OEA presenta informe sobre proceso de paz en Colombia y pide que “los grupos armados pongan fin a la violencia contra las comunidades” en el Catatumbo

En un nuevo periodo de sesiones llevados a cabo en Washington, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó el Informe Periódico 37 ante el Consejo Permanente de la organización sobre las labores de monitoreo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que fueron realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2024.

Esta investigación documentada, visibiliza los logros que se alcanzaron en las iniciativas de los procesos de paz durante ese periodo de tiempo, como también los acuerdos de implementación inmediata en las mesas de diálogo de paz que se lograron, con el fin de alcanzar iniciativas de paz con grupos al margen de la ley.

Su resultado da cuenta de la continuidad y el surgimiento de varios escenarios de disputa territorial entre grupos armados al margen de la ley, inclusive, la fragmentación de estructuras y recrudecimiento del conflicto que afecta “directamente la vida, libertad, integridad, seguridad y bienes de la población civil”.

Según la OEA, se mantuvieron las actividades de los grupos armados, incluyendo el reclutamiento forzado, el uso y abuso de menores, así como la violencia sexual contra ellos. También continuaron contaminando los territorios con artefactos explosivos improvisados, dificultando el desarrollo de las labores institucionales.

Asimismo, impusieron limitaciones a las comunidades, afectando la convivencia ciudadana, la libertad de movimiento y el ejercicio independiente de los derechos políticos, con especial impacto en las autoridades civiles, los líderes comunitarios y las organizaciones sociales y étnicas.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, fue enfático durante la presentación del informe en asegurar que “desde el 16 de enero la población ha sido víctima de homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, presencia armada y uniformada de grupos ilegales en zonas rurales y urbanas, entre otras afectaciones”, refiriéndose a la crisis humanitaria en el Catatumbo.

Menéndez también pidió una acción inmediata entre las partes para detener la violencia en esta zona del país: “Desde la Secretaría General de la OEA se considera impostergable que los grupos armados pongan fin inmediatamente a la violencia contra las comunidades y demuestren su compromiso con la paz mediante acciones concretas”, y agregó: “La MAPP/OEA ha expresado públicamente su rechazo a estos hechos y se ha unido al llamado colectivo por el cese de la violencia y el respeto a la población civil”.

Si bien la OEA se expresó en contra de la violencia que continúa siendo perpetrada por grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las Farc, el acuerdo del mandato había sido ya renovado hasta el 24 de enero del 2027, lo que permite a la Misión continuar con el apoyo a las políticas de paz en el país y “reafirmar su compromiso con las instituciones y comunidades en los territorios más afectados por el conflicto armado, tal y como lo viene haciendo ininterrumpidamente desde hace más de 20 años”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia estima que la huida de más de 38.600 personas de la violencia por la arremetida de la guerrilla ELN es el mayor desplazamiento masivo que vive el país desde 1997, cuando empezó el registro.

La entidad que vela por la protección de los derechos humanos “advierte que el desplazamiento masivo causado en El Catatumbo (en la frontera con Venezuela) en los últimos días, puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo ‘evento’ desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997)”, indicó en la red X la defensora Iris Marín.