaba “derrochando” el dinero.

La publicación de Rubio indicó que el proceso de análisis de los programas estaba “oficialmente finalizando”, y que cerca de 5.200, de los 6.200 programas de Usaid, han sido eliminados por completo. Estos programas “gastaron decenas de miles de millones de dólares de maneras que no sirvieron (y en algunos casos incluso perjudicaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”, escribió.

En su orden de restricción preliminar del jueves, el juez declaró que el presidente no puede ignorar la mayor parte del presupuesto, que corresponde a más de 60.000 millones de dólares, que es enviado a yuda exterior y que el Congreso había otorgado a Usaid.

“El poder constitucional, sobre si gastar ayuda exterior, no es propio del presidente, es propio del Congreso”, escribió Ali. Por su parte, los legisladores demócratas han señalado que las medidas de Trump son ilegales, ya que deben ser aprobadas en el Congreso antes de entrar en vigor.

Pero Ali no atendió las solicitudes de diferentes grupos que solicitaban la reactivación de los contratos que fueron instantáneamente cancelados, argumentado que ese era un asunto separado de la congelación del presupuesto y que el manejo de los contratos federales le corresponde al Gobierno.

Ante las polémicas, el gobierno de Trump ha asegurado que algunos de los programas de Usaid que salvan vidas seguían en funcionamiento, pero diferentes empleados de la agencia aseguraron en reiteradas oportunidades que todos los contratos habían sido puestos en pausa y que dejaron de recibir el total del presupuesto hasta hace poco, bajo órdenes del departamento que dirige Musk.

El abrupto desmantelamiento de Usaid, que incluye los recortes presupuestales y la cancelación de contratos laborales alrededor del mundo, dejaron a miles de empleados y contratistas, junto con sus familias, a la espera de que se les pague los atrasos y los gastos del viaje para poder regresar a Estados Unidos.

Ante la situación, el Gobierno anunció el pasado lunes, mediante correos, que estas personas tienen hasta el 6 de abril para volver al país norteamericano a expensas del Gobierno. Los empleados afectados han señalado que el plazo les da poco tiempo para organizar su vuelta a Estados Unidos, ya que han pasado muchos años fuera.