Mundo
Ecuador anuncia dura reducción del Estado. Eliminó siete ministerios y despidió a más de 5.000 funcionarios
La medida fue respaldada por el presidente Daniel Noboa, que busca la reducción de gastos estatales.
El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador anunció este jueves la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios públicos, así como la reducción de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías, como parte de un plan de reorganización estatal que, según el Ejecutivo, busca mejorar la eficiencia del aparato público y ofrecer servicios de mayor calidad a la ciudadanía.
La medida ha generado inquietudes por la falta de claridad sobre los criterios técnicos utilizados, la ausencia de socialización previa y la posible afectación a la atención al público.
La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue la encargada de comunicar el anuncio, en el que aseguró que esta reforma responde a una estrategia de transformación institucional que contempla tres pilares: evaluaciones permanentes al desempeño de los servidores públicos, fomento de oportunidades para jóvenes, y una reestructuración del Ejecutivo nacional.
“El objetivo no es ahorrar, sino ser eficientes. No se puede tolerar que en el nuevo Ecuador existan hombres y mujeres que, cuando uno se acerca a un servicio público, le contesten ‘no hay sistema’ y no le den una solución”, afirmó Jaramillo, justificando así los despidos masivos.
Lo más leído
La portavoz aseguró también que los servidores cesados “obstruían” el funcionamiento del Estado, aunque no detalló cuáles fueron los parámetros usados para esa determinación ni por qué el proceso no fue anunciado con anticipación.
Durante la rueda de prensa, Jaramillo enfatizó que esta ola de despidos no está relacionada con las evaluaciones contempladas en la Ley de Integridad Pública ni con la resolución del Ministerio del Trabajo emitida el 24 de julio de 2025, que establece condiciones legales para suprimir cargos públicos bajo criterios técnicos, económicos o funcionales. Sin embargo, confirmó que “existen informes individuales” sobre los funcionarios desvinculados, sin aclarar si se siguió un procedimiento estandarizado o discrecional.
La resolución ministerial mencionada exige que las Unidades de Administración del Talento Humano presenten informes justificados sobre cada caso de supresión de cargos en un plazo de 30 días. A pesar de ello, el gobierno no explicó por qué los despidos se ejecutaron antes de que se cumpliera ese plazo, ni presentó públicamente los informes en cuestión.
Tampoco se ofrecieron cifras concretas sobre el costo de las indemnizaciones ni se especificó de qué rubros presupuestales saldrá el dinero para cubrir los pagos a los funcionarios despedidos. Jaramillo se limitó a decir que existe “financiamiento previsto”, y descartó que esta decisión obedezca a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no mencionó si hubo recomendaciones técnicas de otros organismos multilaterales.
Una de las principales dudas tras el anuncio es cómo garantizará el Ejecutivo que la reducción del tamaño del Estado no afectará la calidad de los servicios públicos, especialmente en regiones alejadas o en áreas de atención directa. La vocera reiteró que no se verán afectados policías, militares, médicos, enfermeros ni maestros, sectores considerados prioritarios, pero no explicó qué otras áreas sufrirán recortes operativos ni si se prevé contratar nuevo personal en reemplazo.
