Esta es la historia del pacto de Iván Márquez con Maduro: formación de “grupos de choque” a cambio de armamento

En medio de la incertidumbre que vivió Venezuela de cara al 10 de enero, día de la posesión presidencial en el vecino país, en el que la oposición pretendía lograr que el presidente electo Edmundo González juramentara como nuevo mandatario en la sede de la Asamblea Nacional, Estados Unidos aumentó la presión contra el régimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la posesión ilegal de Nicolás Maduro y aumentó la recompensa, para quien suministre información sobre su paradero, a 25 millones de dólares, misma cifra con la que buscaban encontrar a Osama bin Laden.

Este aumento monetario para quien permita dar con la captura del dictador venezolano vino acompañado de otras sanciones que incluían la cancelación y restricción de visados para 2.000 allegados al régimen, el anuncio de una recompensa por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y algunas sanciones para directivos de Conviasa y Petróleos de Venezuela.

Sin embargo, este hecho hizo que se desempolvara la acusación que maneja la Fiscalía General de Estados Unidos y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre los delitos que habría cometido Nicolás Maduro como narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos, información que dio a conocer la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el texto en el que se especifica el detalle de la denuncia y la razón por la cual Nicolás Maduro estaría siendo solicitado por las autoridades norteamericanas lo vinculan directamente con el Cartel de los Soles, a su vez, el objetivo del sistema judicial norteamericano “se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a quienes están en los niveles más altos del gobierno”.

El vínculo entre Maduro y las Farc está explicado en el texto que recoge las investigaciones que desde hace varios años la justicia norteamericana viene recopilando a través de testigos e indagaciones propias dentro y fuera del país.

“Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las Farc durante los últimos 20 años”, dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman, en el año 2020, cuando la suma por la recompensa que daría Estados Unidos llegaba a 15 millones de dólares, hoy subió a 25.

El detalle de su relación con las Farc va más allá de las veces en las que el dictador venezolano defendió a sus miembros o los invitó a Caracas, la fiscalía del distrito los vinculó estrechamente con negocios ilícitos.

“En su papel como líder del Cartel de los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc; ordenó que el Cartel de los Soles proporcionara armas de uso militar a las Farc; coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala, y solicitó asistencia a los líderes de las Farc para entrenar a un grupo de milicianos no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de los Soles”, dice el texto.

No se trata de una especulación, la ardua investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami.

A partir de 1999, aproximadamente, mientras las Farc pretendían negociar la paz con el Gobierno colombiano, los líderes de las Farc acordaron con los líderes del Cartel de los Soles trasladar algunas de las operaciones de las Farc a Venezuela bajo la protección del Cartel, dice el indictment.

“A partir de entonces, las Farc y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras”, reza la acusación norteamericana contra Maduro y sus aliados.

Desde la costa venezolana, los envíos marítimos eran trasladados hacia el norte empleando una variedad de medios, como lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores. Por otro lado, los envíos aéreos solían partir desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente construidas con tierra o cubiertas de pasto, localizadas principalmente en el estado de Apure.

Según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2010 se registraron aproximadamente 75 vuelos no autorizados que, al parecer, estaban vinculados a actividades de narcotráfico. Estas aeronaves ingresaron al espacio aéreo hondureño, utilizando la conocida “ruta del puente aéreo” de la cocaína que conecta Venezuela con Honduras.